“Es político este fallo”, dijo Raúl Noro apenas finalizó el debate. Esa reflexión y la comprensión de que la condena se ajustó a las necesidades del gobernador Gerardo Morales y la criminalización de la protesta, embargó a los referentes de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y gremiales, que estaban en la sala de audiencia.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy leyó el miércoles por la noche el veredicto con el que condenó a la pena de 3 años de prisión en suspenso a la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, por el escrache al entonces senador, cometido en 2009, del que no participaron ni ella ni su organización barrial. Aunque los jueces consideraron prescripto el delito de amenazas, condenaron a la diputada del Parlasur como instigadora del delito de daño agravado, por la rotura de vidrios en la puerta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde se produjo el hecho. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró la sentencia como un “peligroso antecedente para el ejercicio del derecho a la protesta”.

En el fallo, los jueces Mario Juárez Almaráz, María Cataldi y Sebastián Díaz, condenaron a Graciela López y Gustavo Salvatierra por protestar, como autores materiales de daño agravado a penas de 3 y 2 años de prisión en suspenso y Sala por instigar a la protesta. El carácter condicional de la pena implica que no irán a prisión por esa condena, pero todos deberán presentarse regularmente ante la justicia y fijar domicilio donde pueda ser ubicada con facilidad. El último requerimiento es doblemente gravoso para Milagro: desde el 16 de enero está detenida de forma arbitraria por la justicia en un encadenamiento de causas que impulsa el contador Morales, por la que organismos internacionales de derechos humanos reclaman su liberación.

La sentencia fue leída después de dos horas de deliberación, luego de que los jueces escucharan a Gaciela López remarcar que se estaba criminalizando la protesta y a Milagro Sala exigirles que no se dejaran presionar por el poder político. El fallo fue por unanimidad y los fundamentos se conocerán el 3 de febrero. También declararon extinguida la acción penal por el delito de amenaza y por lo tanto sobreseyeron a los tres acusados en ese delito.

“Estamos disconformes con el resultado del veredicto”, dijo la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta al finalizar el juicio. “Hasta el 3 de febrero no vamos a poder saber cuáles son los fundamentos de la condena por daño agravado, ni por qué entienden que es un daño agravado, ni por qué creen que hay pruebas de que Milagro puede ser instigadora”, explicó.

Además, explicó que en su alegato, que fue compartido por los defensores de Graciela López, Paula Álvarez Carrera y Luis Paz, y el de Salvatierra, Lucio Plaza, “quedo absolutamente demostrado que si mandó a alguien a hacer eso fue a (René Orlando “Cochinillo”) Arellano y a (Cristina) Chauque que no fueron al lugar, por lo tanto resulta arbitrario e infundado”. Pero aclaró que no sabía qué habían avaluado los jueces, lo que se sabrá recién tras la feria judicial.

“¿Cómo está Milagro?”, preguntó un periodista en la rueda de prensa improvisada en la sala de audiencia. “Entera, muy entera”, respondió Gómez Alcorta. Y agregó: “Nosotros suponíamos que por todo lo que vimos y vieron ustedes en estas cinco audiencias no teníamos ninguna esperanza de contar con un tribunal independiente, ustedes han visto como han cercenado centralmente a nuestra defensa, po lo tal no teníamos ninguna esperanza que tuvieramos un tribunal independiente y una sentencia justa”.

Para dictar la sentencia Juárez Almaraz, Cataldi y Diaz, convalidaron en parte los pedidos de la fiscalía que había pedido esa pena pero por dos delitos: amenazas coactivas y daño agravado. La querella, encabezada por Eduardo Vergara pero que fue asistido en las cinco audiencias del debate por un abogado del estudio de Gil Lavedra, había pedido 8 años.

Milagro fue declarada culpable en base al testimonio de Cochinillo y su esposa, quienes fueron ofrecidos como testigos un año después de los hechos por el entonces senador y hoy gobernador Morales, querellante en la causa. Ese testigo fue contratado en julio de 2016 en la gobernación de la provincia con una categoría 24, equivalente a un cargo de director provincial, pese a que no sabe leer ni escribir. Durante su declaración testimonial, Cochinillo mintió tanto sobre su relación laboral como sobre numerosos detalles, por lo que se configuró como un testigo inverosimil.

En un comunicado el CELS consideró a la sentencia como“arbitraria” y remarcó que “esta utilización del derecho penal para lograr una condena por un hecho de protesta social es un precedente peligroso para la vigencia de derechos básicos en un Estado democrático”.

La condena es el resultado del primer juicio impulsado contra Sala, por una causa que comenzó hace siete años por quien hoy detenta el poder en la provincia. Se trata del primer veredicto en un juicio contra la protesta social que este jueves tendrá un segundo capítulo cuando la justicia contravencional de su dictamen en el debate oral por el acampe que realizó la Red de organizaciones entre diciembre y febrero pasado en Plaza Belgrano, frente a la gobernación jujeña.

Criminalización de la protesta

“El resultado era esperable porque está absolutamente politizada la justicia en jujuy. Este es un resultado a la medida de lo que necesita Morales, que es mostrar una condena. Aunque no sea de cárcel efectiva, de todas maneras Milagro sigue detenida arbitrariamente por la sucesión de causas que él mismo ha señalado”, denunció Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA y miembro del Comité por la Libertad de Milagro Sala.

En ese sentido, Díaz detalló que López y Sala “demostraron que estan presas porque militan por los demás, porque trabajaron para que los sectores más desprotegidos y humildes tengan casa, tengan trabajo, y eso es lo que se está cobrando el poder político y el poder económico concentrado de Jujuy, en complicidad absoluta con el gobierno nacional”.

La sentencia alarmó a todos los referentes que asistieron al veredicto. “Este es un juicio que es irrisorio que se haya llevado adelante y más cuando escuchamos la sentencia”, se quejó el secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz, el nieto restituido Horacio Pietragalla Corti.

“Ellos estaban buscando una condena para justificar la detención arbitraria y creo que parte de este juicio irrisorio tiene que ver con eso”, agregó. Y completó: “La protesta es un derecho de los argentinos para reclamar ante las autoridades y esta sentencia busca generar una ejemplificación sobre lo que puede pasarle a una persona que protesta. Fueron cinco vidrios y dos huevos que llegaron a juicio para el que suspendieron el segundo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad por la Noche del Apagón”.