Las respuestas "vacías" del ENRE para justificar el tarifazo eléctrico

En sintonía con las empresas, el Ente hizo la vista gorda a los cuestionamientos por los aumento de Edenor y Edesur. Los consumidores reclaman rescisión de contratos y sanciones.
16 de Enero de 2017

Tecnicismos, gambetas, parcialidad, opiniones tendenciosas, vista gorda. Son algunos de los recursos utilizados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para justificar la posición de las empresas y desestimar los cuestionamientos de quienes levantaron la voz en contra del tarifazo eléctrico. Además, no respondió a las exposiciones de las empresas, sino que se limitó al resto de los oradores.

El ENRE publicó una extensa resolución de la Audiencia Pública (AP) que debatió la propuesta tarifaria de las concesionarias de distribución de electricidad Edenor y Edesur, la cual tuvo lugar en el teatro La Ribera, a fines del año pasado. A la fecha no ha publicado el nuevo cuadro tarifario por la suba en este ítem, pero en el sector se descuenta que lo hará muy pronto y respetando el pedido de las dos empresas, del 35% pero con impactos en las consumos más bajos que superarían el 70%.

Hay respuestas rígidas que se repiten con frialdad, sin ánimos de profundizar en las problemáticas planteadas. Los cuestionamientos sobre subsidios a sectores vulnerables, sobre diferenciales a la industria, sobre la calidad del servicio o sobre la independencia del ENRE con respecto a las empresas fueron gambeteados con frases como “La política de subsidios no es competencia de este Ente”; “La independencia del ENRE es una exigencia de la Ley”; “El objeto de esta Audiencia Pública es la propuesta Tarifaria”; “Las propuestas de las Concesionarias deben contener los parámetros exigidos por las Resoluciones ENRE N° 463/2016; 492/2016, y las demás que están vigentes en la actualidad”. Básicamente, ante cuestionamientos sobre el cumplimiento de la ley, el ente respondió que existe una ley.

Un planteo que hicieron varios oradores fue la falta de capacidad de pago de los usuarios ante aumentos desmedidos. “Los aspectos socioeconómicos para su implementación (aumento de tarifas) no es competencia de este Ente”, fue la reiterada y escueta devolución. Sin embargo, a la hora de justificar los aumentos, no tuvo reparos en ahondar sobre diversas problemáticas socioeconómicas e históricas. Por ejemplo, ante un planteo de la UIA sobre considerar a la energía como un recurso estratégico, el ente citó a la “Segunda Guerra Mundial”, a “los embargos energéticos impuestos por EEUU a Japón con anterioridad a Pearl Harbor o los aplicados a Cuba”, con el fin de calificar a la energía utilizada para la industria como “un bien económico para producir commodities”. De la misma forma, cuando AGUEERA (grandes usuarios) cuestionó la eximición a las empresas de la responsabilidad de asegurar el abastecimiento, la explicación fue que “en la actualidad, no es posible celebrar contratos libremente pactados entre los agentes del Mercado, y CAMMESA centraliza la posibilidad de realizar contratos con los agentes generadores. En la medida que estas restricciones actuales queden sin efecto y se regularice el funcionamiento del Mercado Mayorista, se retornará a la lógica situación de responsabilizar a los distribuidores por el abastecimiento de sus usuarios”.

En algunos pasajes, el ENRE se animó a dar su verdadera visión sobre algunas cuestiones, lo cual dejó en evidencia su empatía con la posición de las empresas. Sobre la pésima calidad del servicio, sentenció: “Mayor calidad implica mayor tarifa”; al hablar de subsidios, después de aclarar por enésima vez que el tema no es competencia del organismo, se permitió “señalar que se han eliminado los subsidios generalizados y se ha implementado subsidios dirigidos a los que realmente lo necesitan”.

Los subsidios fueron durante la última década una enorme fuente de ingresos para las empresas (se subsidiaba a las empresas, no a los usuarios) y no hubo grandes inversiones, lo cual explica el deterioro del servicio. Ante la consulta sobre el destino de esas cifras millonarias, respondió que “es un tema ajeno al objeto de esta Audiencia, no está incluido en la pretensión tarifaria que han expuesto las dos concesionarias en este acto” y “se puede acceder a los registros de las Concesionarias en los sitios donde se registran los balances de las Sociedades Comerciales que cotizan en la Bolsa de Valores. Si bien EDESUR SA no cotiza en bolsa, sus balances son públicos”.

Muchos oradores expresaron preocupación por colocar los aumentos en primer lugar y luego exigir inversiones, además de denunciar los escasos o nulos controles sobre las mismas. “Por la dinámica del funcionamiento, las tarifas van incorporándose a las necesidades del giro de la concesión y pagando las inversiones de las que dispondrán los usuarios del servicio”, avaló. Sobre los controles, se limitó a decir que “se implementarán controles adicionales para verificar que la asignación de los recursos coincidan con los reconocidos para realizar el cuadro tarifario”.

El sector metalúrgico se mostró preocupado por la pérdida de competitividad que implica pagar valores muy altos de energía (insumo clave de la actividad) y pidió una tarifa diferencial. “Se aclara que proceder de la manera solicitada no solucionaría el problema de fondo, impuestos elevados y rigidez laboral, e introduciría más distorsiones en la economía, ya que lo correcto es lograr reducir el gasto fiscal de manera que permita un sistema impositivo más eficiente y tener regímenes de trabajo que estén más asociados a la productividad para lograr un aumento genuino de competitividad”, justificó. Uno de los temas más sensibles de la AP fue la urgente y desesperante situación de los electrodependientes. El ENRE se desentendió: “Este Ente no tiene la facultad de otorgar subsidios que se instrumentan a través de la Tarifa Social así como tampoco ni determinar los sujetos alcanzados por ese beneficio”.

Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación por la Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), fue contundente en su análisis: “Las respuestas fueron vacías. Es evidente que no les interesa en lo más mínimo la situación de las personas. Brindar el servicio de energía es una obligación. Creen que están regalando. Es un problema ideológico. Son las respuestas de los dueños de las empresas, conforme a la situación financiera de las mismas. No les importa ni los usuarios ni los consumidores”.

Bassano explicó que la AP es un escenario de demanda, contestación y prueba, en el que el Gobierno debe ser independiente del empresario. Pero (Ricardo) Leone (presidente del ENRE) no piensa en los consumidores; sólo piensa en las empresas”. Con respecto a la respuesta que dio a su inquietud, resumió: “Fue una chicana. Me lo imaginaba; pudo haber sido más elegante, pero ni siquiera eso”. Para finalizar, Bassano advirtió: “La paz social está en riesgo, si siguen por este camino, porque la gente está harta de tantos abusos”.

Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, dijo a Tiempo que la respuesta “no aborda el fondo de la cuestión. Ratifico todo lo que dije en la AP (NdeR: pidió la rescisión de los contratos por incumplimientos sistemáticos de las empresas). Hay razones más que suficientes para rescindir los contratos y los controles y sanciones dejan mucho que desear. Esperaba una respuesta más objetiva, pero sólo trata de justificar los incumplimientos de las empresas y la actitud permisiva de la entidad”.

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