Negociaciones al margen de la Justicia para controlar daños

El ministro Garavano y los abogados de Odebrecht buscan saltear la intervención del Poder Judicial.

El Ministerio de Justicia ya sabe cuáles son los términos del acuerdo que la multinacional brasileña Odebrecht piensa proponer a los fiscales argentinos para arribar a un acuerdo de "delación premiada". Apunta a dos objetivos: uno menor, penas menos severas para los delincuentes confesos; otro más relevante, la posibilidad de seguir obteniendo contratos de obra pública.

¿Cuántos son los casos de supuesta corrupción en los que la empresa brasileña intervino en el país? Según la presentación original ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, la agencia federal encargada de la supervisión de los mercados financieros, Odebrecht reconoció haber realizado pagos ilegales en tres emprendimientos. La ampliación de los gasoductos en el sur , que terminó por convertirse en un desprendimiento del "Caso Skanska"; obras de AySA en Paraná de Las Palmas y Berazategui y el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Las dos primeras se desarrollaron esencialmente durante el anterior gobierno, pero la tercera se está ejecutando ahora, a través de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que extiende sus ramificaciones hasta allegados muy cercanos al presidente Mauricio Macri.

A la empresa brasileña no le interesan los políticos más que para valerse de ellos. Lo que verdaderamente les preocupa es la continuidad de esos negocios, más allá del escándalo que se desató después de aquella primera confesión ante la SEC. Los empresarios que aseguraron ante el juez brasileño Sergio Moro haber "Wsostenido el sistema político durante 20 años" solo quieren seguir consiguiendo contratos. El objetivo parece encaminado en Perú y Colombia, cuyos poderes judiciales le dieron a los arrepentimientos un trato mucho más serio, prolijo y metódico que en la Argentina. En cambio aquí hay obstáculos que solo podrían salvarse con una negociación que, más allá de lo económico, tuviera por eje lo político.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió durante la semana (y lo anunció públicamente) con los abogados de los principales directivos de Odebrecht en la Argentina, Maximiliano Frola y Pablo Maggio. Son los mismos letrados que habían mantenido un contacto semanas atrás con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para proponer un acuerdo y aportar información sobre la presunta corrupción: a quiénes les pagaron, en qué conceptos y a dónde fue a parar el dinero.
La ley 27.304, "del arrepentido", promulgada en noviembre de 2016, establece que "el acuerdo de colaboración se celebrará entre el fiscal y las personas que brindaren información" y añade que "al celebrarse el acuerdo entre el fiscal y el imputado arrepentido, el mismo se presentará para su homologación ante el juez de la causa". En ningún momento la norma menciona a funcionarios de gobierno como parte de esa negociación con el acusado. 

La reunión de Garavano con los abogados de Odebrecht pudo haberse explicado en la vocación del gobierno por esclarecer los casos de corrupción. Pero el "doleiro" Leonardo Meirelles, el hombre que admitió haber pagado sobornos a nombre de la empresa brasileña, involucró directamente a un funcionario del gobierno, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. Aseguró que le transfirió 850 mil dólares, presuntamente por pagos ilegales.
Entonces, Garavano se reunió con los abogados de empresarios acusados de corrupción a funcionarios públicos argentinos, al menos uno de ellos del actual gobierno (es decir, compañero de banco del ministro) para "recabar información que permita esclarecer el supuesto pago de sobornos", según expresó un documento oficial. Aun sabiendo que no era él sino los fiscales quienes debían avanzar en un acuerdo con los representantes de Odebrecht, acusó en el mismo documento: "el Ministerio Público Fiscal no muestra el compromiso suficiente para esclarecer los hechos".

"El presidente (Mauricio Macri) nos encomendó colaborar con la Justicia." La forma de hacerlo fue, justamente, saltear la intervención de los organismos vinculados con el Poder Judicial y los procedimientos establecidos por la ley.
Poco después, el propio Garavano, según un despacho de la agencia Télam, informó: "Uno de sus abogados (de Odebrecht) nos acercó una propuesta que en este momento se está examinando." Pero enseguida reconoció que "hoy, como está planteada, no es compatible con la legislación argentina, así que no sería posible suscribir un acuerdo, lo que no quiere decir que no se pueda avanzar en otro formato".

Es curioso: el mismo día en que Garavano se reunió con los abogados de Odebrecht, el fiscal federal Federico Delgado les envió una nota emplazándolos para que en cinco días concretaran la propuesta de acuerdo que habían insinuado. La secuencia es la siguiente: los letrados de la empresa brasileña se presentaron ante la fiscalía –prometieron formular una propuesta de acuerdo– no lo hicieron . En el ínterin se reunieron con el ministro de Justicia - a él sí le presentaron una propuesta–, Garavano no podía recibirla pero lo hizo y finalmente reconoció que no podía, él, firmar un acuerdo. 

¿Cuál es el resultado final? El gobierno ya sabe qué es lo que Odebrecht se propone presentar ante los fiscales. Pero, como todavía no lo hizo, hay un tiempo de por medio que se avizora como un escenario ideal para corregir lo que "sea necesario".
El convenio de Odebrecht con los fiscales (además de Delgado, su colega Franco Picardi y el titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas –PIA–, Sergio Rodríguez) debe ser aceptado y homologado por los jueces. ¿Puede haber un acuerdo parcial? Odebrecht puede proponer sobre qué puntos aportará información. En esos casos, con la virtual confesión de los delitos, los expedientes deberían avanzar rápidamente.

Sobre los demás casos, los no contemplados en el acuerdo, el Estado argentino no puede renunciar a la investigación. Pero para llegar a la verdad en cada uno de ellos carecerá de un elemento fundamental: la colaboración del imputado. «

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