Ante la posibilidad concreta de que en marzo/abril de 2022 los uruguayos anulen por la vía de un referéndum la Ley de Urgente Consideración (LUC) –un mamotreto de 476 artículos con el que el presidente Luis Lacalle Pou intenta echar abajo la estructura democrática del país para imponer un nuevo orden–, el gobierno empieza a ver con preocupación a ese abajo que se mueve, como decía Mario Benedetti, para exaltar al pueblo en movimiento. Al rechazo que provoca una norma que regimenta la vida ciudadana y reduce todo a meros problemas de seguridad, se agrega que son justamente los encargados de la seguridad los que llevan la inseguridad a todas partes. Solo en octubre, los máximos jerarcas policiales de cuatro departamentos (provincias) debieron renunciar por distintos episodios delictivos.
Lacalle anticipó que la defensa de la LUC con miras al referéndum estará dirigida a destacar “los logros alcanzados en materia de seguridad”. Así lo dice el ministro del Interior, Alberto Heber, una de las caras visibles de la campaña proselitista, un hombre que cada vez que cierra la defensa de las barrabasadas de sus subordinados termina con un lema que ha convertido en marca registrada: “Ha sido de los jefes con mejores resultados en el combate al delito”. Narcotráfico, contrabando, abigeato, faena clandestina, extorsión, tráfico de armas, cohecho y abuso funcional son parte del tour delictivo que lleva a los altos jefes a transitar el espectro punible del Código Penal.
Hace 18 meses Lacalle y sus cinco socios de la alianza neoliberal con la que se pegotearon para derrotar al Frente Amplio impusieron su mayoría en el Congreso al votar la LUC, una especie de acta de defunción del Estado democrático con la que se borró y empezó de nuevo en materia de relaciones laborales –derecho de huelga incluido–, represión, proceso penal, gobierno de la educación, tarifas, empresas públicas, alquileres, gasto público y tantos etcéteras como haya en la imaginación. Después de reunir las 800 mil firmas requeridas para plebiscitar la norma, una hazaña dadas las restricciones impuestas por la pandemia, se entró de lleno en la campaña por el voto.
Abriendo el paraguas ante un inicio de campaña que pinta sucia, la Agence France Press –la más antigua del mundo y una de las más prestigiosas– empezó a chequear con especial cuidado las afirmaciones más impactantes de los actores de un debate que el gobierno se niega a llevar a la TV. Según la revista uruguaya Caras y Caretas, se constató que “el gobierno le teme al referéndum”, que le miente a la población y lo hace especialmente en el tema seguridad, su caballito de batalla.
La agencia chequeó una frase del director del área del Ministerio del Interior, Santiago González, quien mintió cuando dijo que si se anula la LUC los presos que se fuguen de una cárcel no tendrán ninguna sanción adicional. La afirmación es falsa, dijo la agencia, porque omite que la legislación dictada en tiempos del FA ya establecía esas penas. Y así muchas más que, en general, no llegan a conocimiento público gracias al blindaje de los grandes medios, que se deben más a Lacalle y la pauta publicitaria oficial que a sus lectores. Lo grave es que el gobierno pretende convertir en hechos positivos derivados de la LUC lo que en realidad son aspectos negativos de su política de seguridad.
Entre aquellos “excelentes logros” en materia de seguridad, el gobierno repite que desde que asumió (marzo de 2020) se han registrado menos delitos callejeros. Parece obvio que en tiempos de pandemia, limitación de reuniones y ausencia de transeúntes, haya menos rapiñas y robos de automóviles. Pero también reivindica que la persecución del delito llevó al crecimiento del número de presos, que de un índice de saturación del sistema de 121,1 en 2020 pasó a ser de 136 en octubre pasado, aunque crezcan homicidios, suicidios, “accidentes” y episodios de “violencia institucional” en las cárceles.
Las muertes bajo custodia (por causas naturales) se dispararon de 19 en todo 2020 a 70 a octubre pasado. En general, estas siete muertes por mes ocurrieron por omisión de asistencia. En este marco, sorprende el crecimiento exponencial del número de mujeres presas. En el último año la población carcelaria masculina aumentó el 8,2%, mientras la femenina saltó un 19,9%.
En esto, otra vez hay que mirar hacia la LUC. El oficialista semanario Búsqueda consultó a varios especialistas que coincidieron en citar como causal el aumento de las penas por delitos menores vinculados al micro tráfico de drogas, en el que las principales implicadas son mujeres (las llamadas “mulas”, que transportan las dosis entre las bocas de distribución y el lugar de entrega). Más allá del resultado del referéndum, hay legisladores oficialistas que votaron la LUC, que están revisando su yerro y promoverán la derogación de las normas represivas. Eso también asusta al gobierno.
