La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió este martes una pena de prisión perpetua para los cinco prefectos involucrados en el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, en el marco del juicio que se sigue en la localidad rionegrina de General Roca.
En un alegato que duró 2 horas 45 minutos, el abogado Mariano Przybylski leyó el pedido frente al Tribunal Oral Federal de General Roca.
En la sala estuvo presente el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien en declaraciones a Télam se expresó a favor de que el tribunal imponga una «pena ejemplificadora» para que la familia de Nahuel obtenga «una reparación» por medio de la justicia.
La querella aseguró que durante las audiencias del juicio oral quedó acreditado que no existió un enfrentamiento armado, sino una persecución por parte de los efectivos del grupo Albatros, quienes dispararon en 151 oportunidades con munición de plomo.
Przybylski responsabilizó a los cinco procesados por los delitos de «homicidio agravado en concurso ideal con tentativa de homicidio agravado».
Si bien informó que el disparo mortal fue realizado por el efectivo Sergio Cavia, explicó que los cinco desobedecieron las órdenes de no perseguir ni disparar a los integrantes de la comunidad mapuche. Sin embargo, lo hicieron y, dijo en ese sentido, existió un dolo.
«Es irrelevante quién disparó mortalmente», planteó durante el alegato, y pidió que todos los imputados sean condenados como coautores.
El caso Rafael Nahuel
Rafael Nahuel fue asesinado por miembros del grupo Albatros de la Prefectura durante un operativo realizado en Villa Mascardi en el que se efectuaron disparos con munición letal por parte de los uniformados.
Con motivo del juicio, este martes y miércoles es el momento de los alegatos de las tres querellas -abogados de la familia de Nahuel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- y la fiscalía.
Luego será el turno de los alegatos de las defensas de los cinco procesados, que se llevarán a cabo los días 14 y 15 de noviembre.
Finalmente, el 22 del mismo mes se dará lugar a las palabras finales de los acusados y escuchar el veredicto del Tribunal.
«Más allá de identificarse al autor directo, entendemos que todos los que participaron de esta acción criminal son corresponsables de la muerte y de los heridos. Creemos que tiene que haber una condena ejemplificadora porque durante mucho tiempo, post dictadura militar, los casos de violencia institucional estuvieron en un marco de impunidad», expresó Pietragalla Corti.
El funcionario destacó que una sentencia por parte del tribunal al frente del juicio permitirá «reparar las acciones de la fuerza en el pasado y corregirlas para el futuro».
Pietragalla aseguró que si la Secretaría de Derechos Humanos no se hubiera establecido como querellante el juicio hubiera «quedado impune» porque «era muy difícil destrabar la estrategia que llevaban adelante los miembros de la fuerza», mencionó.
El secretario de Derechos Humanos recordó que conoció la noticia del crimen de Rafael Nahuel mientras participaba del velatorio de Santiago Maldonado, el joven que hace seis años fue encontrado muerto tras una represión perpetrada por la Gendarmería en la comunidad Mapuche Pu Lof Cushamen de la provincia de Chubut. «Fue un impacto muy fuerte», rememoró.
En tanto, Pietragalla Corti consideró que «cada vez que hay un discurso político que habilita la violencia institucional surgen más casos» de ese tipo.
«Lamentablemente -sostuvo- quien paga los platos rotos son los miembros de las fuerzas de seguridad y no los responsables políticos, que siguen su carrera y tienen que rendir cuentas en en la Justicia. Los miembros de las fuerzas de seguridad no se pueden sentir habilitados nunca porque la política pasa y los que tienen problemas judiciales son ellos», destacó.
