El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se despegó convenientemente de sus antecesores. Esta semana anunció que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón deberán comparecer ante la Justicia, tras las denuncias de corrupción relacionadas con Odebrecht del exjefe de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya. La situación de los mexicanos es similar a la de otros exmandatarios latinoamericanos, por distintas causas y razones, algunas en el marco de persecuciones políticas y lawfare, como los casos de Rafael Correa, Lula Da Silva y Evo Morales. Otros como Abdalá Bucaram (Ecuador) y Álvaro Uribe (Colombia), detenidos en sus países por causas que involucran maniobras comerciales, fraude procesal y muertes. O el propio Mauricio Macri, investigado por su eventual responsabilidad en la trama de espionajes de la AFI, la central de inteligencia argentina, bajo su presidencia.

En el caso mexicano, la Fiscalía anunció esta semana el inicio de una investigación sobre ambos expresidentes por presuntos sobornos pagados por la megaconstructora brasileña involucrada en casos de corrupción en toda la región, para financiar campañas electorales, comprar voluntades políticas y lograr contratos con privilegios. El expediente se abrió luego de la declaración del exdirector Lozoya, quien señaló que Peña Nieto y su ministro de Hacienda, Luis Videgaray, recibieron cerca de 19 millones de euros para pagar la campaña que llevó al Partido Revolucionario Institucional a la presidencia en 2012. A su vez, el exdirector de Pemex reveló que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) hubo “una serie de privilegios” con contratos a favor de la petroquímica mexicana Etileno XXI, socia de Odebrecht. Lozoya, extraditado desde España el pasado 17 de julio, está en libertad luego de que la Fiscalía le otorgara la figura de “testigo colaborador”.

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Por su parte, el colombiano Uribe (2002 y 2010) cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto y se convirtió en el primer mandatario elegido democráticamente al que se le impone una medida de este tipo. Tiene más de medio centenar de procesos judiciales abiertos por diversos delitos, en su mayoría vinculados a grupos paramilitares responsables de decenas de miles de crímenes, algunos de ellos imprescriptibles. Pero la orden de detención preventiva que dictó el máximo tribunal se enmarca en uno de los procesos por presunto fraude procesal y soborno. El caso comenzó en 2012 cuando el exmandatario demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, quien en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Durante su reclusión, Uribe contrajo coronavirus, se recuperó y recibió el apoyo del vice de EE UU, Mike Pence, que lo llamó “héroe”.

Otro caso es el de Bucaram (1996-1997), detenido este miércoles por presunta participación en el asesinato del ciudadano israelí Shy Dahan el pasado sábado. También son investigados su hijo Jacobo Bucaram Pulley y tres agentes de la policía de tráfico de Quito. Un socio de Dahan que sobrevivió, declaró que había vendido insumos médicos a Jacobo.

El viernes, el periódico paraguayo 5 Días informó que el “cambista” de nacionalidad paraguaya Darío Messer, acusado de liderar una gigantesca red de lavado, confirmó en su delación premiada que “el expresidente Horacio Cartes financió su fuga y le dio apoyo para escapar de la Justicia brasileña”. Justamente, al exmandatario paraguayo fue a visitar Mauricio Macri el pasado 13 de julio, en medio de la pandemia: declararon públicamente su amistad, pero se sospecha que, además, mantienen relaciones comerciales en diversos negocios y empresas