El gobierno ratificó ayer su propuesta de poner un tope del 400% al aumento de las tarifas del gas pero la noticia generó el rechazo de las entidades de defensa del consumidor que aseguran que la cautelar que frenó los incrementos el jueves de la semana pasada en la Justicia Federal Platense sigue vigente y que los usuarios no deben pagar incrementos.

El gobierno apeló el martes al freno impuesto en todo el país por ese tribunal y el miércoles, por medio de la Resolución 129/2016 que apareció publicada en el Boletín Oficial con firma del ministro de Energía, Juan José Aranguren, ordenó la aplicación del tope porcentual sobre consumo registrado en las tarifas del mismo período del año pasado.

La decisión gubernamental se produjo horas después de la intervención de la Corte Suprema. El martes, ese organismo exhortó al gobierno nacional a presentar un informe sobre las razones que justificarían el tarifazo que disparó un hondo malestar a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, con aumentos de hasta el 2.000%.

En su mensaje, la Corte no afirmó ni desestimó el freno del aumento que dictó la semana pasada la Justicia Federal platense y el gobierno aprovechó para ratificar la contrapropuesta del tope del 400%.

Las asociaciones de defensa del consumidor salieron a cuestionar la decisión oficial y a defender la vigencia de lo determinado por la justicia platense.
Para Mariano Lovelli, presidente del Centro de Estudios para la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), entidad que presentó la acción de amparo que avaló el tribunal bonaerense, la resolución “es ilegal porque marca un incumplimiento de la sentencia judicial (por parte del gobierno). No tiene ningún tipo de validez”.

En diálogo con Tiempo, Lovelli cargó contra la actitud del oficialismo que “se obstina en sacar cualquier aumento y no repara en que hay una sentencia judicial vigente”. Los consumidores, subrayó, “no tienen que pagar nada. El esquema tarifario hoy es el que estaba vigente el 31 de marzo”.
Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), coincidió con Lovelli en ratificar la vigencia del fallo platense y lamentó que la resolución del Ministerio de Energía “está perjudicando a los consumidores”.

El titular de ADDUC llamó a los usuarios a “no pagar las boletas que llegaron y, cuando lleguen las que faltan, revisarlas una por una. Hay que esperar a que resuelva la Corte Suprema”. Para Bassano, con la publicación de la 129/2016, el gobierno nacional buscó “ganar tiempo pero olvidó que hay un fallo que tiene que acatar. Es una falta de respeto y un abuso a los consumidores, a quienes encima estigmatizan sin medir las posibles consecuencias”, rechazó.

Fuentes judiciales consultadas por Tiempo informaron que la Cámara platense tiene diez días para aceptar o rechazar la apelación del gobierno nacional. Recién ahí el tema subiría a la Corte Suprema. Además, por el inicio del receso judicial, la cuestión se resolvería en agosto. En ese marco, respaldaron la posición de los organismos de defensa del consumidor: “el usuario no debe pagar nada”. En cualquier caso, las empresas prestatarias del servicio informaron que no emitirán facturas con aumentos hasta que la Corte decida.

Mientras tanto, el malestar y la confusión se mezclan en las calles de todo el país por lo que las entidades de defensa del consumidor ratificaron el llamado a protestar mañana contra el tarifazo y el posterior tope del 400%. Hoy a las 12, figuras representativas del sector darán una conferencia de prensa para pronunciarse sobre la resolución del ministerio de Aranguren. En ese marco convocarán oficialmente a marchar a las 18 a los tribunales y a concentrar a las 20 en el Obelisco porteño para realizar un cacerolazo.