El proyecto del oficialismo que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, y que cuenta con sanción del Senado, se siguió debatiendo este martes en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade. 

Durante la tarde se volvieron a escuchar las visiones a favor y en contra de distintos expositores que apoyaron la regionalización del Consejo. Sin mención a posibles modificaciones que el Frente de Todos haría en la iniciativa para buscar nuevos consensos, se pautó una próxima reunión para la semana que viene.  

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Y es que sin punto de encuentro con Juntos por el Cambio, en el oficialismo aspiran a que a sus 117 diputados se sumen «entre cinco y seis» de fuerzas provinciales, los cuatro integrantes de la izquierda y, fundamentalmente, alguno de los ocho representantes del Interbloque Federal. 

Desde este espacio, diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) sería la única que podría acordar algún respaldo si se cambian algunos aspectos del proyecto que viene del Senado. En la Cámara Alta, la representante de Córdoba Federal que tiene tres diputados marcó su rechazo. 

En cuanto a los expositores, María Elena Barbagelata, dirigente socialista, presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y titular de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, manifestó: “Hay un tema que debemos profundizar y es el tema de género”. “En el proyecto que viene con media sanción me parece clara la composición de paridad. Es una positiva propuesta de integración paritaria. Y tal como está redactada, señala que esta paridad es un piso y no un techo”. 

Por otro lado, Pablo Hunger, politólogo y consultor en administración judicial, explicó que “cuando en el 2006 el oficialismo explicaba los objetivos de su reforma, estos no se cumplieron. Porque el Consejo no fue más ágil, no fue más eficaz en los procesos de selección, de sanción y de remoción de los jueces. A partir la Ley 26.080 se dio un escenario de mayor participación de los estamentos partidarios, y del oficialismo en particular”. 

También expuso la abogada y profesora de Derecho, Natalia Volosin, quien destacó “la integración que plantea supera el estándar que planteó la Corte y que no haya ningún estamento, ningún sector que tenga predominio uno sobre el otro. Esto no ocurre con la integración que se propone, sobre todo si pensamos en el quórum”. 

“Veo un problema en la eliminación de la segunda minoría, que ya se había hecho en el 2006, y luego se insistió con esto que es inaceptable”, cuestionó. Y solicitó volver a la ley del 1997 que planteaba “que haya un Consejo de la Magistratura integrado por el sector político de una manera más plural. Tal vez les puede servir en el futuro, piénsenlo de esa manera”. 

Marcia Lozada Figueroa, presidenta de la Asociación de Magistrados y funcionarios Judiciales de Catamarca, explicó: “En mi provincia funciona la comisión evaluadora, con competencia para sustanciar los procesos de selección de los magistrados del Poder Judicial que requieren acuerdo del Senado. El nuestro es un diseño académico, jurídico y técnico, más que político. Ya que queda mayormente el espacio de la política reservado para la etapa del gobernador y el Senado que decidirán si aprueban o no el pliego en cada caso”. 

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez celebró que “sea el ámbito del Congreso, mediante la sanción de una nueva ley, el órgano que dé respuesta a la sentencia dictada por la Corte Suprema” porque “es la respuesta más racional, democrática y adecuada al fallo. Y bajo ningún punto de vista puede serlo el restablecimiento permanente de una ley que fue derogada en 2006 por los severos y graves problemas que trajo para un funcionamiento eficaz del Consejo de la Magistratura”. 

Entre otros, el abogado penalista Francisco Marull expresó: “Vengo a hablar de la representación de los ámbitos académicos en el Consejo. Necesitamos que se estructure de una forma efectivamente federal. La Justicia Federal tiene juzgados y cámaras en todos los rincones del país y es importante atender a las necesidades de funcionamiento de estos organismos. Pero hay otra razón que tiene que ver con las necesidades de la ciudadanía toda. Los asuntos que trata la Justicia Federal interesan y afectan a todos los habitantes de nuestro país”.   “Entiendo que el proyecto que ya cuenta con media sanción, considera esta perspectiva federal y resuelve satisfactoriamente la cuestión. El camino que la ley puede y debe confirmar es el camino de una representación federal real y no formal”, agregó.