La Cámara Federal porteña desprocesó al poderoso empresario Paolo Rocca en la causa de las fotocopias de los cuadernos porque consideró que no está probado que él –presidente del coloso Techint- supiera que sus subordinados pagaban sobornos a funcionarios para garantizarse contratos de obra pública y destrabar una conflictiva situación en Venezuela con la empresa Sidor, del grupo.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dictaron la “falta de mérito” a favor de Rocca porque consideraron que “si bien ocupaba una elevada posición dentro del holding, lo cierto es que -a diferencia de otras estructuras empresarias- la especial dimensión y diversificación de este grupo económico es lo que obsta en este caso a inferir que haya intervenido en orden a las exigencias de dinero a las que aludieron los co-imputados, ordenando que se efectivizaran esos pagos”.

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El curioso criterio de la Cámara exhibe, cuanto menos, una doble vara respecto de la principal imputada en la causa, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En su caso, los jueces consideraron que ella no podía no saber que sus subalternos estaban cobrando coimas. Dicho de otro modo: el acusado de pagar no tenía por qué saber que se estaban pagando; la acusada de cobrar no podía desconocer que se estaba recaudando.

El juez Claudio Bonadio había considerado en primera instancia que Rocca no era ajeno a la decisión de pagar los presuntos sobornos y recordó que previo a que comenzaran los desembolsos hubo un episodio en Venezuela en el que gestionó ante el entonces presidente Néstor Kirchner una suerte de gestión de buenos orificios ante el gobierno del bolivariano Hugo Chávez.

“El acto aludido habría tenido lugar en febrero de 2007, es decir, más de un año antes de que acontecieran los hechos abarcados en la imputación. De tal modo que la distancia temporal entre ambos eventos obsta en principio a que puedan ser vinculados de la forma indicada.  En consecuencia, ante la conducta desplegada por otros actores en el desarrollo de estos eventos ilícitos, la responsabilidad de Rocca, cimentada fundamentalmente en su posicionamiento jerárquico dentro del holding, carece del sustento necesario y suficiente para vincularlo a este proceso”, dijo el fallo.

En diciembre del año pasado, al confirmar el procesamiento de CFK, los mismos jueces habían considerado, sobre la misma base probatoria, que “ascendiendo por las planas inferiores de la Administración Pública, en donde se contaban secretarios,  subsecretarios y demás agentes del Ministerio de Planificación, o bien deambulando por áreas funcionalmente vinculadas o incluso por terceros convocados al efecto o afines a la maniobra, se desplegaban los distintos elementos de ese sistema pergeñado para nutrir de recursos monetarios a las esferas superiores”.

“El dinero –agregaba aquel fallo-, recorrería un circuito que lo llevaría finalmente a las manos de Daniel Muñoz y de ahí, a los ex mandatarios. En definitiva, es en Néstor Kirchner y Cristina Fernández donde el círculo termina por cerrarse”.

Esa línea directa que vinculaba a los subalternos con los ex presidentes desapareció mágicamente cuando se realizó el mismo análisis sobre Techint. Allí, los responsables fueron los altos ejecutivos Héctor Zavaleta y Luis Betnaza “no eran meros dependientes que limitaban su obrar al ciego cumplimiento de una orden”. Ellos, según el fallo, dispusieron pagar sobornos salteando la decisión de Rocca.

“Ante un concierto empresarial de la entidad del holding, no es posible inferir que cada acto desarrollado por los directivos de las diferentes compañías, fuese generado desde la cúspide del grupo que las aúna. En particular, teniendo en cuenta que el último de los nombrados ocupaba un espacio nuclear dentro de Techint (Director Corporativo del grupo), de suficiente gravitación como para diagramar el curso de los acontecimientos”, resumieron los camaristas.