“No, definitivamente no”. Esa fue su respuesta cada vez que fue interrogado sobre la existencia de un direccionamiento de la obra pública a favor de la provincia de Santa Cruz y el empresario Lázaro Báez, de supuestas instrucciones de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner para asignar a esa provincia fondos excepcionales para la obra pública o, directamente, sobre la existencia de una asociación ilícita. 

El presidente Alberto Fernández, en un tono que por momentos intentó ser didáctico pero que terminó con sensaciones de fastidio por la obstinada reiteración de idénticas preguntas por parte del fiscal Diego Luciani, explicó los mecanismos mediante los cuales se confecciona un proyecto de ley de Presupuesto, y las dificultades que atraviesa su aprobación en el Congreso. “Nunca el proyecto sale como se envió”. 

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Alberto Fernández negó conocer a Lázaro Báez. “No conozco a Lázaro Báez. Lo crucé una vez en El Calafate, me dijo ‘buenos días’ y le dije ‘mucho gusto’. Nunca más lo vi a Lázaro Báez”. Tres veces explicó lo mismo.

El intercambio con el fiscal fue, por momentos, tenso. Cuando Luciani reiteraba preguntas sobre el presupuesto y la asignación de fondos para las obra pública (que el Presidente explicó como “una decisión política no judiciable”), Fernández intentó avanzar: “Me parece que usted no me escuchó bien”. El fiscal no lo dejó terminar: “Lo escuché perfectamente”. “Entonces –retrucó el jefe del Estado- tiene un problema de comprensión”. Cuando se avecinaba una escalada verbal, el tribunal intervino y todos bajaron un cambio. Finalmente Fernández aclaró: “no tuve ninguna intención de faltarle el respeto al señor fiscal”. 

Alberto Fernández negó enfáticamente haber recibido indicaciones de los presidentes para asignar obra pública a Santa Cruz o a Báez. Pero además, descalificó el juicio que se lleva a cabo por la adjudicación de obra pública a Santa Cruz entre 2003 y 2015, que tiene como principal apuntada por la acusación a Cristina Fernández de Kirchner. “Me llama mucho la atención lo que se está discutiendo en este juicio”.

Una de las razones de esa sorpresa que manifestó el jefe del Estado está centrada en un argumento que las defensas vienen repitiendo desde que se inició el juicio, hace casi tres años. 

“En 2005 o 2006 se hizo la denuncia por lo mismo que se investiga acá. La llevó el entonces juez federal Guillermo Montenegro -hoy intendente de General Pueyrredón por Juntos por el Cambio-, que se declaró incompetente y la envió al sur. Esa causa tardó dos o tres años en resolverse y allí es donde escuché por primera vez que se vinculaba a Lázaro Báez con Kirchner. Después se volvió a repetir la denuncia acá, y me llamó la atención que prosperara esa investigación”.

Un principio jurídico central, conocido como “ne bis in idem”, establece que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito. El Presidente lo dejó caer, como al pasar, en su declaración.

Alberto Fernández se deshizo en explicaciones sobre el Presupuesto y recordó que gobierna sin él. Pero más allá de ese dato, de lectura política, describió que la adjudicación de fondos para la obra pública es “una decisión de carácter político no judiciable”. Y reivindicó a la obra pública como “dinamizador de la economía”. 

“Otros creen que es mejor que las casas las hagan los privados y las financien los bancos privados. Nosotros creemos que el Estado debe estar presente. Y los criterios son criterios de necesidad”, resumió.