Esta semana quedó en evidencia una de las obsesiones históricas de la familia del presidente Mauricio Macri: tener información reservada, producto de espiar a sus potenciales enemigos y «amenazas», sin detenerse ante la legalidad de los métodos. Un modus operandi que se mantiene. Pero ahora con todos los recursos del Estado. A pesar de la protección mediática, y de la sucesión de episodios que terminó anestesiando la capacidad de asombro, la filtración de la conversación telefónica entre el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y la expresidenta Cristina Fernández sumó otro hecho grave a la compleja actualidad de Gustavo Arribas, amigo de Macri, que desde el 10 de diciembre de 2015 dirige la ex SIDE. Tanto la extitular del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM), la fiscal Cristina Caamaño, como una de las víctimas más conocidas del espionaje ilegal del macrismo, Sergio Burstein, familiar de víctimas del atentado a la AMIA, definieron la escucha telefónica a Parrilli y CFK como un incidente de gravedad institucional sobre el que tendrá que asumir su responsabilidad la Corte Suprema.
Se sabe: una de las primeras decisiones que tomó Macri tras asumir fue ordenar, a través de un DNU, que el órgano competente para llevar adelante las escuchas solicitadas por los jueces quedara en manos de la Corte. Esto dio marcha atrás con una de las innovaciones de la gestión de Cristina, reformar la ex SIDE, crear la AFI y la DICOM bajo la órbita de la Procuración. La fiscal Caamaño fue entonces designada en esa estructura tan sensible. Durante todo su período del 3 de julio de 2015 hasta el 15 de febrero de 2016-ninguna intercepción telefónica ordenada por la Justicia se filtró «misteriosamente» a los medios.
La práctica de escuchar los teléfonos está hoy en manos de un exsecretario del juez federal Ariel Lijo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien además es hijo del intendente de General Lavalle (Cambiemos). Está al frente de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial. La plantilla de esa nueva estructura se completó con empleados de Lijo, cuyo juzgado quedó con unas cuantas vacantes. Jueces y fiscales federales de Comodoro Py estaban eufóricos al incorporar bajo su ala un área tan sensible y que, inevitablemente, otorga poder. En la semana que concluye, tanto la Corte como Lijo intentaron tomar distancia de la responsabilidad de la divulgación de la conversación telefónica entre Parrilli y CFK.
El jueves, la expresidenta presentó una denuncia por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, uso ilegítimo de los recursos estatales y, por el artículo 153 del Código Penal, (acceso indebido a una comunicación) ante la Justicia Federal de Río Gallegos. Ayer, el intendente de Resistencia y exjefe de Gabinete kirchnerista, Jorge Capitanich, calificó la escucha a Parrilli y CFK y su posterior filtración como «un hecho de gravedad inadmisible».
«Esto es un escándalo de proporciones internacionales, con muy pocos antecedentes. Es válido preguntarse qué ocurriría en otro país, por ejemplo en Estados Unidos durante el gobierno de Trump, si apareciera una grabación con escuchas a Obama», se sumó, en diálogo con Tiempo, el sociólogo Jorge Elbaum, titular de Llamamiento de Argentinos Judíos y expresidente de la DAIA.
La grabación de la charla telefónica del 11 de julio entre Parrilli y CFK incumplió con una serie de protocolos y reglamentos: se realizó bajo la modalidad online, lo que significa que una persona en tiempo real estuvo escuchando ininterrumpidamente el celular del extitular de la AFI. Otro elemento arbitrario, difícil de explicar, es que, las escuchas a Parrilli habían sido ordenadas en el marco de la causa de Ibar Pérez Corradi, el prófugo que fue detenido el 19 de junio, un mes antes de la grabación que se filtró. «La modalidad de escucha online se hace exclusivamente para delitos graves, en los que hay peligro de vida, como un secuestro extorsivo. En este caso no ameritaba hacerlo, sobre todo porque ya lo habían detenido a Pérez Corradi. Todo esto fue, claramente, una excusa para poder seguir escuchando a Parrilli y de esa manera llegar a Cristina Fernández de Kirchner», concluyó Caamaño.
Burstein, principal afectado por las escuchas ilegales ejecutadas desde la estructura de inteligencia que comandaba Jorge «Fino» Palacios, advirtió sobre la semejanza absoluta entre aquel espionaje y el que se destapó esta semana: «Esto es causalidad, no casualidad. El mismo modus operandi que utilizó como excusa para poder saber lo que yo hablaba por teléfono meterme en una causa de homicidio en Misiones, aunque yo no tenía ni idea del asesinado y hacía 20 años que no viajaba a esa provincia- lo hace exactamente igual ahora con Parrilli y Cristina.» «
La seguridad de Le Parc, eje de sospechas
En el macrismo saben que la figura de Gustavo Arribas, titular de la AFI, está bajo observación por propios y extraños. Esta semana su nombre fue asociado a la empresa de seguridad responsable del control de ingresos y egresos (no de las cámaras de vigilancia) en el edificio Le Parc de Puerto Madero, lugar de residencia del fiscal Alberto Nisman. Se trata de la empresa SIE (Seguridad Integral Empresaria). «Dos fuentes diferentes, una proveniente de trabajadores de esa empresa, que hasta mayo del año pasado tenía la responsabilidad de la seguridad, y otra fuente de Israel, sin contactos entre sí, afirman que Arribas y sus socios de HAZ (Fernando Hidalgo y el israelí Pinhas Zahavi) tenían vínculos comerciales, testaferrizados probablemente, con la empresa de seguridad de Le Parc en el momento de la muerte de Alberto Nisman. La empresa se llama SIE, Seguridad Integral Empresaria, sigue existiendo y ha negado cualquier vínculo con Arribas, pero los lazos no son formales, no están en los papeles accionarios, son de otro tipo», aseguró Jorge Elbaum, de Llamamiento Argentino Judío.
