Tras la decisión de la cúpula partidaria de revocar al presidente Lenín Moreno de sus funciones a cargo de la titularidad de Alianza País, la disputa hacia adentro del partido gobernante fundado por Rafael Correa en Ecuador, amenaza con partir en dos a la fuerza y generar el regreso adelantado del expresidente. Este martes está previsto que se reúna el bloque oficialista de la Asamblea Nacional para dirimir posiciones sobre la separación. De 74 legisladores que tiene el bloque, 43 no coincidirían con la decisión del partido, y según trascendió, ya firmaron un documento que harán público en los próximos días, seguramente luego de la mencionada reunión. Entre quienes se oponen está el presidente de la Asamblea, José Serrano.

Correa, desde su retiro en Bélgica, se pronunció enérgicamente a favor de la decisión de la cúpula de AP y dejó ver que volvería a fin de mes para participar de una convención partidaria. «Ahí estaremos», afirmó.

El 31 de octubre pasado, la dirección nacional emitió una resolución por la cual revoca el mandato de Moreno ante «la pérdida inmediata de su dignidad como Presidente del Movimiento Alianza País». En la misma resolución se decreta el nombramiento de «Ricardo Patiño Aroca, como Presidente del Movimiento, conforme al artículo 20 del Régimen Orgánico». Patiño es uno de los dirigentes más cercanos a Correa, del núcleo fundador de AP. Fue su ministro e integró el Gabinete de Moreno hasta agosto, cuando presentó su renuncia junto con otros dos funcionarios, por las diferencias que comenzaban a evidenciarse. Fue el propio Patiño quien reforzó la idea del retorno de Correa en una conferencia de prensa.

Mas allá de las calificaciones de «traición» a la Revolución Ciudadana, lanzadas incluso por Correa, las razones técnicas del documento de AP contra Moreno mencionan como «falta grave, entre otras, las acciones políticas que beneficien objetivamente a personas o grupos opositores a la política de la Revolución Ciudadana; manifestar públicamente criterios divergentes en menoscabo de los principios y decisiones del movimiento; realizar actividades que atenten a la unidad orgánica del movimiento». También se acusa al presidente de no haberse presentado a las sesiones convocadas a la Dirección Nacional «de acuerdo a la certificación de asistencia». Tecnicismos aparte, casi desde el inicio de su gestión Moreno mostró un giro dialoguista hacia algunos sectores históricamente enfrentados con el correísmo, además de cambios en algunos criterios económicos, críticas hacia algunas políticas de su antecesor y acompañamiento a las acusaciones por corrupción que le costaron al vicepresidente Jorge Glas la suspensión de su cargo y la prisión preventiva. Coincidentemente con la declaración de AP, la Contraloría presentó a la Asamblea el trámite para iniciar la destitución de Glas, acusado de irregularidades en la adjudicación de un campo petrolero en momentos en que era ministro de sectores estratégicos. La Constitución establece que para dar ese paso se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. Los pasos siguientes serán la calificación del Consejo de Administración Legislativa y luego una reunión del pleno para la cual no hay fecha dispuesta aún.

Después del anuncio de AP, el presidente Moreno presentó un pedido de medida cautelar ante la Justicia, considerando que la decisión «viola derechos constitucionales e incurre en faltas procesales internas». Tras la presentación, un Tribunal de Garantías Penales de Quito dejó sin efecto la decisión de la Dirección Nacional y dispuso que el Consejo Nacional Electoral no inscriba la designación de Patiño. 

La decisión es muy discutida por los máximos dirigentes de AP, por considerar que se inmiscuye en asuntos partidarios internos. En tanto, Moreno encontró apoyo en aliados que integran su gobierno por fuera de AP y en funcionarios en los que confió en momentos críticos, como la vicepresidenta que nombró en reemplazo de Glas, María Alejandra Vicuña. Para ella, la decisión que tomó la directiva es «un despropósito, espuria, no corresponde al sentir de las bases, sino que causa sorpresa, asombro, indignación de ver cómo está desapegada a la norma interna de Alianza País». A su vez, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, pidió «a todos los compañeros que usaron la militancia, la revolución ciudadana y al movimiento País, para tener algún espacio o puesto público, si ya no coinciden con los principios del partido, por favor permitan que estén los que creemos en lo que dicen sus estatutos y en lo que hemos hecho, si no, tienen la libertad de generar otro partido político».

La sentencia de Serrano parece anticipar una posible fractura en el movimiento que condujo lo que se denomina la «década ganada» en Ecuador y produjo numerosas transformaciones sociales y culturales. Hasta ahora, las manifestaciones cercanas a Moreno y a Correa se encuentran divididas y parejas, tanto entre los gobiernos distritales que responden al oficialismo como en las bancadas regionales y nacional. La resolución de esta crisis tal vez llegue en la convención anunciada por Patiño y Gabriela Rivadeneira el 31 de octubre, para la «reestructuración del partido», lo que podría ocurrir no antes de fin de mes y para lo cual, dijeron, se ha «decidido invitar a nuestro líder Rafael Correa». «