La Comisión de Juicio político de la Cámara de Diputados retomó sus reuniones este jueves y comenzó a analizar los expedientes vinculados con el fallo por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Para el próximo encuentro se citará a Rogelio Frigerio tras las elecciones de Entre Ríos en las que competirá para la gobernación.
Conducida por la diputada por la provincia de Entre Ríos Carolina Gaillard (Frete de Todos), ahora se dedicará a investigar el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema en la medida cautelar por la cual se ordenó que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.
En esta oportunidad, el oficialismo maneja como hipótesis que hubo un acuerdo para traficar la sentencia entre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el titular de la Corte, Horacio Rosatti. Las pruebas que se exhibirán son los chats que se filtraron mediáticamente entre Silvio Robles, asesor de Rosatti, y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. En esa línea, el diputado Rodolfo Tailhade solicitó que se ordene una “huella de voz” para determinar la verosimilitud de estas filtraciones. “Como todavía no tenemos las manifestaciones testimoniales de Robles y D’Alessandro sobre si reconocen estos chats, por lo pronto solicito que hagamos una prueba independiente y que la Policía Federal sea la que esté encargada de llevar adelante el peritaje”, señaló el diputado.
Desde la Coalición Cívica volvieron a insistir en la inadmisibilidad de esas conversaciones.
En cuanto a Frigerio, ex ministro del interior del macrismo, tanto Tailhade como el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) solicitaron su presencia a partir de un vídeo de una entrevista donde el entonces funcionario nacional reconoce que Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el encuentro de este jueves se escuchó la palabra Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación. Indicó que tanto el gobierno de Mauricio Macri como la Corte Suprema no detallaron cómo llegaron al monto total de recursos que consideraron necesarios para financiar el traspaso de la policía.
En ese punto recordó que “en 2016 fue suscripto entre el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo de la Ciudad el convenio de traspaso de funciones de seguridad en materia no federales. En el convenio de traspaso de la policía no fue estimado el costo que podía representar la ejecución o cumplimiento de esos servicios no federales, y tampoco se estableció allí ningún mecanismo o procedimiento destinado a establecerlo”.
“Nuestra postura, en representación del Estado nacional, es que los decretos 194, 392 y 257 carecen de fundación económica y financiera. Y el cuestionamiento que desde la representación del Estado Nacional hemos formulado estriba en que la forma de compensar el mayor costo fruto de la transferencia de servicios a una administración local no debe ser la fijación de un porcentaje determinado dentro de la coparticipación, sino la medición del costo, fijando luego una cláusula de ajuste. Pero no necesariamente atado a un porcentaje de la coparticipación”, agregó.
Las próximas citaciones
Los integrantes de la Comisión votaron que se cite como testigos a Sivina Batakis, exsecretaria de las Provincias; Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; Pedro Oscar Goyochea, asesor general del Gobierno de La Rioja; Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson, letrados apoderados del Ministerio de Economía, que intervinieran en las audiencias de conciliación de la causa; y al fiscal general porteño, Juan Ignacio Mahiques.
También están en el listado los ministros de Economía de las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Tucumán y Catamarca.
