Un usuario correspondiente a un oficial de la Prefectura Naval Argentina recabó, sin razón alguna que lo justifique, información migratoria sobre el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Esa información apareció luego en las computadoras del falso abogado Marcelo D’Alessio.
Según documentación a la que tuvo acceso Tiempo, ese usuario fue identificado: pertenece al subprefecto Franco Leandro Pini, y es el mismo que buscó información de similar contenido pero en relación con Juan Pablo Di Pierro, un agente aduanero que aparece como una potencial (y ahora frustrada) víctima de la organización cuya figura más visible era D’Alessio.
La información fue obtenida por el usuario de Pini, pero ello no necesariamente significa que haya sido Pini el responsable de esa búsqueda. Podría ser, como ya ha ocurrido en otro caso en la causa que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que alguien utilizara su clave para esos menesteres, ciertamente ilegales.
Pini, según registros de la propia Prefectura, es “integrante de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte”. Y en esa condición participó de una actividad de capacitación sobre narcotráfico a las autoridades del Puerto de Quequén en noviembre de 2018. Se trata del “Primer Congreso Protección & Seguridad Portuaria”. De acuerdo con la folletería de ese evento, fue auspiciado por la Presidencia de la Nación, entonces a cargo de Mauricio Macri, y por la Provincia de Buenos Aires, cuya gobernadora era María Eugenia Vidal. La Prefectura dependía del Ministerio de Seguridad, cuya titular era Patricia Bullrich.
El usuario perteneciente a Pini surgió del cotejo de “los registros migratorios que tenía Marcelo D’Alessio en su poder respecto de Juan Pablo Di Pierro”. Esos datos fueron obtenidos por el usuario “flpini”, quien –según consta en la causa que tramita en Dolores- “resulta ser el mismo que solicitó los registros migratorios de Carlos Fernando Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El dato, confirmado hace apenas unos días, encendió todas las alarmas. Ratifica las sospechas de espionaje ilegal a jueces de la Corte; en este caso sobre Rosenkrantz, pero hay indicios que permiten inferir que también otro juez de la Corte, Horacio Rosatti, fue objeto de esas conductas. El ex ministro de Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner incluso evaluó en algún momento presentarse como querellante en Dolores, pero finalmente descartó (al menos por el momento) esa posibilidad, según revelaron fuentes con acceso al cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde tienen sus despachos los jueces del máximo tribunal.
El juez Ramos Padilla reaccionó rápidamente ante la novedad. “Requiérase a la Dirección Nacional de Migraciones que informe todas las búsquedas realizadas en el sistema web a través del usuario externo ‘Flpini’ desde el año 2015 hasta la fecha”.
Al mismo tiempo, le pidió al fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, colaboración para avanzar en esa línea de investigación. Concretamente, le requirió que “por intermedio de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) informe la localización geográfica” de la dirección IP de la computadora desde la que “fueron buscadas por sistema informático los registros migratorios de Juan Pablo Di Pierro”. Esa parece ser la punta del ovillo, de una complicada madeja de espionaje ilegal que termina en Rosenkrantz.
Según surge de la investigación que lleva adelante Ramos Padilla, D’Alessio pudo haber intentado involucrar a Di Pierro en la causa conocida como “mafia de los contenedores”.
El dato no es menor: en la red social Youtube, aparece una disertación atribuida a Pini en Puerto Quequén. Allí, el prefecto capacita sobre la forma en que los narcotraficantes pueden intentar enviar una tonelada de cocaína (o más) a Europa por vía marítima, a través –justamente- de contenedores.
