La semana pasada Brasil se transformó en una réplica de la Argentina. En un país en el que las manifestaciones recién se hicieron habituales en los últimos años, especialmente en protesta por la realización del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro mientras aumentaban las tarifas del transporte, millones de personas convocadas por sindicatos, movimientos sociales y partidos de izquierda participaron el pasado jueves de protestas y huelgas que paralizaron gran parte de Brasil para pedir la salida del poder del presidente Michel Temer y rechazar los proyectos gubernamentales para reformar el sistema de pensiones y las leyes laborales.

Las manifestaciones de gran porte ocurrieron en ciudades de al menos 22 estados, con paros de docentes, médicos, conductores de subte, trenes y colectivos, y con manifestaciones organizadas por centrales sindicales y movimientos sociales. «Fuera Temer» fue el grito que más se escuchó en las manifestaciones, que atrajeron también trabajadores navales, metalúrgicos y portuarios.

La respuesta tuvo eco en el Senado, donde la propia fuerza de Temer, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), retiró el carácter de urgente del proyecto. «Todo Brasil está en las calles, no podemos pagar este precio, es un error político», dijo el jefe del bloque del PMDB en la Cámara Alta, Renán Calheiros, mostrando una grieta en el oficialismo durante la jornada de protestas y paro.

El descontento popular se da en un contexto de extrema sensibilidad, en el que el aire político se corta con cuchillo. El fiscal general Rodrigo Janot está dispuesto a convertirse en el Antonio Di Pietro brasileño al enviar a los jueces del Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema) un pedido por 300 investigaciones en base a las delaciones premiadas de 77 ejecutivos de Odebrecht. Janot elevó 83 pedidos al STF para funcionarios y parlamentarios con fueros y otros 211 a tribunales de primera instancia.

La referencia al fical Di Pietro no es casual. En 1992 comenzó la operación denominada Tangentópolis («tangente» es soborno en italiano) que hizo crujir a la clase política y dirigente italiana. El balance final de la operación «Manos Limpias» se saldó con 1233 condenas y 429 absoluciones. Claro que también sirvió para el ascenso de los partidos de extrema derecha y para el surgimiento del empresario Silvio Berlusconi, quien llegó por primera vez al poder solo dos años después.«