La auditoría interna de la AFIP que detectó “hostigamiento fiscal” contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner contó con la intervención de tres áreas que ya está siendo investigadas en otras causas judiciales por presuntas conductas similares.

Se trata de Auditoría Interna, que estaba a cargo del contador Néstor Abelardo Sosa; Integridad Institucional, en manos de Marcos Russo, y Operaciones Impositivas del Interior, a cuyo frente aparecía Jaime Mecikovsky, un hombre cercano a la exdiputada Elisa Carrió.

Desde esas áreas, según determinó la auditoría, partieron las acciones que ayer presentó la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, ante el juzgado federal número 11, que supo ocupar en vida Claudio Bonadio y hoy está a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.

La auditoría no fue ordenada en el marco de la causa judicial que la hoy vicepresidenta impulsó en febrero pasado, antes de la pandemia. Fuentes de la AFIP explicaron a Tiempo que cuando se produce un cambio de conducción como el que ocurrió de la gestión de Leandro Cuccioli, durante el gobierno de Cambiemos, y Marcó del Pont, en la actual administración, se realiza una auditoría para deslindar responsabilidades entre los que se va y los que llegan.

Esa tarea fue realizada por un equipo técnico, no político. Algunos de los auditores tienen más de 20 años de antigüedad.

Las áreas que participaron del informe a lo largo de los últimos ocho meses fueron las de Asuntos Jurídicos, Auditoría Interna y Sistemas.

Los auditores utilizaron un programa llamado “Memento” (toma su nombre de una película en la que su protagonista padece una enfermedad que acota su memoria de corto plazo) con el que detectaron cientos de accesos irregulares a las bases de datos de la AFIP.

El análisis de esos accesos reveló una particular obstinación sobre Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, y también sobre el grupo al que pertenece la petrolera Oil Combustibles, del empresario Cristóbal López.

Existió –según el reporte- un “control exhaustivo de dos grupos económicos específicos, en vez de una supervisión aplicable a todos los contribuyentes”. Ello significa que se aplicó un criterio extremadamente riguroso contra grupos determinados, pero se usaron formas más laxas con otros.

Mecikovsky y Sosa ya habían sido investigados en otro expediente en el que intervino el exjuez federal Rodolfo Canicoba Corral. En 2019, la AFIP le informó al magistrado que ninguno de los dos había realizado actos de espionaje ilegal sobre contribuyentes a los que debía controlar. La sospecha de Canicoba se centraba en si ellos habían suministrado información de personajes de la política y la farándula a la prensa y sectores del poder.

El informe de la AFIP que negó que Mecikovsky y Sosa hubiesen realizado u ordenado consultas de datos protegidos por el secreto fiscal fue elaborado por la Dirección de Integridad Institucional, justamente el área que estaba a cargo de Marcos Russo y que figura entre los que detectó el supuesto “hostigamiento fiscal”.