El FPV volvió a denunciar la escalada represiva y la falta de control político sobre las fuerzas de seguridad.
El diputado Horacio Pietragalla, acompañado por el jefe del bloque del Frente para la Victoria - PJ, Agustín Rossi, Raquel Wittis (madre de una víctima), y otros diputados, presentó la red de contención para víctimas de la violencia institucional.
Cuando se cumplen cinco meses del asesinato
por la espalda del joven Rafael Nahuel,
en manos del grupo Albatros de Prefectura Naval, el Bloque FPV-PJ lanzó formalmente un dispositivo para el
abordaje integral de casos de violencia cometidos por las fuerzas de seguridad.
Según detallaron, la red de
contención se extiende a lo largo de todo el país y cuenta con profesionales de
la salud y abogados, entre otros profesionales.
Pietragalla remarcó la necesidad de
visibilizar cada uno de los casos para que estás cosas no vuelvan a pasar.
Queremos volver a un país donde la
violencia institucional era hechos aislados, reclamó el diputado y agregó: Hoy
desde la política se aplauden estos hechos en lugar de sancionarlos.
A su turno, Raquel Wittis, denunció
que han desarmado todas las áreas para la asistencia de las víctimas. Tanto
las de salud mental como la de acompañamiento en los litigios, y sentenció: Los
programas de la secretaria de Derechos Humanos para las victimas están vaciados.
Desde el bloque del FPV señalaron
que debido al vertiginoso retiro por parte del Estado y la ausencia progresiva
de actuación de las diferentes áreas que hasta el 2015 hacían de las políticas
en derechos humanos una verdadera política de Estado, el bloque FPV-PJ pone en
funcionamiento un dispositivo que tiene como objetivo dar una respuesta
contundente para paliar esa ausencia, que permita llevar adelante el rol de
protección de los derechos humanos que el Estado dejó de cumplir.
En ese contexto especificaron que en
los dos años y medio del gobierno de Cambiemos se verificó un fuerte incremento
de la militarización el Estado, las detenciones arbitrarias son cada vez más
comunes, no sólo en el caso de militantes populares sino sobre todo en los
sectores más humildes de la población. Se verificó un aumento significativo de
los casos de violencia institucional y un fuerte incremento en la tasa de
encarcelamiento a nivel federal y de las provincias. El hecho más grave tiene
que ver con la fuerte habilitación política que el gobierno de Cambiemos otorga
como respuesta a los abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Ya no
contamos con un gobierno que detecta y sanciona los casos de violencia, sino
que ahora el poder político incita y festeja la mano dura, como demuestra el
desarrollo de la doctrina Chocobar.
Al respecto Rossi manifestó que lo
que ha sucedido en estos meses va a seguir sucediendo porque no hay control, y
aseveró: Cuando se recibe a Chocobar, y casi se lo condecora, lo que se dice
es hay licencia para matar.
La red será impulsada por los
diputados del FPV-PJ, que integran la Comisión de Derechos Humanos para funcionar
como caja de resonancia para estos abusos abordando las distintas
problemáticas vinculadas a la violación y restricción de derechos y conformando
un espacio de confluencia para los organismos defensores de los Derechos
Humanos.
Al respecto Pietragalla afirmó:
Aspiramos a realizar un abordaje integral, que contará con profesionales del
campo de la salud mental, abogados, un número de teléfono que permita una
atención y recepción de denuncias, articulando con los organismos y los
profesionales pero también los militantes de todo el territorio, incluyendo a
la Red Federal de Derechos Humanos lanzada el año pasado y que cuenta con
referentes en todo el país.