Detalles de la causa Sueños Compartidos

Desde 2011, la investigación estuvo a cargo, primero, de Norberto Oyarbide y, luego, de Martínez de Giorgi. ¿De qué se acusa a Hebe?
5 de Agosto de 2016

La investigación en la causa Sueños Compartidos comenzó en mayo de 2011. El juez era Norberto Oyarbide. La denuncia que recae sobre los imputados es haber intervenido en el presunto desvío de fondos entregados por el Estado Nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales, en el marco del programa Sueños Compartidos.

Los principales involucrados son Sergio y Pablo Schoklender (exapoderados de la Asociación Madres de Plaza de Mayo), Meldorek S.A. (empresa contratada por la Fundación para construir viviendas sociales, cuyo 90 % del paquete accionario pertenecía a Sergio Schoklender), Alejandro Gotkin (presidente de Meldorek S.A) y a Gustavo Serventich (titular del otro 10 % de las acciones de Meldorek S.A.).

En este contexto, los hermanos Schoklender estuvieron detenidos en 2012: se los acusaba de lavar dinero (proveniente del Ministerio de Planificación) en sus roles de apoderados y administradores de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En tanto, la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, fue citada como sospechosa junto a poco más de una cuarentena de personas.

La investigación pretende aclarar si las obras proyectadas llegaron a finalizarse y conocer qué pasó con los pagos a las personas que trabajaron en la construcción de las viviendas, puesto que había una deuda millonaria en concepto de cargas sociales. Respecto a esto, las Madres, con Hebe a la cabeza, se consideraron defraudadas por los hermanos Schoklender y es por eso que la asociación es querellante en el caso, no así Bonafini en particular.

De todos modos, Hebe fue imputada en la causa y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi (el mismo que la citó a declarar y quien, tras considerarla en rebeldía por no asistir a tribunales, pidió su detención) investiga a la titular de Madres, de 88 años, por la firma de convenios con el Ministerio de Trabajo mediante los cuales la cartera laboral brindaba subsidios de $ 600 para cada trabajador participante en las obras de construcción de viviendas.

La defensa de Hebe presentó documentos en los que se comprobó que la firma de Bonafini, en contratos con Meldorek S.A., está falsificada. “Se hicieron dos peritajes en 2012, y ambas veces se constató que la firma no era de Hebe. Se hicieron dos porque el primero fue cuestionado por los Schoklender”, dijo a Tiempo Eduardo Fachal, abogado de Madres de Plaza de Mayo.

La causa volvió a tomar protagonismo en la escena judicial luego de que quedara detenido el exsecretario de Obras Públicas, José López, denunciado por enriquecimiento ilícito e imputado en la causa Sueños Compartidos por una presunta distribución de fondos que tendrían como beneficiarios a los hermanos Schoklender.

En concreto, el juez determinó que de los más de $ 700 millones que la secretaría de Obras Públicas transfirió para las construcciones, unos $ 500 millones fueron vinculados la concreción de las obras. Se investiga a qué fines fueron desviados los restantes más de $ 200 millones. “Las obras están construidas entre un 70 y 80 %, según la Auditoría General de la Nación. La defraudación consiste en que Schoklender no pagó nada: ni las cargas sociales, ni la ART; no pagó absolutamente nada”, agregó el defensor de Hebe.

En junio de 2016, el juez Marcelo Martínez de Giorgi (que quedó a cargo de la causa luego de que Oyarbide fuera apartado) citó a indagatoria a José Francisco López, Julio De Vido, Carlos Tomada, Miguel Lifschitz, Gerardo Zamora, Maurice Closs, Jorge Capitanich, Abel Fatala, Alejandro Granado, Julio Zamora, Darío Giustozzi y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. Y a Hebe, que no se presentó a declarar, fue considerada en rebeldía y se pidió su detención. “Hebe está bien, está entera”, cerró Fachal.

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