Las petroleras que recibirán de sus clientes unos $ 10 mil millones más intereses, como compensación por la devaluación y su impacto en el precio del gas, son las mismas que cobrarán el año próximo unos $ 27 mil millones de pesos en subsidios por la producción de gas no convencional en Vaca Muerta.

Ese es el caso de la semiestatal YPF, la francesa Total, la argentino-chino-británica Pan American Energy (PAE), la controlada por Techint Tecpetrol, y CGC, la firma que forma parte del emporio empresarial que dirige Eduardo Eurnekian.

Casualmente, son las cinco petroleras que encabezan el ranking de producción de gas en el país en este año, según los datos de la Secretaría de Energía.

Estas empresas son las que cobran el precio sostén que garantiza el gobierno nacional y que es un 50% mayor que el que reciben por la extracción de gas en otros yacimientos del país.

Ese precio sostén o subsidio fue establecido por el gobierno nacional por medio de la resolución 46/2017, que estableció un valor de 7,5 dólares por millón de BTU, una unidad de medida en el comercio de gas natural. El objetivo declarado fue el de impulsar la producción de gas en Vaca Muerta, cosa que se logró, ya que, en los hechos, el incremento en la producción de gas en la Argentina surge exclusivamente de las operaciones petroleras que se realizan en ese yacimiento.

Según los cálculos del gobierno esbozados en el mensaje que acompaña el proyecto oficial de Presupuesto 2019, el subsidio implicará la erogación de unos 10 mil millones de pesos en este año. Con la excusa de la devaluación, ese mismo documento prevé gastos por $ 27 mil millones en 2019, un 160% más.

Beneficiados

A los subsidios se les agregan, ahora, estos 10 mil millones de pesos que deberán pagar los usuarios de gas como compensación por la devaluación. La cifra surge de cálculos privados, ya que el gobierno no ha dicho aún cuál será el costo total.

A diferencia del subsidio anterior, que está concentrado en un puñado de petroleras, este lo recibirán todas las que vendieron gas para consumo interno entre abril y septiembre de este año.

Ello implica que a la lista anterior se agreguen Pampa Energía, la petrolera de Marcelo Mindlin, que también controla a Petrobras Argentina y que está sexta en el ranking de producción de gas a nivel nacional. Le siguen la chilena ENAP Sipetrol, la controlada por YPF Pluspetrol y la china Sinopec.

Estas nueve empresas concentran el 85% de la producción de gas del país. El 15% restante se distribuye entre unas 60 firmas.

El viernes pasado el gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución 20/2018 por la que estableció esta compensación «a raíz de la marcada variación del tipo de cambio» que provocó la acumulación de diferencias diarias significativas «por la compra de gas en el marco de los contratos suscriptos entre los productores (de gas) y las Licenciatarias de Distribución».

Es decir, producto de la dolarización del precio del gas, los usuarios deben compensar a las petroleras porque el valor del gas se calculó en base a un dólar de $ 20,18. El viernes cerró a $ 38,40 en su variante mayorista.

Irrazonable

Sin embargo, existen muchas posibilidades de que esta resolución sea impugnada en la Justicia. Mariano Lovelli, abogado y titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), le dijo a Tiempo que «dolarizar las tarifas se ha vuelto un gran problema por la devaluación de nuestra moneda. Eso inevitablemente generar un doble aumento».

Lovelli subrayó que el gobierno se apoya en normas elaboradas para un esquema monetario de la convertibilidad. «Esas normas preveían una mínima diferencia de precios del gas, porque la economía argentina no tenía inflación ni devaluación. Usarlas ahora, en un contexto de 45% de inflación y 100% de devaluación es absolutamente irrazonable.»

Lovelli comparó esta decisión con la negativa del gobierno a convocar a audiencias en 2016 para discutir el tarifazo de aquel entonces. EL argumento fue que ya se había realizado la audiencia en 2005. «Sacan del sarcófago y exhuman una letra muerta para dar un manto de legalidad que claramente no lo tiene», indicó y agregó que CEPIS analiza la resolución y no descarta alguna acción legal en el corto plazo.

En el mismo sentido se manifestó Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores. «La comisión de usuarios del Enargas hemos planteado la anulación de la última audiencia pública, por no tener ningún tipo de información. Lo perverso es que es un procedimiento permanente. Cada seis meses se va a agregar el DDA (Diferencias Diarias Acumuladas) a las tarifas», advirtió.

Esta compensación se suma al nuevo tarifazo vigente desde el 1 de octubre y que implicó alzas en las facturas de un 35% promedio, con picos de hasta el 50% en el caso de los usuarios de consumo más bajo. «

Iguacel apagó el fuego con gas: dijo que sólo se quejan los militantes

Apagar el incendio con nafta, en este caso con gas. Eso fue lo que hizo el secretario de Energía nacional, Javier Iguacel, al tratar de explicar el nuevo aumento que sufrirán los usuarios de gas, a partir del enero de 2019, para compensar a las empresas distribuidoras por la devaluación del peso. «La mayoría de la gente que se queja del aumento son militantes», dijo el funcionario, que ante la pregunta de si se refería a «militantes kirchneristas» asintió.   

Iguacel trató de explicar que el aumento «extra» que deberán afrontar los usuarios «no es una compensación». Y le atribuyó esa interpretación a la «desinformación» de la expresidenta Cristina Fernández. «Durante el invierno los productores de gas facturaron a las distribuidoras el precio establecido semestralmente por el Enargas –indicó el secretario–. La diferencia se debe cobrar en el siguiente período, es decir, en el verano. No es una compensación por la devaluación.» 

En ese contexto, el funcionario criticó que hay «militantes que buscan asustar a la gente». «Cuando uno mira el consumo anual, aún después del aumento del 34,7%, el 70% de los hogares pagará $ 700», y volvió a comparar la cifra con los costos de otros servicios, sin reparar en el hecho de que no se trata de servicios esenciales. «Es la mitad de lo que sale el servicio de cable.»

Por el lado opositor fueron varias las voces que se alzaron contra la decisión del oficialismo, que anunció que los usuarios tendrán que pagar 10 mil millones de pesos a las empresas en 24 cuotas.

La expresidenta Cristina Fernández fue la que picó en punta. «Nunca vi nada igual en toda mi vida. Estos tipos no tienen límites. Ya es demasiado. Acabo de presentar un proyecto de ley para derogar esa resolución», escribió en su cuenta de Twitter.

Sergio Massa, líder del Frente Renovador, por su parte, remarcó: «El gobierno cada día está más lejos de la economía de la gente. Lo votaron para que trabaje para el conjunto de los argentinos,  no para las empresas que son las únicas beneficiadas en la mediocre gestión de Mauricio Macri». «