El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este domingo un «golpe de estado en proceso» luego de que el Ministerio Público (MP) allanara la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE) del país para incautar las actas de la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que lo dieron como ganador, y por ese motivo regresó anticipadamente de un viaje al exterior.
«Aquí estamos regresando, tuvimos que alterar el viaje dada la situación que se ha dado con este asalto descarado por parte del Ministerio Público, realmente un golpe de estado en proceso», dijo Arévalo en un video que publicó en la red social Twitter.
El mandatario electo asistió a la reunión del Grupo de Puebla en México y si bien tenía previsto volar a Estados Unidos, interrumpió el itinerario para regresar a Guatemala tras el allanamiento y el decomiso de las actas electorales que impulsó ayer el MP, según confirmó Télam con asesores de Arévalo.
El objetivo de los fiscales es, según su argumentación, investigar denuncias de irregularidades en los comicios de junio. En una escena caótica, policías y representantes de la fiscalía forcejearon con magistrados del TSE mientras confiscaban cajas que contenían actas de votación.
Según el magistrado Gabriel Aguilera, las actas de votación incautadas correspondían a la primera vuelta electoral, que sorpresivamente encaminó a Arévalo al balotaje en agosto. Esta no es la primera vez que Arévalo denuncia operaciones en su contra desde la fiscalía destinadas a impedir su asunción para sustituir al conservador Alejandro Giammattei.
Arévalo y su partido Movimiento Semilla consiguieron unos resultados sorprendentes -en comparación con lo que auguraban los sondeos- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio. Su victoria fue vista como un castigo a 12 años de gobiernos de derecha con múltiples denuncias de corrupción.
Desde la victoria de Arévalo, el MP guatemalteco tomó numerosas acciones para inhabilitar los resultados e ilegalizar a dicha fuerza. A su vez, trató de complicar su asunción, prevista para el 14 de enero.
Entre las organizaciones que se pronunciaron en contra está la Conferencia Episcopal de Guatemala, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) o los 48 Cantones de Totonicapán, cantones comunales indígenas. Las asociaciones indígenas reiteraron la petición para que dimitan los máximos responsables de la Fiscalía, María Consuelo Porras, Rafael Curruchiche Cucul y Fredy Orellana, y anunciaron la convocatoria de un «paro nacional indefinido» al que invitan a sumarse «a todos los ciudadanos y organizaciones del país».
Por su parte, Estados Unidos y la ONU condenaron también el asedio judicial al tribunal electoral de Guatemala. «Estados Unidos está gravemente preocupado» tras un nuevo allanamiento de la sede del TSE, señaló en un comunicado el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. Se trata de una «acción antidemocrática (que) socava las instituciones democráticas de Guatemala», dijo, y agregó: «El pueblo guatemalteco ha hablado. Su voz debe ser respetada».
Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó en Ginebra su preocupación por la nueva arremetida, que junto a las anteriores «parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el estado de derecho». Türk instó a las autoridades guatemaltecas a «abstenerse» de cualquier nuevo intento «de desafiar la voluntad del voto popular».
La Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunciaron el sábado en contra del nuevo allanamiento. El Gobierno español comunicó hoy su rechazo al operativo de ayer en el TSE.
