Seis meses de inteligencia previa le llevó a la Guardia Nacional mexicana, con apoyo del Ejército y la Marina, encontrar el momento justo para detener a Ovidio «El Ratón» Guzmán López, hijo del capo del trágicamente célebre cártel de Sinaloa, «El Chapo» Guzmán, hoy preso en los Estados Unidos. La detención de Ovidio, producida el jueves en Culiacán, en un teatro de operaciones digno de Hollywood, tanto por el despliegue armado como por la batalla que desató por intentar su liberación y que causó por lo menos 29 muertos y decenas de heridos, descabeza a «Los Menores», fracción de una de las bandas del crimen organizado más temibles de la región.
Un clima de extrema tensión mantiene en vilo a toda la sociedad mexicana, castigada por décadas de violencia criminal, y en particular a los 800.000 habitantes de esta ciudad del noroeste en la que permanecen 4500 efectivos luego de las batallas cruentas que se libraron en las calles, en un operativo que contó con helicópteros, blindados e infantería.
Apenas conocida la detención, miembros del cártel comenzaron a movilizarse armados en camionetas con blindajes artesanales «propios de las bandas». Sólo bastó un intento de requisa para que se desatara un serie interminable de tiroteos que llegaron a repicar en el aeropuerto internacional de Culiacán, con piquetes en los accesos y un virtual estado de sitio en la ciudad.
Todo a sólo horas de que se produzca la visita oficial del presidente vecino, Joe Biden, prevista para hoy. La Justicia de los Estados Unidos también reclama enjuiciar a Ovidio y pidió una extradición inmediata que fue denegada el viernes por un juez en México.
Luego del terror, el control oficial, y varios operativos de distracción, se logró ver una imagen de Guzmán, de 32 años, con un chaleco anaranjado y barba poco antes de subir a un helicóptero para ser trasladado desde una sede de la fiscalía en Ciudad de México a la prisión de alta seguridad El Altiplano, la misma de donde su padre se fugó en 2015, para ser recapturado un año después y condenado a perpetua en Estados Unidos.
El Gobierno mexicano acusa al líder de «Los chapitos», como también se conoce a los herederos de «El Chapo», de cometer delitos contra la salud y relacionados con armas de fuego. También hay indagatorias vinculadas a la delincuencia organizada.
La operación para detenerlo dejó diez militares, entre ellos un coronel que comandaba un batallón de infantería, y 19 presuntos delincuentes muertos. Otros 35 militares resultaron heridos de bala y 21 pistoleros fueron arrestados. No había sido la primera. El 17 de octubre de 2019, fuerzas especiales lograron detener a Guzmán en Culiacán, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden de liberarlo en medio de una asonada de la organización criminal. El mandatario defendió entonces su decisión, afirmando que se evitó un baño de sangre, cuando contingentes militares quedaron rodeados por civiles con armas largas. López Obrador destacó que esta vez fue «completamente distinta», pues la operación se ejecutó en la periferia y no en pleno centro de Culiacán para no poner en riesgo a la población.
Washington asegura que Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín «El Güero» lideran y controlan las operaciones de tráfico de drogas de una célula criminal amparada por el cártel. Por ello, ambos están acusados formalmente de conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, en una corte del Distrito de Columbia, con lo que también se mantiene una solicitud de extradición vigente. Washington ofrecía además cinco millones de dólares por la captura de «El Ratón» desde diciembre de 2021. Tras el rechazo judicial a la extradición “express”, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aclaró que el pedido seguirá el curso regular. “La ley de extradición mexicana marca una serie de plazos para que se presenten los elementos» y «evidencias de prueba en contra» del acusado, dijo. Ese plazo empezaría a correr a partir de ahora y podría la presentación podría demorar “entre cuatro y seis semanas”.
Oxígeno
Una AMLO desestimó ciertas interpretaciones difundidas en la prensa que insinuaban que la recaptura de Ovidio Guzmán era una suerte de ofrenda al presidente estadounidense y advirtió que «no hubo intervención» de Estados Unidos en la recaptura. «Actuamos con autonomía, con independencia, sí hay cooperación y la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como gobierno soberano», aseguró el mandatario.
Biden tiene previsto reunirse entre mañana y el martes en una cumbre de líderes de América del Norte con López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
La operación permitió dar cierto oxígeno al gobierno, también golpeado por la imparable ola de violencia. «No somos iguales y hoy vuelve a quedar demostrado, no hay impunidad en nuestro país y no se protege a nadie», aseguró Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, partido del presidente. Pero la movilización armada también fue ponderada por el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. A través de sus redes expresó: «mi mayor reconocimiento a las mujeres y hombres de nuestras fuerzas armadas, quienes este día han dado muestra de amor y lealtad a México, así como de su capacidad para defender a la nación». Incluso a Comisión Permanente del Congreso de la Unión rindió un minuto de aplausos al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional por la detención del narcotraficante hijo del exlíder del cártel de Sinaloa. «
Toma de un aeropuerto en Perú: al menos 16 heridos
En medio de una crisis que no encuentra salida, continúan las protestas en Perú, mientras avanza una causa contra la presidenta interina Dina Boluarte por las acciones represivas en las que murieron al menos 28 personas en diciembre pasado. En las últimas horas, unas 16 personas resultaron heridas en choques entre la policía y manifestantes que quisieron tomar un aeropuerto en la ciudad peruana de Juliaca, en el sur del país, donde se produce el epicentro de las protestas que exigen la salida de Boluarte, la disolución del Congreso y el adelanto de elecciones generales. Cuatro efectivos y 12 civiles terminaron con lesiones por los choques en la terminal aérea Inca Manco Cápac, que fue cerrada temporalmente por motivos de seguridad.
En tanto, el Ministerio Público de Perú dispuso el viernes realizar diligencias previas para atender las denuncias presentadas contra Boluarte y dos ministros de su gabinete por las muertes de civiles. La iniciativa del organismo responde a las denuncias penales presentadas en diciembre por cuatro abogados del departamento sureño de Ayacucho, donde ocurrieron la mayoría de las muertes. «
