En la semana con mayor cantidad de episodios de represión y violencia institucional desde la asunción de Mauricio Macri, el gobierno lanzó el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Una proclama de buenas intenciones para implementar de aquí a 2020. En la página 65 se plantea la iniciativa de «elaborar un digesto normativo de toda la legislación aprobada entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983, a fin de proponer la anulación o derogación de todas aquellas normas que no resulten congruentes con el ordenamiento democrático o resulten violatorias de los Derechos Humanos en su integralidad».
En marzo de este año Tiempo publicó una investigación del colectivo Sin Fin – Periodismo en profundidad que reveló que casi una de cada diez leyes vigentes llevaban la firma de los genocidas de la última dictadura. Allí también se planteaban las distorsiones que estas normativas generan en la vida cotidiana.
Según se plantea en el Plan presentado el martes último, el encargado de hacer la revisión por parte del Estado será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aunque el gobierno todavía no especificó con qué criterios se evaluarán las normas, ni cuál sería la modalidad para su eventual anulación o derogación y reemplazo. Este diario intentó hablar con el secretario del área, Claudio Avruj, pero desde su cartera señalaron que por el momento no daría entrevistas.
«Hay una incompatibilidad de movida con este plan. Porque pone una limitación: hay un pero. Dice ‘en la medida que no sean congruentes ’ y toda la legislación de la dictadura es incongruente con el régimen democrático. Si alguna fuera congruente, en todo caso, habría que plasmarla en otra ley pero no tener que citar una de la dictadura cívico militar. Pero es un gobierno que no tiene intención real de hacerlo», advirtió en diálogo con Tiempo Héctor Recalde, exdiputado y uno de los impulsores de la revisión y reformulación de la legislación laboral de origen dictatorial.
Recalde fue más lejos y marcó un ejemplo: «En nuestro sistema laboral la prescripción, o sea el tiempo que tiene un trabajador para reclamar por la violación de un derecho, era de cuatro años. La dictadura la redujo a dos. El borrador de reforma laboral propuesto por el oficialismo la redujo a uno: peor que la dictadura. Después la CGT negoció y lo llevó a dos años, igual que la dictadura. Es un ejemplo claro».
La revisión de esta legislación es una de las tareas pendientes de la democracia. De la totalidad de normas (4449), 417 aún llevan la firma de los integrantes de la Junta, según reveló la investigación publicada en leyesdeladictadura.com. Con la vuelta de la democracia se derogó la ley de autoamnistía a militares y luego se eliminó la pena de muerte y se le quitó autoridad a los tribunales militares. Sin embargo, buena parte de aquel entramado legal no se revisó y entre las leyes aún vigentes se destacan el régimen penal de minoridad, la Ley de Entidades Financieras y la Ley para el Personal de la Policía.
Estas normas no fueron aprobadas en un Congreso democrático. El mismo día del golpe, los senadores y diputados fueron obligados a dejar sus bancas y en su lugar funcionó la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), conformada por militares, para el asesoramiento en la sanción de leyes por parte de la Junta. A pesar de su origen, en los sucesivos gobiernos nunca se puso en duda su legalidad.
Desde que gobierna a nivel nacional, Cambiemos hizo uso de la argumentación en contra de la legislación dictatorial especialmente en lo referido al Régimen Penal de Minoridad, sancionado en 1980. «Es una ley de (Jorge Rafael) Videla, de la dictadura, dijo el ministro de Justicia y DD HH, Germán Garavano, en enero de este año, al justificar el planteo del gobierno de abogar por una nueva ley de minoridad y bajar la edad de imputabilidad. Lo no dicho por el ministro es que la propuesta oficial apunta, justamente, a bajar la edad a la misma que impuso el dictador: 14 años.
En otros planos, Cambiemos reflotó la utilización de legisladción dictatorial para fines tanto económicos como sociales y políticos. En los primeros meses del año, por caso, Macri firmó dos decretos (952 y 1173) apelando a la Ley 22.423, sancionada durante la última dictadura cívico-militar, que permite la «venta de inmuebles del dominio privado del Estado» y autorizó la venta de más de medio centenar de propiedades, sin pasar por el Congreso.
En enero pasado, se basó en la Ley 22352 de 1980 para crear la Comisión Nacional de Fronteras a partir de la decisión de endurecer la seguridad en las fronteras. Y en los últimos días, se conoció una sanción del Tribunal Oral Federal N° 6 al referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois, también apelando a un decreto de origen dictatorial. Pero no del último gobierno de facto, sino de la mal llamada Revolución Libertadora: el decreto 1285/1958. Mediante esta norma, el Tribunal consideró ofensivas contra los jueces las palabras de Grabois en el alegato en el juicio por la toma de la Comisaría 24 de La Boca, tras el asesinato del «Oso» Cisneros. Por eso, el dirigente social fue sancionado. «
