A 6 años del ataque a Tiempo Argentino, la complicidad policial y judicial está a punto de quedar impune

La comprobada participación policial en el ataque que sufrió la redacción de Tiempo Argentino y Radio América hace seis años, está cada vez más cerca de lograr la impunidad. El juez Marcelo Martínez de Giorgi resolvió este jueves sobreseer al comisario Jorge Azzolina, quien estaba a cargo de la ex Comisaría 31 de la Policía Federal, desde donde se tejió –según propios imputados en la causa– la estrategia para copar por la fuerza el edificio ubicado en el barrio porteño de Colegiales, en el que las y los trabajadores de prensa resguardaban sus elementos de trabajo tras el vaciamiento del Grupo 23 por parte de los empresarios Sergio Bartolomé Szpolski y Matías Garfunkel.

Según se desprende de la resolución del Juzgado Criminal en lo Correccional Federal N° 8, se dio por acreditado que el 4 de julio de 2016, a las 00:30 horas, el supuesto empresario, devenido en matón, Mariano Martínez Rojas, secundado por Juan Carlos Blander y una patota compuesta por al menos 13 hombres (todos identificados y procesados) “ingresaron con anuencia policial al inmueble ubicado en la calle Amenábar 23 de esta ciudad, en forma clandestina violentando los cerrojos de acceso y el cambio de la cerradura de las puertas de acceso al lugar, con el fin de ocuparlo y despojar a los empleados de la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo Limitada que edita el diario Tiempo Argentino”.

En ese momento, pernoctaban allí los integrantes de la cooperativa Nahuel De Lima, Gabriel Matías Agüero y su madre, Norma Elizabeth Fernández, quienes fueron obligados a irse tras ser amenazados y golpeados por los agresores. “La certeza de la participación policial, que fue un aporte indispensable al ataque, la tenemos desde esa misma madrugada. Los trabajadores y las trabajadoras del diario que la patota golpeó y echó del edificio vieron los patrulleros, igual que la primera compañera que llegó al lugar; el cerrajero dijo que abrió la cerradura por orden policial y el jefe de la patota (Blander) admitió que el comisario fue el que lo recomendó para el ‘trabajo’ a Martínez Rojas”, explicó la abogada de la cooperativa, María del Carmen Verdú.

La referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advirtió que «ya era un escándalo que solo el comisario estuviera imputado. Este sobreseimiento es la prueba de que los jueces hasta pueden meter preso a un empresario cuando cae en desgracia y pierde su coraza protectora, pero la impunidad policial es permanente”.

Martínez de Giorgi había procesado a Azzolina en el mismo expediente en el que Martínez Rojas, Blander y su patota quedaron imputados por los delitos federales de usurpación, daño, interrupción de la comunicación y robo. El reciente fallo de este magistrado va en sintonía con el de los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi de la Sala I de la Cámara Federal que, a mediados de 2019, revocó el procesamiento del comisario y le dictó falta de mérito, a la espera de la producción de nuevas pruebas.

Para reforzar los elementos contra Azzolina, Martínez de Giorgi le tomó declaración por escrito a la fiscal Verónica Andrade, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6, que intervino aquella madrugada. La funcionaria judicial aseguró que en todo momento la policía cumplió con sus órdenes y que la primera comunicación entre los uniformados y ella se produjo después de las 2 de la madrugada, cerca de una hora y media más tarde de la intrusión al lugar, al que los agresores habían llegado acompañados por los propios uniformados.

Hace un año atrás, el juez también le pidió a la cúpula de la Federal que brindara los datos para identificar a todos los policías que esa noche prestaron funciones en esa seccional. De la misma manera, quiso conocer qué funciones tenía cada uno; el recorrido y horario de todos los móviles asignados a la comisaría; y determinar los números de los teléfonos celulares que había en cada patrullero. Esta información había sido solicitada por la abogada Verdú apenas unas horas después del ataque a la redacción. Sin embargo, el tiempo pasó y nunca pudo ser reconstruida.

Por todo esto, Martínez de Giorgi consideró que debía desistir de mantener la acusación contra el comisario, a pesar de tener documentado que Martínez Rojas lo fue a ver varias veces con la intención de contar con sus “servicios” para “desalojar” a los trabajadores. Como el jefe policial no podía hacerlo en persona le presentó al empresario Blander, especializado en la seguridad de algunos mega eventos. El falso comprador de Tiempo (la venta del Grupo 23 nunca fue constatada en el Ministerio de Trabajo y los sueldos no eran pagados hacía más de medio año) se garantizó actuar aquella noche con total impunidad. La resolución fue repudiada por la CORREPI, las y los trabajadores de Tiempo y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. La medida será apelada en los próximos días.