Víctimas en Colombia de lo que se denominó «falsos positivos» (varias miles de ejecuciones extrajudiciales bajo acusaciones falsas) presentaron este jueves una querella contra el expresidente Álvaro Uribe ante la justicia argentina, amparadas en el principio de jurisdicción universal.
La denuncia, que quedó a cargo del Juzgado Federal 2 de Sebastián Ramos, fue presentada por tres organizaciones no gubernamentales (ONG) y 11 víctimas, informaron los propios organismos.
Los argumentos
“Esta acción constituye un paso histórico de las víctimas y organizaciones en la lucha contra la impunidad en Colombia”, señalaron los querellantes, y destacaron que esta será “una investigación contra Álvaro Uribe” que “abriría la puerta a que sea la primera vez que un presidente colombiano sea indagado por su presunta responsabilidad en crímenes internacionales”.
“Esto lo pone al nivel de otros exmandatarios de Latinoamérica y el mundo, donde se han propiciado, con la activación del principio de jurisdicción universal, mecanismos más adecuados para la rendición de cuentas; como es el caso de Augusto Pinochet (Chile), Efraín Ríos Montt (Guatemala) y Hissène Habré (Chad), añadió un comunicado de prensa.
Las querellantes buscan justicia para las 6.402 víctimas de estos graves hechos que ocurrieron, en su mayoría, durante el periodo presidencial de Uribe (2002-2010).
La denuncia fue presentada en el marco del principio de jurisdicción universal que faculta a los Estados a investigar, juzgar y sancionar a los autores de crímenes internacionales (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura y desapariciones forzadas) dondequiera que se hayan cometido e independientemente de la nacionalidad de los sospechosos o las víctimas.
En este caso, las querellantes han acudido a la justicia argentina porque es uno de los países que incorpora la jurisdicción universal, y cuenta con experiencia en esta clase de causas que involucran crímenes de Estado; investigando así las causas de Nicaragua, Myanmar, Venezuela y España.
«A pesar de que existen serios indicios de la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en estos hechos, la justicia colombiana (en este caso la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, competente para investigar a los mandatarios o exmandatarios) no ha adelantado una investigación seria, imparcial y efectiva que permita garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición», lamentaron.
«A pesar de sus esfuerzos y avances en la investigación y esclarecimiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no cuenta con la facultad de llamar a comparecer a mandatarios o exmandatarios, aún cuando en el marco del caso abierto para investigar los ‘falsos positivos’ se han escuchado versiones de un número importante de militares, algunos de los cuales han afirmado la existencia de una política para la presentación de resultados operacionales fraudulentos, y el presunto involucramiento del expresidente en estos hechos», agregaron.
En su argumentación, las querellantes señalaron que hubo conocimiento temprano de la práctica por el exmandatario, falta de adopción de medidas por su parte y, además, que desestimó y descalificó las denuncias presentadas.
«Incluso, que a pesar de que conocía que sus tropas estaban asesinando civiles, continuó presionándolas para la presentación de bajas, como principal indicador de éxito en su política de Seguridad Democrática», concluyeron.
Entro otras víctimas, firman la declaración María Camila Mendoza, hermana de Pablo Mendoza; Laura Vanessa Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña; Wilmer Andrey Pérez Betancourt, hijo de Beyer Eduardo Pérez y Bertina Badillo Erazo, tía de Didier Eduardo Durant Badillo.
Las tres organizaciones querellantes son el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar).
Como adherentes, se sumaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires y la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros.
