Mientras el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo ha sido quebrantado en Argentina, paralelamente las mujeres brasileñas llevaron su lucha hasta el Supremo Tribunal Federal (STF). Los once jueces de esa corte deben analizar una acción del 8 de marzo de 2017 planteada de manera conjunta por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y la ONG Anis, un instituto de bioética. El disparador es el caso de Rebeca Mendes, una brasileña que debió ir hasta Colombia para realizarse un aborto legal luego de que le fuera negada la posibilidad por la justicia en su país debido a la prohibición que rige en Brasil.

La presentación reclama la despenalización hasta la semana 12 de gestación. El planteo indica que los artículos de 1940 que criminalizan la práctica están en contradicción con la Constitución de 1988. Ese año se elevaron a principios constitucionales la dignidad de la persona humana, la inviolabilidad de la vida, la prohibición de la tortura, la igualdad, la libertad, y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Como ocurre en todo el mundo, la criminalización no impide la práctica que, en los últimos diez años, según calcula el Ministerio de Sanidad brasileño, han llevado adelante entre 9,5 y 12 millones de mujeres en Brasil. En los hospitales públicos mueren alrededor de cuatro mujeres por día como consecuencia de abortos clandestinos, según la misma fuente oficial.

La legislación actual del mayor país de Latinoamérica pena con cárcel de uno a tres años a la mujer que se practique un aborto y hasta cuatro años a quien la ayudara. Brasil no solo es el país con más católicos del mundo, también es escenario de un gran crecimiento  de las iglesias evangélicas, de hecho todos los intentos por cambiar la legislación en el Parlamento han encontrado una blindada negativa del bloque evangélico. No está de más indicar que la proporción de mujeres en el Parlamento Nacional es de las más desiguales de América Latina, apenas el 10,7% a pesar de que la población femenina supera a la masculina.    

Como ocurrió en Argentina en el Parlamento, pero ante el STF, la semana pasada se presentaron expertos de todas las áreas para hablar del tema: especialistas de la salud, así como universidades, organizaciones religiosas y representantes de ONG.

Sin embargo, entre las organizaciones religiosas que plantearon sus posiciones, destacó la pastora luterana Lusmarina Campos Garcia, quien afirmó que el Antiguo y el Nuevo Testamento lo admiten, y que la Biblia ha sufrido una “apropiación machista”.  Campos Garcia planteo que “el único con poder de juzgar es Dios, y Dios es amor incondicional. La capacidad de generar una nueva vida es mucho más que cumplir una ley de la naturaleza, de la sociedad o de la religión. Se necesita una decisión reflexionada de hombres y mujeres que poseen la capacidad de elegir tener hijos e hijas amadas y deseadas”.

Las posiciones que se desplegaron ante el tribunal para que no avale la presentación de despenalización del aborto plantean que la vida comienza desde la concepción. Mientras que la posición que va por la libredecisión pide la inconstitucionalidad de los artículos 124 y 126 del Código Penal.

El Supremo Tribunal tiene en su haber dado lugar a algunas leyes que hacen que los más optimistas esperen una decisión favorable: en 2008 aprobó los estudios con células madre embrionarias; en 2011 admitió el matrimonio homosexual y en 2012 legalizó el aborto de fetos sin cerebro.