La Corte salió a marcar la cancha en plena pelea con el Ejecutivo

Pidió que se investigue la conformación de la sala de Cámara Federal que excarceló a Cristóbal López y denunció, con un año de retraso, la filtración de escuchas telefónicas realizadas por su dependencia.
23 de Marzo de 2018

Tras el fallo que inhabilitó al Tribunal Oral Federal 9, con jueces designados por el gobierno nacional sin pasar por el Senado, la Corte Suprema entró en cortocircuito con el Ejecutivo y con algunos sectores de la justicia federal salió a marcar la cancha con dos fallos que hicieron ruido.

Por un lado, ordenó que se investigue el procedimiento de conformación de la sala de la Cámara Federal que excarceló al empresario Cristóbal López.

Lo hizo a través de un oficio dirigido al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, para que se investigue como se conformó el tribunal, integrado por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, quien fue nombrado igual que el TOF 9 sin pasar por el Senado. Los dos magistrados debieron convocar a un tercer juez, Eduardo Farah, para desempatar.

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Por otro lado, y con más deun año de demora, la Corte solicitó al Congreso que ordene una auditoría en el organismo a cargo de las escuchas telefónicas para determinar si las filtraciones de los audios entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli surgieron de esa dirección de inteligencia.

El pedido al Congreso fue dirigido a la comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Actividades de Inteligencia, presidida por el diputado radical pampeano Juan Carlos Marino.

En la misa nota, los cinco miembros de la Corte solicitan al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, uno de los magistrados que investiga a la ex presidenta, que informe cualquier detalle que considere relevante de la actuación de los agentes encargados de interceptar comunicaciones, y también para determinar si las filtraciones surgieron de allí.

La Corte recordó que una de las premisas del organismo autónomo creado por el Poder Judicial, que terminó siendo la a Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos Crimen Organizado, es "asegurar el cumplimiento de los principios de transparencia y confidencialidad en las ejecución de dichas tareas".

Por ello, el máximo tribunal busca determinar "si existen elementos que permitan establecer si las filtraciones de audios con escuchas judiciales tuvo su origen en la mencionada dependencia".

Es así que la nota de la Corte dirigida al juez del expediente requiere "si se han detectado circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de aquella Dirección, si existe alguna observación respecto la forma en la que se desarrollan las tareas que fuera susceptible de afectar los principios de transparencia, confidencialidad custodia".

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