El fallo de la Corte Suprema sobre el 2×1 a represores de la última dictadura desnudó la discusión real de poder en el máximo Tribunal. Por una decisión en la que no estuvo de acuerdo el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, la Corte quedó en el ojo de la tormenta. ¿Recompondrá en los próximos días liberando a Milagro Sala? 

Durante años, Lorenzetti sostenía en su despacho, después de cada acuerdo en el que se firmaba un fallo trascendente, una reunión explicativa con un grupo de periodistas. Evacuaba dudas, respondía algunas preguntas y explicaba el contenido de las sentencias. Eso dejó de pasar desde poco antes del cambio de gobierno. La última vez que se produjo esa reunión fue con motivo del fallo que suspendió momentáneamente tarifazos en servicios públicos. Desde entonces, nunca más. 

El fallo en el “Caso Muiña” ameritaba explicaciones. Pero Lorenzetti votó en minoría, y no hubo explicación ni preguntas ni respuestas. 

Rápidamente, fiscales y tribunales orales federales rechazaron planteos excarcelatorios surgidos al clamor del controvertido fallo. Es cierto que lo hicieron por razones formales, sin adentrarse en el fondo de la cuestión. Y que el mero recálculo del cómputo de la pena, aun con el rechazo a la libertad, implica una aceptación tácita del criterio fijado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Pero la frase que resuena en esos ámbitos es “si la Corte quiere liberar a violadores de los derechos humanos, que lo hagan ellos, no nosotros”. 

El juez Gabriel Nardiello subrayó que los tribunales de inferior jerarquía que la Corte no están obligados a seguir sus mandatos. Y como en el derecho argentino no existe el efecto erga omnes (el criterio del fallo es extensible a todos) se avizora una tendencia a rechazar excarcelaciones para que la Corte deba resolver uno por uno o saque una instrucción generalizada poco menos que ordenándoles a los demás jueces que sigan sus instrucciones. 

¿Lorenzetti es ajeno a esa suerte de resistencia a aplicar el fallo? 

En los años de apogeo de su presidencia en la Corte (que parecen llegar a su epílogo) los juicios por delitos de lesa humanidad fueron reiteradamente definidos por Lorenzetti como una “política de Estado”. En los últimos años del kirchnerismo ese parecía ser el único punto de confluencia entre la Corte –él- y el gobierno. Lorenzetti no pudo torcer el sentido del fallo. En ese enjuague, perdió mucho más que una votación. «