Organismos de Derechos Humanos repudiaron hoy la decisión del gobierno de Jujuy de demoler parte del Cabildo histórico de la capital provincial, exedificio de la central de la policía local, en el cual funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura cívico militar.
«La medida del Gobierno jujeño fue un hecho atroz y aberrante porque se demolió parte de la memoria de la provincia», señaló a Télam, Inés Peña, referente de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Jujuy.
El Cabildo histórico, también conocido como la exCentral de Policía de Jujuy y Comando Radioeléctrico durante la dictadura, se emplaza en pleno centro de San Salvador, frente a la Casa de Gobierno.
Sobre el lugar mencionado, autoridades del Ejecutivo local indicaron que se avanza con las obras para la construcción de un «moderno» museo, tras demoler las paredes durante el último fin de semana, indicó a la prensa local el ministro de Infraestructura de Jujuy, Carlos Stanic.
Con la decisión «se busca dejar atrás más de 40 años de testimonios que dan cuenta del terrorismo de estado», dijo Peña, al indicar que el edificio intervenido era «fundamental como elemento de prueba en juicios por delitos de lesa humanidad en curso».
«Nuestros testigos podían reflejar fielmente cada lugar por donde fueron llevados luego de haber sido secuestrados», agregó y consideró que lo sucedido es «otra forma más de arrasar con la memoria por lo que el daño realizado es irreparable», enfatizó.
Asimismo, aclaró que, si bien hay sectores sin destruir, «el edificio en sí es el representativo de lo que fue un Centro Clandestino de Detención, por el que pasaron innumerables víctimas, algunos de ellos desaparecidos».
«Nuestra lucha continúa y seguiremos denunciando a los depredadores de la memoria», dijo al hacer un repaso de lugares emblemáticos en Ledesma y la capital provincial que con el paso de los años «intentaron destruir».
Desde la agrupación Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) en Jujuy, repudiaron la demolición indiscriminada de la parte posterior del Cabildo «punto neurálgico de la represión en nuestra provincia».
«El Poder Ejecutivo provincial es responsable del incumplimiento de la Ley Nacional N° 26.691 que declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, a la que el Estado provincial adhirió en todos sus términos en mayo de 2017», manifestaron en un comunicado de prensa.
El colectivo planteó que las legislaciones vigentes, «equiparan a este inmueble a patrimonio histórico, y que establecen; la recuperación, preservación, restauración y puesta en funcionamiento de estos Sitios de Memoria, y que para esto los organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil debemos ser órganos de consulta permanente».
En ese sentido, afirmaron: «venimos bregando por la conservación de ese sitio de memoria hace más de una década», al exponer que en «reiteradas oportunidades» solicitaron audiencia ante diferentes autoridades del Estado a los fines de «coordinar el diseño de las políticas públicas para este y otros Sitios de Memoria».
«La respuesta a esta solicitud fue el silencio absoluto», completaron y afirmaron que tienen prueba documental de los petitorios. «Las imágenes de la demolición de la exCentral de Policía son desoladoras y violentas, es un hecho que no tiene posibilidad de ser reparado, un acto que el gobierno provincial decidió llevar adelante de forma unilateral pasando una topadora por encima de lo que, para la historia reciente, es un símbolo de lo que nunca más debe repetirse en nuestro país», expresaron.
Asimismo, aclararon que son «falaces» las expresiones de las autoridades provinciales sobre un acuerdo entre activistas y el gobierno jujeño para tal hecho.
Finalmente, los organismos de DD.HH, informaron que «a partir del incumplimiento de las leyes antes mencionadas y la falta de voluntad política para trabajar con los organismos por parte del Ejecutivo provincial, Hijos-Jujuy se vio obligado a presentar una denuncia ante el Juzgado Federal N° 2».
