Dos testigos que habían asegurado que el juez federal Sebastián Casanello visitó a Cristina Fernández de Kirchner a fines de 2015, cuando aún era presidenta, en la Quinta de Olivos, para supuestamente pactar su impunidad y la del empresario Lázaro Báez, reconocieron ante la Justicia que mintieron y aceptaron una condena a tres años de prisión en suspenso por el delito de “falso testimonio”.

Mediante el mecanismo de juicio abreviado (los imputados admiten su responsabilidad en el delito que se les imputa a cambio de una condena menor a la que pudiera corresponderles en un juicio oral), el ex chofer de Presidencia Carlos Scozzino y el ex empleado de la ANSES Gabriel Corizzo pactaron con el fiscal de tribunal oral Juan Patricio García Elorrio la pena de tres años en suspenso, sensiblemente menor a la máxima de diez años de cárcel que prevé el Código Penal para este tipo de delitos.

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El acuerdo debe ser aún homologado por el tribunal oral federal número tres, que tiene asignado el caso.

En el contexto de una andanada de críticas -especialmente desde medios de comunicación- contra la actuación de Casanello, Scozzino y Corizzo se presentaron ante la Justicia para afirmar que habían visto al juez en la Quinta Presidencial.  Por esa acción también están bajo investigación el abogado Santiago Viola y el ex fiscal Eduardo Miragaya, quien aparece reiteradamente mencionado en las causas por espionaje ilegal que tramitan ante los juzgados federales de Dolores y Lomas de Zamora.

Casanello se auto denunció y aseguró que no conocía a CFK ni tampoco la residencia oficial. La investigación, a cargo del juez Luis Rodríguez, permitió determinar que efectivamente era cierto: Casanello sólo conoció a la hoy vicepresidenta cuando la llamó a indagatoria, por orden de la Cámara Federal (integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah) en setiembre de 2018 en la causa por lavado de dinero contra Báez y otros imputados, hoy en juicio oral y a punto de dictarse veredicto.

“Por fin lo conozco”, le dijo Cristina Fernández al juez, en aquella oportunidad.

En su procesamiento de primera instancia, el juez Rodríguez sostuvo que Corizzo y Scozzino «sistemáticamente mintieron”. El fallo fue confirmado por la Cámara Federal y pasó a la etapa de juicio.

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«Las dos personas sometidas a procesos penal afirmaron hechos falsos en sus respectivas declaraciones. Las evidencias recolectadas en el expediente revelarían, de manera uniforme, que ni Casanello, ni Corizzo, ni Scozzino concurrieron a la quinta de Olivos» el día en que supuestamente habrían ocurrido los hechos.

Los imputados admitieron sus responsabilidades y acordaron con el fiscal la pena, que incluye el cumplimiento de reglas de conducta durante el período que dure la pena aceptada.