Mientras el presidente colombiano Iván Duque endurece su posición frente a la negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional, inconclusa por su antecesor Juan Manuel Santos, organismos de DD HH lo presionan para que active los mecanismos que contribuyan a cerrar una de las heridas mayores que dejó la guerra en su país: los desaparecidos.
Según el reciente informe del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el conflicto dejó, entre 1958 y julio del 2018, un total de 80.514 desaparecidos, cifra que supera a las víctimas de desaparición forzada de todas las dictaduras del Cono Sur. El informe, presentado esta semana en coincidencia con el Día Internacional de la Desaparición Forzada, que se conmemoró el 30 de agosto, «constata la complejidad y dificultad del proceso de búsqueda de personas desaparecidas, a través del seguimiento de varios casos». El CNMH afirma que de los más de 80 mil desaparecidos originales, «70.587 siguen sin aparecer». El resto fue restituido o hallados sus cuerpos.
El informe además destaca cómo «una ley transicional puede usarse a favor de encontrar a las personas desaparecidas», justamente uno de los aspectos vinculados con el acuerdo de paz logrado con las FARC en 2016 que el nuevo presidente derechista quiere revisar.
«El objetivo es poner a disposición de las instituciones y de la sociedad una herramienta que permita comprender la dificultad del sistema institucional y así identificar las fallas en los sistemas de registro, análisis y la búsqueda de los desaparecidos, para que podamos tratar a las familias de las personas desaparecidas con respeto y garantizando su Derecho a Saber», señaló Helka Quevedo, relatora del informe e investigadora del CNMH, según recoge el sitio del organismo.
La presentación motivó que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidiera «especialmente» al gobierno de Duque priorizar la búsqueda de los desaparecidos.
«La sociedad en su conjunto, y especialmente el nuevo gobierno, debe hacer un esfuerzo por priorizar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar que se hace todo lo posible para que los familiares tengan respuestas», dijo Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia. Harnisch destacó la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), pactada en el acuerdo de paz suscrito entre Santos y la exguerrilla FARC, hoy transformada en partido político. Sin embargo, la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, criticó que la unidad carece de «recursos económicos» para su puesta en marcha. «Más allá de los trámites administrativos, hace falta voluntad política. Lo que las familias necesitan son respuestas y, hasta ahora, no las tienen», dijo.
También esta semana, el CNMH publicó el adelanto de otro informe crítico, que revela que el conflicto interno expulsó del país a unas 400 mil personas, sólo entre 2000 y 2012. El informe «Exilio colombiano: huellas del conflicto armado más allá de las fronteras» se presentará en septiembre y afirma que esa cantidad de colombianos debió cruzar las fronteras «durante el recrudecimiento del conflicto armado interno, entre los años 2000 y 2012, para salvar sus vidas, y las de sus familias, de la violencia de los paramilitares, guerrilleros y agentes del Estado». Además, indica, «estimaciones no oficiales hablan de una cifra mucho más alta». Además Colombia es el segundo país del mundo con mayores desplazamientos internos, con 68,5 millones de personas.
El otro aspecto que dejó pendiente Santos es la concreción de los programas de reinserción de exguerrilleros y de poblaciones campesinas que al retirarse los grupos armados quedaron expuestos a las acciones de bandas paramilitares y narcos, por incumplimiento de estos planes. Además, la seguridad de los exfarc, también comprometida en el acuerdo, no está del todo garantizada, según denunció este viernes el partido. Se supo que sus miembros Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez y Henry Castellanos abandonaron el esquema de seguridad de la estatal Unidad Nacional de Protección y se desconoce su paradero. Márquez y Velásquez permanecían en el Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación de Miravalle, donde argumentaron días atrás que se sentían perseguidos por militares. Tiempo después desaparecieron y se cree que estarían en Venezuela.
Precisamente, Márquez, número dos y exjefe negociador de las FARC, declinó asumir como senador el pasado viernes, tras denunciar la «desfiguración» del acuerdo de paz firmado a finales de 2016. En una carta pública, alega «circunstancias insalvables que se interpusieron» en su intención de formar parte del Congreso que se instalará el 20 de julio, conforme lo previsto en el pacto que permitió el desarme y transformación de las FARC en partido de izquierda. El exjefe rebelde se escudó en tres razones para no asumir uno de los diez escaños que le reserva el pacto de paz a la nueva fuerza política: la captura con fines de extradición de su compañero Jesús Santrich, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, la modificación de lo pactado con el gobierno y la falta de condiciones para el «tránsito de la rebelión armada a la política legal». «
