Ernesto Talvi (Partido Colorado) se negó a definir al gobierno venezolano de Nicolás Maduro como dictadura, el modo que le exigía el presidente Luis Lacalle Pou (Blanco) y renunció a su cargo de Canciller sólo seis meses luego de asumir el gobierno de la coalición de cinco partidos de derecha y ultraderecha. Lo sucedió Francisco Carlos Bustillo Bonasso, ex embajador en la Argentina (2005/10) y en España (2012/20), cercano a Luis Almagro y al ex mandatario Luis Lacalle Herrera (1990-95). Qué paradoja: Bustillo no pudo acompañar a su presidente en una gira por EE UU, donde participaría de la reunión de Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas y tendría un encuentro con Joe Biden. Lacalle Pou, ya en Wáshington, recibió un llamado: el escándalo tan temido había estallado. Visitó la Casa Blanca sin su canciller, que horas antes renunciaba en Montevideo.

Bustillo acabó su gestión sin firmar ni un solo acuerdo de libre comercio. No por eso salió eyectado. Ni por los contratos bajo sospechada en Salto Grande, ni por la abstención oriental en la ONU por el conflicto de Medio Oriente. Sí por el escándalo del pasaporte que Uruguay le concedió en 2021 al narcotraficante Sebastián Marset (ver recuadro).

Su entonces vicecanciller, Carolina Ache (Colorado) otorgó ese pasaporte por influencias que involucran a jerarquías de Cancillería, Interior y Presidencia, tras una tramitación del abogado Alejandro Balbi, “de acuerdo a la normativa vigente”, aun cuando hubo alertas sobra la condición de “narcotraficante peligroso” de Marset, por caso, dos alarmas de la excónsul en Emiratos Árabes, Fiorella Prado. Una versión señala una razón de peso: u$s 10 millones.

Pocos después, investigaciones de Búsqueda y La Diaria, ambos de Montevideo, destaparon la olla. Tomó intervención el Parlamento y la Justicia. Involucraron a Cancillería y a la cúpula de Interior, Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel, como así al asesor presidencial de comunicación, Roberto Lafluf.

La Torre Ejecutiva es la sede del gobierno uruguayo. Allí tiene su despacho el presidente y también, Lafluf, en el piso 11°. Versión oriental de Durán Barba, director de la agencia Avisa, es asesor del mandamás de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Y artífice de la imagen de Lacalle Pou desde hace más de una década, con papel protagónico en campaña y durante el gobierno. En su búnker «por orden del presidente», se concentraron las reuniones. El poderoso asesor dirigía la estrategia: por ejemplo,  ordenó borrar información de los teléfonos y hasta destruyó documentación clave. Aunque Ache había hecho copias de algunas hojitas.

Arrinconada por la Justicia y las presiones de sus colegas, Ache renunció el 19 de diciembre del 2022. Un mes antes, debía comparecer ante el fiscal: su jefe, Bustillo, la llamó por celular. Parte del diálogo:

Ache: -Ya tengo todo preparado para mañana para presentar.

Bustillo: -Aguantá a ver si podemos enderezar esto porque es un desastre. Dejame que hable con Carlos Mata (director de Jurídica) a ver si él tiene influencia sobre la tipa. Que por lo menos no guarangée con las preguntas. Que mande un tercer mail y que no sea tan incisivo. Que nos dé una salida para evitar dar los whats-app.

-Creo que no hay manera de sacar esos whatsapp.

-Busquemos la vuelta para que no tengas que mandar eso. Ahí te dejan repegada al cuete(…) Mata habló dos veces, tá… que hable una tercera, y con una salida, no sé.

-Me los va a pedir la fiscalía.

-Ta’bien, pero es otro cantar. Hay que ir ganando tiempo e ir llevándola. Si te manda al frente Maciel, vos perdé el celular…

El Canciller sugería «perder el celular». Ese audio tomó estado público el último miércoles: Ache fue indagada por el fiscal Alejandro Machado que investiga posibles delitos de cohecho, abuso de funciones y destrucción de documentos. Ella ratificó versiones que en el mismo juzgado dieron Maciel y Heber. Por eso no había viajado Bustillo a EE UU. Su renuncia fue tan inevitable como ruidosa. Aunque luego se supo que, pese a su dimisión, mantendría su cargo de funcionario diplomático, al que accedió por concurso en 1986.

