Militares retirados de Colombia protagonizaron, en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un hecho inédito e histórico al confesar su responsabilidad en el asesinato de unos 120 jóvenes campesinos y desocupados que presentaron luego como guerrilleros muertos en combate, frente a familiares de las víctimas y en busca de penas alternativas a la cárcel.

La audiencia fue en Ocaña, en el departamento Norte de Santander, en la misma población en la que cometieron sus crímenes en la década del 2000, y representó uno de los encuentros más fuertes desde que se conocieron las primeras denuncias por «falsos positivos», como se llamó a estos casos.

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Probablemente se haya tratado de una de las únicas oportunidades en que los acusados admitan crímenes de guerra y de lesa humanidad ante un tribunal.

Unos 50 familiares de esos 120 jóvenes habían entrado en fila a un teatro universitario de esta población con fotografías de sus parientes.

Se sentaron cara a cara frente a los victimarios de sus parientes y cinco jueces del tribunal surgido del histórico acuerdo de paz de 2016, que hasta mañana escuchará los relatos de un general, cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil que colaboró en los crímenes.

«Asesinamos (a) personas inocentes, campesinos» y mi compromiso es «aclararlo acá ante la opinión, ante el mundo, ante el país. Yo reconozco y acepto mi responsabilidad a título de coautor», señaló el cabo Néstor Gutiérrez y pidió perdón.

Gutiérrez detalló cómo llegó a un burdel y elaboró una lista de personas, con «la presión de que había que dar resultados, buscar los resultados como fueran». Dijo además que había alianzas con grupos paramilitares para conseguir armas.

El excabo contó que junto a la administradora de un bar elaboró una lista de 14 personas: «Empezamos a ejecutar a los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no medía las consecuencias del daño que estaba haciendo».

«Le arrebaté la ilusión a sus hijos, le desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno. No es justo y todos los días oro y le pido perdón a Dios por el daño que le causamos a esta región», afirmó.

El excapitán Daladier Rivera Jácome, en tanto, le pidió a Villamir Rodríguez, una víctima sobreviviente que entregó su testimonio, que se parara y le pidió perdón por haberlo detenido y, después, fabricar falsas pruebas.

Los «falsos positivos», provocados por los militares para ganar francos, ascensos, condecoraciones y otros premios, constituyen el mayor escándalo de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Los antiguos militares y otros victimarios del prolongado conflicto colombiano responden ante la JEP por sus crímenes como parte del acuerdo de paz que desarmó a las FARC, y que establece que quienes confiesen sus delitos y reparen a las víctimas pueden evitar la cárcel y recibir penas alternativas.

En medio del llanto de las víctimas, los acusados dieron nombres y detalles sobre la manera en la que asesinaron a sus allegados, la mayoría hombres entre 25 y 35 años.

El general Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30 con presencia en la frontera, fue el uniformado de mayor rango en la histórica audiencia de dos días.

La JEP determinó que Ocaña fue escenario de una práctica atroz ideada en un cuartel ubicado en la entrada del pueblo, de unos 100.000 habitantes, y motivada por una «política institucional del ejército de conteo de cuerpos» para inflar sus logros en la lucha contra la guerrilla y otros grupos armados.

«El ejército nos estaba engañando, nos mataron a nuestros compañeros», «hermanos», «hijos», alegó Sandra Barbosa, hermana de Javier Peñuela, a quien quisieron hacer pasar como guerrillero del ELN.

El tribunal de paz identificó dos modalidades de «falsos positivos»: una consistió en llevar jóvenes engañados a poblaciones alejadas de sus hogares para luego matarlos, y otra retener a la fuerza a campesinos en Ocaña y otros municipios de la región del Catatumbo, la de mayor narcocultivos del mundo.

De acuerdo al tribunal, más de 6.400 civiles fueron ejecutados entre 2002 y 2008, de los cuales 402 fallecieron en esta zona fronteriza.

El tribunal de paz juzga los peores crímenes del conflicto de medio siglo que dejó más de nueve millones de víctimas entre muertos, mutilados, secuestrados y desaparecidos.

Los magistrados de la JEP determinarán las penas de los exmilitares, luego de analizar sus testimonios y contrastarlos con sus investigaciones.

Las víctimas tendrán 15 días para manifestarse sobre las actuales audiencias y luego se conocerán las sentencias, informó la justicia de paz.

Gran parte de los ‘falsos positivos’ ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), quien sostiene que se trató de actos aislados.

En sus relatos, los militares se dijeron presionados para mostrar resultados ante el gobierno.

«Ningún momento nos había acercado tanto a la verdad y a la posibilidad de impartir justicia como esta audiencia de reconocimiento», remarcó el titular de la JEP, Eduardo Cifuentes.

Su par Catalina Díaz Gómez fue la encargada de explicar cómo se logró la imputación contra las personas que participaron en la audiencia de reconocimiento.

Antes de este encuentro, hubo 22 reuniones individuales entre comparecientes y víctimas en Ocaña y Soacha, y otros siete encuentros colectivos preparatorios y otras medidas para garantizar que el reconocimiento cumpla con la reparación a las víctimas.