El gobierno nacional y de Jujuy intenta explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington sobre represión, criminalización y persecución de la sindicalización y la protesta social.

En ese sentido, el caso de Milagro Sala no fue el centro de la audiencia pero estuvo como parte de la discusión de fondo: la dirigente social detenida y enjuiciada por reclamar ser recibida por el gobierno provincial de Gerardo Morales. Expondrán organizaciones sociales, sindicales, y organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional.

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Horacio Verbitsky, en representación del Cels, fue uno de los más duros contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Sostuvo que hay en la provincia “una intolerable persecución contra toda forma de protesta por parte de un gobierno que quiere ser juez y parte”, y señaló que “se priva de sus derechos civiles y políticos a quienes protesta de manera anticonstitucional y anticonvencional”.

En ese sentido, pidió la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de los estándares interamericanos sobre el derecho a la protesta.

Al finalizar esa audiencia, se pasó a discutir sobre el impacto de los recientes cambios en la política migratoria que introdujo el gobierno de Mauricio Macri.

El Estado nacional está representado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y la provincia de Jujuy, por el fiscal de Estado, Mariano Miranda. 

Los funcionarios señalaron que está plenamente garantizado el derecho a la libertad de expresión en Jujuy.  “No hay una disociación entre lo que planteamos, los objetivos que queremos lograr y lo que hacemos”, aseguró Avruj e insistió con que “somos una sociedad respetuosa de sus derechos en el más amplio sentido”.