En medio de una compleja situación interna y con un incipiente proceso de renovación de autoridades, la CGT deberá volver a afrontar, tanto puertas adentro como puertas afuera, la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

El 3 de mayo era en principio la fecha señalada para poner terminar de poner en marcha de la renovación de autoridades de la CGT. Sin embargo, cuando Hugo Moyano anunció que Camioneros volverá ese día a ocupar su lugar en el Consejo Directivo, el foco empezó a virar. Con la llegada de los proyectos de reforma laboral al Congreso, la CGT se verá obligada a expedirse nuevamente sobre el tema.

Los dirigentes sindicales por ahora prefieren guardar silencio. “Vamos a leer el proyecto y vamos a fijar posición”, repiten unos y otros.  El próximo jueves la CGT volverá a concentrar las miradas sobre todo porque los bloques peronistas en el Congreso de la Nación no avanzarán si la central obrera no da el visto el bueno.

Si bien es cierto que los tres proyectos ya habían sido acordados con la CGT, el problema puede surgir en la letra chica. Los títulos son los que la central obrera esperaba: Pasantías, blanqueo laboral y la Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud.

El último punto es el que más le interesa a la CGT ya que pondrá a los dirigentes sindicales en posición de decidir sobre el Programa Medico Obligatorio y sobre la obligatoriedad de que las obras sociales cubran, o no, los tratamientos de alta complejidad.

En tanto que sobre las pasantías el año pasado la CGT había dado el visto bueno con la restricción para la incorporación de los estudiantes secundarios. En este caso el gobierno cedió y las prácticas profesionales de formación  no incorporarán a los estudiantes del último año del secundario.

El titulo más complejo tiene que ver con el blanqueo laboral que perdonará a los empleadores en los impuestos previsionales impagos, con la condición de que se declare el vínculo laboral. En tanto, respecto a los años trabajados en negro, se propondrá que se le reconozca al trabajar cinco años de aporte hacia atrás.

El blanqueo no será compulsivo para los trabajadores, pero en caso de aceptar renunciará al derecho a un futuro reclamo judicial.

Pero el punto que más controversia genera tiene que ver con la modificación del cálculo indemnizatorio. En su iniciativa legislativa, el Gobierno propone excluir del cálculo indemnizatorio “el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajado”.

Desde el oficialismo aseguran que se trata de dejar puesto en la letra de la norma lo que hoy ya falla la justicia para dar previsibilidad. Desde la oposición, por su parte, advierten que se trata de una reducción en las indemnizaciones.

La discusión por las indemnizaciones fue uno de los puntos por los que el debate se frenó el último diciembre.