Ayer se cumplieron cuatro años de uno de los más brutales ataques a la libertad de prensa ocurridos en democracia y las demoras en la justicia amenazan con perpetuar la impunidad. A pesar de los esfuerzos de la querella para que se investigue el rol que jugaron las fuerzas de seguridad aquella noche del 4 de julio de 2016, cuando una patota irrumpió en la redacción de Tiempo para impedir la publicación del diario recientemente recuperado por los trabajadores, los jefes policiales involucrados están a un paso de ser desvinculados del expediente.
A mediados de 2019, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos por los delitos de “usurpación, daño, interrupción de un medio de comunicación y robo” que pesan sobre el estafador Mariano Martínez Rojas y la patota liderada por Juan Carlos Blander. En el expediente se acredita cómo esas 16 personas irrumpieron en el edificio de Amenábar 23, donde también funcionaba Radio América, y tras golpear y echar a los trabajadores del diario que estaban de guardia, destrozaron gran parte del lugar, ensañándose con los archivos periodísticos y los equipos que garantizaban el funcionamiento de la redacción.
El fallo de los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ratificó el rumbo de la investigación del juez federal de primera instancia, Marcelo Martínez de Giorgi, salvo un punto clave: revocó el procesamiento del comisario de la Policía Federal, Jorge Guillermo Azzolina, beneficiado con la falta de mérito.
“Es un escándalo el tiempo que demandó llegar a las indagatorias y procesamientos, y que todavía no se resuelva nada sobre la clarísima participación criminal de la policía, en particular de Azzolina y del subcomisario Gastón Aparicio. Sin su aporte, la patota de Martínez Rojas no hubiera podido ingresar al edificio”, analiza María del Carmen Verdú, la abogada penalista que representa en la causa a la Cooperativa Por Más Tiempo, creada por los trabajadores de Tiempo tras el vaciamiento patronal. Verdú destaca dos elementos contundentes: por un lado, Blander declaró que fue Azzolina quien lo conectó con Martínez Rojas para que organizara ese grupo de tareas; por el otro, Aparicio, a cargo esa noche del personal de la Comisaría 31°, sindicado por el cerrajero que abrió la puerta como el que habilitó el ingreso por la fuerza en el inmueble.
La querella considera que tanto Azzolina como Aparicio generaron las condiciones necesarias para que los violentos coparan el edificio. El escenario cambió cuando integrantes de organizaciones sociales, políticas y referentes del ámbito cooperativo comenzaron a sumarse al reclamo de los trabajadores del diario.
En todo momento, el subcomisario insistió en que los intrusos tenían derechos sobre las instalaciones. Pero Martínez Rojas nunca pudo probar la compra de Balkbrug SA, antigua editora del diario, ni pagaba el alquiler del edificio. Los trabajadores contaban con un acta del Ministerio de Trabajo que los autorizaba a permanecer allí resguardando sus herramientas de trabajo, y estaban en mediación judicial con los dueños del inmueble para negociar un alquiler.
Así las cosas, resta que la justicia resuelva los recursos de queja planteados por Blander y su patota. Además, Azzolina solicitó –medida que aceptó el juzgado– que se le tome declaración testimonial a la fiscal Verónica Andrade, quien esa noche intervino en el conflicto desde su casa, haciéndose eco de la versión de la policía. De hecho, Andrade pretendía que los periodistas abandonaran el edificio, pero debió ceder ante la presión de los trabajadores organizados.
Esta causa no puede ser escindida de la denuncia por vaciamiento contra Sergio Szpolski, Matías Garfunkel y sus socios. En el juicio de quiebra que llevan adelante los trabajadores se han presentado pruebas sobre los verdaderos dueños del Grupo Veintitrés, que aún buscan esconderse en testaferros insolventes. Parte de esa estrategia de evasión incluía la participación de Martinez Rojas (hoy detenido por otra causa) como presunto comprador del diario.
A cuatro años de aquel flagrante ataque a la libertad de expresión, los vaciadores y sus cómplices siguen sueltos. Los sobrevive un periodismo verdaderamente comprometido con los derechos de los trabajadores.
Martínez Rojas, condenado
Juan Mariano Martínez Rojas, el supuesto (pero nunca probado) comprador de Tiempo Argentino y Radio América, escuchó esta semana el primer veredicto en las causas pendientes que tiene con la Justicia: el Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes lo sentenció a tres años de prisión por una estafa cometida con la venta de un auto. Se enteró de la ingrata novedad a través de videoconferencia desde el penal federal de Marcos Paz, donde cumple prisión preventiva por la llamada “causa de los contenedores”, donde está acusado de falsificar documentación.
Martínez Rojas ya había sido deportado desde EE UU por otra causa que investiga el armado de falsas declaraciones juradas anticipadas de bienes para simular exportaciones.
Desde luego, también está procesado por “usurpación, daño, interrupción de la comunicación y robo” por el ataque a Tiempo. Según la Justicia, el defraudador y su patota “violentaron los cerrojos de acceso y cambiando las cerraduras, y expulsaron de su interior a Norma Fernández, Gabriel Agüero y Nahuel De Lima, despojando así a los trabajadores de la posesión del mismo”.