Los amigos del presidente

Aunque el Frente Amplio e incluso parte de sus aliados le exigían que regresase de inmediato para sofocar la tormenta política, Lacalle Pou llegó a Montevideo ayer a la tarde. En la residencia presidencial de Suérez y Reyes lo aguardaban la vice Beatriz Argimón y los principales referentes de la coalición: Pablo Iturralde (Partido Nacional), Julio María Sanguinetti (Colorado), Pablo Mieres (Independiente). y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto). El ex militar y senador de la ultra derecha, no fue muy sutil: declaró que Lafluf «no pudo haber actuado por cuenta propia» y que Lacalle estaba al tanto.

Horas después, el presidente «aceptó» las renuncias de Heber, Maciel y Lafluf… ¿Demasiado tarde?

Justamente, a pesar de los esfuerzos de Lafluf la imagen de su gobierno se derrumba con un escándalo tras otro. La cuestión de los pasaportes no es nueva. Un excustodio suyo desde antes de que fuera presidente, Alejandro Astesiano, hace 14 meses está preso por liderar una banda que gestionó cédulas y pasaportes para decenas de ciudadanos rusos, presumiblemente vinculados con el lavado de dinero, que abrían cuentas, gestionaban créditos, compraban y vendían propiedades y luego se iban del Uruguay.

Hace menos de un mes, fue dictada la prisión preventiva por la autoría de múltiples delitos sexuales para el senador Gustavo Penadés. Ya había sido expulsado de su banca al conocerse más de dos docenas de denuncias: explotación sexual de menores, abuso agravado, violación, corrupción de menores y atentado violento al pudor. Penadés, exprofesor de historia del Liceo Militar Mauvezin (donde pergeñaba los encuentros sexuales) hasta el escándalo fue un dirigente clave del partido Nacional, el del presidente y de su padre, muy allegado a ambos.

Se verá hasta donde queda manchado Lacalle Pou. Y cómo llega su gobierno a las presidenciales previstas para el domingo 27 de octubre de 2024.  

Productor, futbolista y un narco muy peligroso

Sebastián Enrique Marset Cabrera nació hace 32 años en Uruguay, pero se hace pasar por el brasileño Luis Paulo Amorin Santos. O por el boliviano Gabriel de Souze Beumer. Fue productor de espectáculos, agropecuario, futbolista (jugó en los clubes paraguayos Deportio Capiatá, Rubio Nú y River), contratista, dueño de un taller. Fue procesado por primera vez en 2013 en su país por ser parte de un entramado de narcotráfico. Es señalado como el autor intelectual de los asesinatos del empresario Mauricio Schwartzmann en setiembre de 2021 y del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, cuando estaba de vacaciones en Colombia con su esposa embarazada.

 Cuando tenía 21 años aterrizó con una avioneta, con 450 kilos de marihuana, en un campo del Uruguay con Juan Domingo Viveros Cartes, tío de ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes, a su vez amigo de Mauricio Macri. La DEA estableció esos contactos). Luego lo relacionó con la Operación Wayra (2012) y el Operativo Halcón (2013). Se lo considera fundador del Primer Cartel Uruguayo (PCU), una derivación del Primer Comando de la Capital, de Brasil.

Masset cayó preso en Dubai en setiembre de 2021, donde entró con documento paraguayo falso. Entonces Uruguay le facilitó un pasaporte que aprobó la cancillería oriental con llamativa presteza. El gobierno dice que en los papeles no había nada que impidiera dárselo. De Dubai se fue a una mansión de un barrio lujoso de Santa Cruz de la Sierra, donde tenía su centro de operaciones. Y de allí se escapó 48 horas antes de que lo pescara la DEA: es buscado en Paraguay y en Bolivia por la operación antinarco Operación A Ultranza PY.

Marcet está prófugo con su pareja Gianina García Troche, también uruguaya, y sus hijos.