El Gobierno nacional tiene previsto formalizar en el transcurso de la jornada la embestida contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ante el Consejo de la Magistratura. La cartera que encabeza Germán Garavano anunció el viernes pasado el inicio del proceso de remoción de Ramos Padilla por “mal desempeño de sus funciones”.
El Ministerio de Justicia le envió una nota al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Juan Bautista Mahiques, pidiéndole que sea él quien inicie el proceso. En rigor, es como si se hubiera mandado una carta a sí mismo; un formalismo burocrático que Justicia anunció el viernes y el domingo ratificó el presidente Mauricio Macri en una exposición televisiva, pero que al mediodía de este lunes aún no se había concretado.
¿De qué acusa el gobierno a Ramos Padilla? De “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”.
El Gobierno considera que, tras la exposición ante la comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, Ramos Padilla incurrió en “una clara intencionalidad en la actuación, afirmando como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”.
“Hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial. (…) No sólo careció de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal”.
Los argumentos del Ministerio de Justicia podrían ser utilizados como argumentación no sólo para promover el juicio político sino también para recusar al juez e, incluso, denunciarlo penalmente por delitos que van desde el prevaricato hasta el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad.
Para el Gobierno, Ramos Padilla actuó con “evidente finalidad política”. Y, en ese sentido, desmintió la falta de colaboración con el esclarecimiento de la causa sobre una presunta asociación ilícita que tiene como ícono al falso abogado Marcelo D’Alessio y como supuesta figura saliente al fiscal federal Carlos Stornelli: “Ramos Padilla no puede desconocer que este Ministerio siempre prestó colaboración en todos los procesos judiciales en los que fue requerido conforme las disposiciones legales vigentes”.
