Llegamos a Colombia el martes 25 de mayo en la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos y sabíamos que estaríamos allí hasta el 3 de junio, quizás lo que yo desconocía, era que íbamos a presenciar en una democracia, escenas tan parecidas a las del terrorismo de estado del 76 en Argentina.

El 28 de abril, el llamado a un Paro Nacional por una reforma tributaria y de salud de corte neoliberal, impulsada por el gobierno de Iván Duque, fue la gota que rebalso el vaso para que jóvenes de las barriadas populares, campesinxs, sindicatos, mujeres y estudiantes salieran a las calles de todo el país y se manifestaran contra el agobio que desde hace décadas padecen. 

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Cuando empezamos a recorrer Colombia entendí que, no por casualidad, son “los pelados y peladas”, muchas veces utilizadxs como mano de obra barata por el negocio de los narcos y los paramilitares, quienes están en la primera línea de las protestas. La falta de trabajo, los obstáculos para continuar los estudios y la precarización de las condiciones de vida, explican la masiva participación de las juventudes de las barriadas populares en las movilizaciones de todas las regiones del país, pese a los golpes, pese a las balas, pese al dolor, ellxs se hacen carne de la consigna: “nos han quitado tanto, que hasta nos quitaron el miedo”. Sin embargo, su representación en las negociaciones, a través del Comité del Paro, no termina de visualizarse.

Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina y es también un país con niveles inéditos de violencia política, aun cuando la guerrilla armada salió del escenario de conflicto. Desde el Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno en 2016, fueron asesinados 272 de sus firmantes. A su vez, ya se cuentan de a miles los asesinatos de líderes y lideresas sociales (defensores de derechos humanos, referentes de las comunidades campesinas, hombres y mujeres de la cultura, activistas estudiantiles, ambientales o del colectivo LGTBIQ+), que no están vinculadxs con el conflicto armado, pese a que se utilice ese argumento como pretexto, tal como nos relataron sobre los campesinos a los que asesinan y tiran en el monte, con un fusil sobre sus cuerpos, para hacerlos pasar como guerrilleros, lo que en Colombia llaman “falsos positivos”.

Los integrantes de la misión nos dividimos en equipos para observar y recoger testimonios de todas las regiones del país, mi base de trabajo fue Pereira, ciudad cuna del paramilitarismo en el departamento de Risaralda. El 28 de mayo, al cumplirse un mes del paro, estaba en la plaza, compartiendo un ambiente festivo, donde la mayoría eran jóvenes de entre 16 y 22 años, y recuerdo la indignación que sentí al ver cómo marcaron a un pibe y a los pocos minutos comenzó una represión feroz iniciada por el ESMAD y civiles infiltrados.

Nuestro trabajo se basó en recoger testimonios de asambleístas de la primera línea, colectivos feministas, organismos de DDHH, abogados, familiares y víctimas.  Cuando escuchaba los relatos en primera persona se me helaba la sangre al conocer sobre el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado en las desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violencia sexual, persecuciones y sobre el ejercicio de implementar terror en el pueblo colombiano. Durante la misión tuve la oportunidad de estar con la gente en los barrios populares, y me sorprendió las similitudes con los barrios de nuestro país: cómo se organizan con las ollas, con las postas de salud, con la ayuda a los sin techo, siendo las mujeres y los jóvenes, lxs protagonistas que siempre están al frente. La solidaridad es la ternura de los pueblos, por eso, tanto aquí como allí, defendemos el Estado de derecho y decimos: Neoliberalismo Nunca Más.

Para acceder al Informe Completo Preliminar: https://bit.ly/3vWi0zg