La situación bélica en Colombia se mantiene en formas diversas, no solo porque desde la firma del histórico acuerdo con las FARC en 2016 continuaron las matanzas contra líderes sociales y campesinos, sino porque el Estado colombiano no ha desmantelado una estructura militar sobredimensionada que se lleva gran parte de los recursos nacionales, así como las estrategias de gestión. Según el Instituto Internacional para la Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI, en inglés), y el sitio español El Orden Mundial, especializado en estos temas, Colombia es el segundo país de América en destinar mayores recursos al denominado “gasto militar”, medido en relación al Producto Bruto Interno (PBI), solo superado por Estados Unidos, nación con una pronunciada actividad bélica. Con un gasto de 9714 millones de dólares, el 3,1% del PBI, el costo colombiano en materia de defensa equipara a los EE UU (no en el monto, que en el caso estadounidense es ampliamente superior: U$S 610 mil millones). Con un gasto de referencia entre 2,5 y 5% del PIB, ambos países encabezan la lista, seguidos por Ecuador, y más abajo Chile, Uruguay y Bolivia (de 1,5 a 2,5%); Perú, Brasil, Paraguay, Canadá, Cuba y Bélice (1 a 1,5%) y finalmente Venezuela, México y Argentina, con menos del 1%, aunque este último incrementó el gasto en un 15% al igual que Brasil, en un 6,3 por ciento.
Las cifras están tomadas del informe anual de 2018 del SIPRI, cuyas mediciones llegan a 2017, cuando en Colombia todavía era presidente Juan Manuel Santos, quien afirmó al finalizar su mandato –no sin recibir cuestionamientos- que dejaba al país “sin guerra”. Pero la responsabilidad de poner foco en lo militar no es privativa del expresidente. En el presupuesto 2019 que el Congreso aprobó para la actual gestión de Iván Duque se elevó el monto destinado a defensa a 11.200 millones de dólares. Se mantiene la tendencia histórica de los gobiernos de derecha que administraron el país, en el sentido de priorizar los recursos militares frente a otros intereses. Según El Orden Mundial representa el 11% del gasto público y es el porcentaje más elevado de América. La fogoneada hipótesis de conflicto cada vez más candente con Venezuela parece abrir la puerta a esta política militarista, en sintonía con los Estados Unidos.
Pero la tendencia alcista no alcanza solo a estos países. El embajador Jan Eliasson, presidente de la Junta Directiva de SIPRI, afirma que es “preocupante” el incremento mundial del gasto militar. “Después de 13 años consecutivos de incrementos desde 1999 hasta 2011 y de un gasto relativamente constante entre 2012 y 2016, el gasto militar mundial total volvió a crecer en 2017, año en que representó un 2,2% del PBI global o 230 dólares por persona”, dice el informe 2018 de este instituto con base en Estocolmo, Suecia, dedicado al análisis de los conflictos bélicos en el mundo.
Respecto de Colombia, no pueden dejarse de lado la fallida implementación de los acuerdos de paz y la continuidad de los crímenes a manos de grupos neoinsurgentes y paramilitares, como se relató la semana pasada en esta sección. Más allá de la escasa o nula puesta en marcha de los emprendimientos que debían resolver la situación de campesinos y la reinserción de exguerrilleros en territorios desmilitarizados, las últimas decisiones del gobierno de Duque no han aportado en ese sentido, sino lo contrario. Con respecto a los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), el gobierno resolvió instrumentar un censo para evaluar la situación de cada exguerrillero, que tiene plazo de finalización recién en diciembre de 2019. Para las organizaciones vinculadas con el proceso de reinserción se trata de una “parálisis”.
Esta semana, además, el gobierno anunció nuevas reglas para portar armas de fuego por parte de civiles, lo que fue denunciado por opositores como una flexibilización de las normas que restringen al máximo esa práctica. Mediante un decreto, Duque renovó la suspensión por un año más de los permisos, pero otorga a las autoridades militares la potestad de brindar “excepciones”. Hace tiempo que Centro Democrático, el partido gobernante, venía pidiendo a Duque que flexibilizara las normas sobre esta materia. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró en cambio que en lugar de flexibilizar, se crean “condiciones objetivas para el otorgamiento de los permisos especiales».
El senador y líder de la oposición de izquierda, Gustavo Petro, tiene otra visión. «Con los permisos especiales para porte de armas entramos de nuevo a la seguridad vista como autodefensa. La extrema derecha no puede entender que portar armas es sinónimo de inseguridad y que la seguridad no se mide en número de muertos», criticó.
Por su parte, la senadora del Partido Verde Angélica Lozana señaló que el decreto de Duque «viene envenenado» y «abre la puerta a más muertes por más gente armada».
Colombia tiene una tasa de 23,07 homicidios por cada 100 mil habitantes, la mayoría cometidos con arma de fuego, según estadística oficial. Los observadores prevén que el balance de 2018 arroje un alza con respecto a la de 2017, cuando hubo 11.373 casos. «
