Correa lanza su campaña contra las reformas de Moreno y exige una Constituyente

El expresidente de Ecuador parece haber abandonado definitivamente su retiro en Bélgica y regresó al país para enfrentar la consulta popular propuesta por su sucesor, que busca anular la reelección indefinida a cargos electivos, lo que impediría su regreso al poder.

Ecuador termina una semana convulsionada por la presencia del expresidente Rafael Correa en plena campaña contra los planes de su sucesor, Lenín Moreno, mientras el Congreso trataba la incorporación formal de una nueva vicepresidenta, lo que significa la salida definitiva del cargo de Jorge Glas, hoy preso por una acusación de coima que en el espacio vinculado al exmandatario califican de absurda e inconducente. 

Correa formalizó ayer en el Parque de Montecristi –ubicado en Manabí, uno de sus bastiones– el lanzamiento de su campaña por el No a la consulta popular que llevará adelante el gobierno el próximo 4 de febrero, en la que se propone, entre otros planteos, eliminar de la Constitución la enmienda de 2015 que habilita a la reelección indefinida, lo cual lo dejaría fuera de la posibilidad de ser elegido nuevamente como presidente. "Se van a gastar 60 millones de dólares sólo para decirle 'no' a Correa", apuntó el exmandatario. 

Desde que asumió Moreno, Correa se instaló en Bélgica, de donde es su esposa, con la idea de retirarse al menos por un tiempo de la coyuntura de su país. Sin embargo, a partir de críticas del nuevo presidente, el cambio de rumbo en algunas políticas y ciertas alianzas, algo a lo que el ala correísta de la gobernante Alianza País califica de "traición", Correa comenzó a tener una participación activa en el debate. A través de sus "enlaces" digitales ha dirigido numerosos mensajes en vivo y escritos al pueblo ecuatoriano. Desde el viernes se encuentra en su país, cuando fue recibido por una caravana que lo ovacionó, lo que demuestra que sigue siendo gravitante en la política del Ecuador.

La consulta promovida por Moreno y avalada por el Tribunal Constitucional presenta siete preguntas al electorado, entre ellas, dos que sacuden el tablero político y que constituyen uno de los ejes fundamentales de la disputa dentro del oficialismo. Esta es la número dos, que dice: "¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, (…) dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?".

Correa señala que la pregunta es engañosa. "Empieza diciendo 'para garantizar la alternabilidad', lo que hace que el elector piense que si vota 'no', no va a estar garantizada esa alternabilidad". Para el expresidente, prohibir la reelección indefinida (que se aplica a todos los cargos alguna vez ejercidos, no necesariamente consecutivos) es en realidad una proscripción a los candidatos. "Es una limitación no justificada a los derechos constitucionales de participación que poseen los candidatos que están aspirando a una reelección y el derecho a elegir de las personas", afirma.

"Quieren deshacerse de mí. Sueñan conmigo, tienen terror de que vuelva. Si querían, les firmaba ante un notario que me retiraba de la política. Yo no pienso volver, a no ser que convoquemos una Asamblea Nacional Constituyente", dijo en su último mensaje. La ANC es la única facultada para reformas estructurales de la Constitución, según el artículo 444. El expresidente advirtió que su espacio recorrerá "el país para juntar las firmas necesarias para convocarla, el 12% del padrón".

Otro punto polémico es el que busca reestructurar el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo con potestad para nombrar funcionarios de justicia y contralor. Correa lo llama un "golpe de Estado plebiscitario". Dice que la reforma le permitiría al presidente controlar a su antojo el Consejo. "Significaría que delegados del presidente de la República tengan la posibilidad de nombrar y remover a voluntad a funcionarios de otras tres Funciones del Estado y de la Corte Constitucional. Así, el presidente Moreno, a través de sus delegados, tendría control total sobre el Poder Judicial, la función electoral y los organismos de contralor".

Las diferencias entre el actual presidente y su antecesor llevaron a una división dentro de AP. El jueves renunció otro funcionario por este conflicto. Se trata del embajador ante la ONU Guillaume Long. La fractura llegó hasta el bloque oficialista de la Asamblea Nacional, de 74 diputados, donde 44 firmaron un acta de apoyo al presidente, mientras que los otros se mantienen fieles a Correa. 

La Asamblea se aprestaba en la tarde de ayer a votar a una de las tres candidatas propuestas por Moreno para ocupar el lugar de Jorge Glas, a quien se le aplicó la figura de "abandono de cargo" por estar detenido desde octubre y con una condena del 13 de diciembre a seis años de prisión por "asociación ilícita en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht". Situación que el condenado y su entorno niegan categóricamente. El mismo Correa lo llama "un insulto a la justicia".

Las candidatas a sucederlo son, en primer lugar, María Alejandra Vicuña, quien ocupa la vicepresidencia en forma interina, y luego la canciller María Fernanda Espinosa y la ministra de Justicia Rosana Alvarado. Todas del riñón correísta y fervientes defensoras hace dos años de la reelección indefinida, hoy alineadas con Moreno y apoyando la consulta. Al cierre de esta edición, se descontaba que se aprobara por mayoría simple (69) la designación de Vicuña. «

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