Sin haber estado nunca en los planes electorales ni en la agenda de diálogo con los pueblos originarios, el gobierno chileno de Gabriel Boric entró en terreno resbaladizo y, marcando el paso al ritmo de la derecha, admitió que tiene a consideración la construcción de una cárcel especial para los mapuches, los habitantes más antiguos de la Araucanía. Discriminación sobre discriminación para unas comunidades que representan el 10% de la población y han sido secularmente segregadas y saqueadas. Dicen las encuestas que el 75% de los chilenos respalda una resolución que implique la devolución de las tierras usurpadas, la primera reivindicación mapuche, y que el 79% se manifiesta a favor de una solución política. Extraño, si así fuera, porque la xenofobia monopoliza a las benditas redes sociales.

Ministros, diputados y dirigentes oficialistas se han referido a la sorpresiva idea de disponer a los mapuches en un encierro exclusivo, pero Boric, que en otros tiempos defendió los derechos de los pueblos originarios, sigue en pausa. Según el digital chileno El Mostrador, durante los actos por la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia, un colega del Portal Vermelho le pidió una opinión a Boric, que “tan molesto como escurridizo se limitó a huir en dirección contraria a los periodistas”. Imposible probarlo, aunque entra en las probabilidades. Sin embargo, la noticia ya estaba confirmada desde que, apenas apagado el brillo de la última bengala de Navidad, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, dijo que “el gobierno evalúa una propuesta de legisladores de la oposición y del oficialismo”

Gajardo sorprendió cuando admitió que lo de la nueva prisión no era el fruto de la calentura  represiva de unos legisladores demasiado comprometidos con los empresarios forestales del sur, titulares de 72 mil kilómetros cuadrados de bosques que les fueron donados en el último siglo y medio por dictaduras, militares y gobiernos civiles. “Estamos evaluando los costos que tendría la ejecución de tal proyecto”, adelantó Gajardo sin precisar si se trataba de costos económicos o políticos. Las dudas sobre lo que realmente quiso decir se aclararon cuando en un almuerzo compartido, el diputado pinochetista Miguel Mellado dijo que para erigir la cárcel “tendremos que pedir un terreno en donación a alguno de los gobernantes amigos de las ciudades australes”, ansiosos por ver en prisión a los “imputados por violencia rural”, el delito que siempre se les imputa a los mapuches.

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En minoría legislativa y con muchos camaradas cargados de dudas, el gobierno que juró en marzo del año pasado bajo el signo del progresismo, camina por un sendero sinuoso. Es en el tratamiento de la relación con los mapuches donde más hace agua. Boric, que siendo diputado, en octubre de 2021 votó contra la prórroga del estado de excepción decretado  por su antecesor, Sebastián Piñera, fue agudizando sus políticas, hasta coincidir prácticamente con las del ex presidente ultraderechista. “Las tropas otra vez desplegadas por el Wallmapu (el territorio ancestral mapuche), custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que hemos sufrido y ahora asume el lacayo Boric”, señaló un manifiesto de la Coordinadora Arauco Malleco en mayo del año pasado.

Entonces, sólo dos meses después de haber jurado como presidente, la derecha logró torcerle el brazo por primera vez. De ahí en más se fue apartando de su hoja de ruta. Ante la fuerte tensión que se vive en el sur, Boric empezó a repetir el discurso del pinochetismo y aseguró que los sucesivos estados de emergencia que se han dictado “no han servido para nada y en los últimos cuatro años se han más que triplicado los hechos de violencia”. Al fin, y antes de que sus funcionarios hayan admitido que el gobierno analiza la posibilidad de aislar a los mapuches en una cárcel especial –su organización dentro de los presidios, su generosidad en el trato con los demás prisioneros, su solidaridad con ellos y sus familias los han convertido en “mal ejemplo”–, Boric ya llegó hasta militarizar la región austral.

Poco a poco ha ido perdiendo a sus compañeros. La primera, y precisamente por la cuestión mapuche, fue la ex ministra de Desarrollo, Jeanette Vega, que renunció en discrepancia con las políticas aplicadas en el sur. Antes de dejar el gobierno, en noviembre pasado, recordó que “los pueblos originarios han sido históricamente rezagados, por lo que no hay que llevarles represión sino asegurarles educación, salud y otros beneficios, porque allí la miseria es del doble que en el resto del país. Eso es lo que se debe resolver, y no enviar al ejército para que reprima como sabemos que reprime”. Ahora, al ver que no gobierna como lo había imaginado, Boric responde con un dicho popular, y eso seguramente no basta. “Otra cosa es con guitarra”, dijo admitiendo sus fracasos, una máxima que llevada al habla rioplatense sería algo así como “esto no es soplar y hacer botellas”, o aquello de que “del dicho al hecho hay mucho trecho”.  «

¿En 2023 sí acabarán con la Constitución de Pinochet?

Este 2023 será otro año crítico para el gobierno chileno. Deberá enfrentar un segundo plebiscito, convocado para acabar con la Constitución impuesta en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet. En septiembre del año pasado fracasó un intento similar. Entonces, con el 63% de los votos en contra, Gabriel Boric vio frustrada la idea de cumplir, al fin, con el mandato heredado de la rebelión estudiantil de 2019, que lo había ungido su líder. El cronograma electoral que desembocará en la rehabilitación o en la catástrofe presidencial tendrá su última y definitiva estación el 17 de diciembre, cuando se vote.

Acceder a esta segunda instancia no fue el resultado  ni de una concesión política ni de un gesto de adultez democrática de la derecha. Por el contrario, para llegar al llamado Acuerdo por Chile que Boric celebró a regañadientes, el gobierno tuvo que hacer concesiones, tanto en las formas como en el contenido del texto a plebiscitar. No se debería decir que el propósito originario quedó desvirtuado, pero y ante la eventualidad de un rechazo, el mandato de Boric quedaría opacado.

Del texto votado en setiembre y redactado al cabo de un año por 154 convencionales, no quedó nada. El nuevo será tarea de 50 personas (lectos el 7 de mayo) que conformarán un llamado Consejo Institucional. Serán e. Como aquel primer texto incluyó artículos que resultaron contradictorios o que no eran dignos de un cuerpo constitucional –por puro voluntarismo y amateurismo, dijeron los voceros del pinochetismo–, para este nuevo, el Congreso elegirá esta semana a una Comisión Experta y un Comité Técnico (38 personas en total) que oficiarán de comisarios políticos y harán la revisión de cada artículo.

El viernes, este singular proceso de “plebiscito tutelado” ya experimentó los efectos del fuego amigo. La Comisión Chilena de DD HH consideró que la Comisión Experta y el Comité Técnico no tienen facultades para supervisar al ahora llamada Consejo Institucional. En una denuncia elevada al Alto Comisionado de la ONU para los DD HH, Volker Türk, la  entidad denunció que “algunos aspectos del Acuerdo por Chile vulneran gravemente varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” refrendado por Chile a fines de los años ’60 del siglo pasado.