La decisión del presidente, Alberto Fernández, y de su ministro de Hábitat, Alberto Ferraresi, de no renovar el decreto que suspendía los desalojos y el congelaba los alquileres terminó de cerrar una pulseada interna dentro del Gobierno. Se impuso el compromiso que asumió el Ejecutivo con las cámaras inmobiliarias a principios de año, cuando fue firmada la última renovación, y quedaron relegados aquellos que defienden la necesidad de mantenerlo para evitar una ola de desalojos, por goteo, que derive en una crisis habitacional aún peor. 

En La Plata se respira preocupación sobre una crisis silenciosa de desalojos informales a partir de la semana próxima en el conurbano bonaerense después del feriado de semana santa. 

Esta semana no sólo venció el alcance del decreto. En Buenos Aires también caducó la vigencia de la ley 15.172 que suspendía “en todo el ámbito de la provincia hasta el 31 de marzo de 2021” las ejecuciones “hipotecarias, judiciales o extrajudiciales” para inmuebles destinados a vivienda única. Además frenó “los lanzamientos ya ordenados”, las “ejecuciones correspondientes a créditos prendarios actualizados por créditos UVA y planes de ahorro para adquisición de vehículos automotores”. Incluyó además “las ejecuciones de créditos por expensas comunes” y “toda ejecución, sea en sede civil o penal, en que la demandada sea una unidad de producción cuya gestión se encuentre en manos de sus trabajadores y trabajadoras (Fábricas Recuperadas), que hayan resultado expropiadas”. 

La norma fue aprobada en la Legislatura en mayo del año pasado y renovada a fines de septiembre. Establece un detallado alcance para proteger a PyMEs, cooperativas y viviendas familiares. Al igual que lo hizo el DNU 3020/20, que fue renovado con el DNU 61/21, dejó afuera su alcance a los contratos cuyo propietario “dependa del canon convenido en el contrato de alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario y conviviente”. 

Con su vencimiento en el gobierno bonaerense afrontan la misma encrucijada que tuvo la Casa Rosada. Sin embargo, en este caso, la decisión deberá pasar por la Legislatura bonaerense. Ante las consultas de Tiempo, una alta fuente del gobierno provincial aseguró que tienen “las herramientas para implementar una medida clara” ante la decisión presidencial de no renovar el decreto que frena los desalojos. 

Según pudo saber este medio, el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Cuervo Larroque, fueron dos de los funcionarios que plantearon su preocupación ante el vencimiento del decreto. Junto a ellos hubo funcionarios nacionales que hicieron llegar la misma preocupación, ante un Ejecutivo que, mediante Ferraresi, les contestó que no habría renovación. Dentro del Gabinete las diferencias también habrían incluído al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y al titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, Máximo Kirchner.

La expectativa, tal como reflejó Tiempo en su última edición dominical, estaba concentrada en un “giro de último momento” que torciera la decisión inicial. El objetivo apuntaba a evitar un cambio abrupto que implicara, en el inicio de la segunda ola de contagios, una multiplicación de los desalojos formales e informales. También contener una actualización repentina de los alquileres con aumentos superiores al 40% en el comienzo de un año donde la inflación se encamina a superar ampliamente la estimación oficial anual del 29%.

Mientras el Ejecutivo cerraba las alternativas para renovar el decreto, en Diputados la agenda de esta semana corta también se metió en el tema habitacional, pero en el sentido contrario. Este martes se reunieron los integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y de Salud y Acción Social para conocer los detalles de un proyecto presentado por el diputado del Frente de Todos Federico Fagioli, que también integra el Frente Patria Grande y la UTEP.  Su objetivo: definir una política de alcance nacional para las personas en situación de calle. Busca salir de la vieja concepción de los paradores, promueve la creación de centros de atención integral, crea una mesa interministerial, define los derechos de las personas y familias sin techo, las obligaciones del Estado y suspende los desalojos por dos años ante la emergencia. 

Concluido el intento de mantener el decreto nacional, en La Plata distintas fuentes oficiales confiaron que estudian la renovación de la ley 15.172, pero también el desarrollo de otras medidas que puede impulsar el Ejecutivo para trabajar junto con las organizaciones de inquilinos y sociales ante el escenario de los próximos meses. La continuidad de la norma bonaerense es parte de los reclamos y recomendaciones que ya le formularon esos espacios a la administración provincial.

Las decisiones que adopte el gobernador Kicillof en los próximos días terminarán de definir el alcance de las diferencias que hay en el oficialismo sobre la cuestión habitacional, que empeoró con la pandemia. En Buenos Aires la inestabilidad de esa crisis derivó en la toma de terrenos en la localidad bonaerense de Guernica, que concluyó luego de una brutal represión ordenada por la Justicia. La sombra de esa situación vuelve a emerger en el horizonte ante la ausencia de una coordinación para afrontar la posible multiplicación de los desalojos informales en las próximas semanas. 

La semana pasada, ante el reclamo de las organizaciones de inquilinos, el ministerio de Hábitat ratificó que no renovaría el decreto, pero puso en funcionamiento un protocolo para contar con un registro de las familias que corren el riesgo de ser desalojadas de sus viviendas. Sólo será para alquileres que estén registrados y establecerá un orden de prioridad de una ayuda que será definida por las viviendas que tenga la cartera dentro de los proyectos que financia. El paliativo genera suspicacias, porque el fin del freno nacional a los desalojos obliga a que cada provincia ponga en marcha sus propios recursos para afrontar la situación.

Todas las respuestas que aportaron desde la cartera son para el futuro. No hay ninguna medida inmediata para afrontar la crisis habitacional más que un registro que se construirá en las próximas semanas. Hasta ahora, la intervención de Ferraresi aparece como el límite máximo de las políticas habitacionales del oficialismo, más concentradas en alimentar “el sueño de la casa propia” que atender los contornos reales de la situación habitacional, hegemonizada por inquilinos formales e informales en todo el país.