Contar, pero poco y selectivamente. Con un silencio que recién en la última semana ofreció síntomas de deshielo parcial, el gobierno nacional avanza en la redacción de una Ley de Comunicaciones que unificará las normas de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, hoy derogadas parcialmente por decreto. En ese contexto, la comisión redactora de la nueva norma  anticipó que la próxima legislación favorecerá «la convergencia en desmedro de la fragmentación informativa» y «la libertad de acceso que aún no existe en plenitud». Asimismo, advirtió que  la libertad de contenidos está «vigente en nuestro país desde hace mucho».
Por ahora, estas afirmaciones contrastan con los 2500 puestos de trabajo perdidos en Ciudad de Buenos Aires y Córdoba en el sector privado y estatal de la comunicación audiovisual, así como en medios gráficos, según señaló la Defensoría del Público, que además recomendó a la comisión redactora, al Ministerio de Trabajo y al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) medidas «urgentes y efectivas contra los despidos masivos en los servicios de comunicación audiovisual». El viernes, en la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, más de 100 representantes de gremios, medios comunitarios, de pueblos originarios, organizaciones sociales y campesinas, cooperativas, así como estudiantes de seis provincias de la región sur del país pidieron, en una audiencia pública organizada por la Defensoría, espacio para presentar sus propuestas, en un intento por incidir en un debate que por ahora está centrado en la comisión redactora, que decide en cuentagotas cómo y a qué sectores convocar para que aporten sugerencias para el nuevo proyecto.
Por el momento, el cuerpo que preside la directora de Enacom, Silvana Giudici, concretó tres reuniones participativas con sectores de la sociedad civil, y esta semana llevó a cabo un debate académico sobre «Libertad de Expresión y Convergencia Comunicacional» en la Facultad de Derecho con destacados especialistas en la materia. El Ente decidió no difundir el contenido del debate. Casualmente, o no tanto, la comisión eligió concretar ese debate cuando en el Congreso Nacional, ese mismo día y con cuatro meses de atraso, se constituyó la Bicameral presidida por el diputado nacional Miguel Bazze (UCR-Cambiemos), que designará a los tres directores del Enacom que faltan por las minorías parlamentarias. Gracias al DNU 267/2015, el gobierno se aseguró cinco directores oficialistas en el Ente sobre un total de siete. Los dos restantes quedan para la segunda y tercera minoría parlamentaria: el FPV y el Frente Renovador, respectivamente.

Detrás de escena, decretos y resoluciones
Más allá de la comunicación institucional, el gobierno continúa modificando de hecho y por goteo lo que queda de la Ley de Medios, tras la derogación de sus artículos antimonopólicos, el barrido de su autoridad de aplicación y su Consejo Federal, y el traslado del servicio de cable hacia las telecomunicaciones, entre otros aspectos. El presidente Mauricio Macri, por medio de otro DNU, en este caso el sugestivo 678/2016, decidió suprimir la obligatoriedad de identificar las tandas publicitarias al inicio y al final de las emisiones como «espacio publicitario». Asimismo, tampoco será obligatorio para las radios informar la hora oficial dos veces por hora ni para los canales colocar esa información en la parte inferior de la pantalla, todos golpes al artículo 81 de la Ley de Medios.
Dos ejes parecen atravesar el discurso gubernamental en torno a normativas futuras: la importancia de lograr la accesibilidad total de la población a Internet, y la convergencia como la herramienta para alcanzar esa meta en un escenario de vanguardia tecnológica. Esta semana el presidente lanzó el Plan Nacional de Internet, que, aseguran desde el gobierno, buscará conectar a 1200 pequeñas localidades en todo el país. «

Información pública

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La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que obliga a los tres poderes del Estado a garantizar el derecho de acceso a la información pública en Argentina. El proyecto plantea una serie de excepciones para la entrega de datos en el caso de “información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior” o “información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”, entre otras. Asimismo, establece la creación de una Agencia de Acceso a la Información Pública.