Si bien el Congreso entró por dos semanas en el periodo de receso invernal, la aplicación de la segmentación de tarifas energéticas que puso en marcha el gobierno de Alberto Fernández ya comenzó a generar posturas a favor y en contra en la Cámara de Diputados. La mayoría de los legisladores coincidieron en que es una medida que hay que dejar correr para ver los resultados. 

En ese contexto, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, celebró: “En materia fiscal se sigue apuntando a la reducción gradual del déficit y entre los anuncios que la ministra hizo estuvo el de la segmentación de las tarifas de luz y gas, que finalmente comenzó a implementarse el viernes con la habilitación del formulario para mantener el subsidio”. En su cuenta de twitter opinó: “Así se conseguirá dar al esquema tarifario una mayor dosis de progresividad, además de un interesante ahorro fiscal que permitirá re direccionar esos recursos hacia el gasto social y el fomento a los sectores productivos”. 

En ese sentido, su par de bancada, el cordobés Carlos Fernández, explicó que “esta etapa que transcurre hasta fin de mes es una obtención de datos para esta segmentación que me parece razonable en la aplicación de los subsidios para quienes lo precisan”. El Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba se puso a disposición de quienes tienen complicaciones con la web, «por lo que creemos que marcha bien”. 

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“Hay algo con el tema de la segmentación de tarifas, en cuanto a la declaración jurada que tienen que firmar los ciudadanos que quieren acceder al subsidio, que trae un poco de ruido. Se pueden dar a conocer los datos personales. Hay algunos planteos constitucionales de hasta dónde llega el derecho de que cuiden los datos personales”, expresó a Diputados TV la entrerriana Gabriela Lena (UCR). 

En la misma sintonía cuestionó la también radical Karina Banfi. “La DDJJ de segmentación de tarifas, si aceptas las condiciones renuncias a la protección de los datos personales. Renunciando expresamente a oponer a esa verificación cualquier secreto previsto legalmente”.  

Por su parte, a través de la red social twitter, Sebastián García de Luca, de Juntos por el Cambio, posteó: “Y un día se habilitó el formulario! Después de la renuncia de (Martin) Guzmán implementan la «segmentación» de tarifas a la que hace dos semanas se oponían. Otra prueba de que las internas de este gobierno nada tienen que ver con la política económica”. 

Desde el Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez manifestó: “Como en muchos otros temas, hubo en la coalición de gobierno distintas posturas sobre cómo hacer la segmentación”.

En declaraciones a Tiempo, Rodríguez agregó que “esta es la segmentación que diseñó Guzmán. Su implementación es compleja y sus resultados inciertos. Habrá que esperar para tener una evaluación firme”. 

Cómo estará segmentada la aplicación del subsidio 

El nivel 1 está integrado por los usuarios de mayores ingresos «que tendrán a su cargo el costo pleno del componente energía del respectivo servicio», con ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT), que a valores de mayo representan $ 348.868,97. Otras de las condiciones para revestir en este grupo son la de ser titular de 3 o más automóviles con antigüedad menor a cinco años, tres o más inmuebles, una o más aeronaves o embarcaciones de lujo o «ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena». 

El nivel 2, de menores ingresos, toma como referencia ingresos netos menores a 1 CBT ($99.676,85), contar con certificado de vivienda del Renabap, vivir en un domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario, que un integrante del grupo familiar posea una pensión vitalicia de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o posea un certificado de discapacidad. En este caso, el aumento en todo 2022 no será superior al 40% de la variación salarial del año pasado (53,4%), que resulta equivalente al 21,36%. 

El nivel 3 está integrado por clientes de ingresos medios o del nivel 2 si los propietarios en su conjunto cuentan con dos o más inmuebles o un vehículo de hasta tres años de antigüedad, excepto si un conviviente cuenta con un certificado de discapacidad. Para este nivel, el incremento será del 80% de la variación salarial de 2021, equivalente al 42,72 por ciento.