Frases y eslóganes dichos a la ligera, con promesas de campaña casi imperceptibles. Tras varias horas del debate a Jefe y Jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedó instalado el relato de muchos medios que dan por ganador a uno u otro candidato. Aún persisten las chicanas y los cruces, el prepoteo y “las cachetadas de guante blanco”, pero muy poco quedó, o mejor dicho, se quitó de escena, las promesas lanzadas por quienes quieren ocupar el sillón de la sede de Gobierno de la Ciudad.
Quizá el candidato más protegido por sus dichos fue Jorge Macri que en materia de seguridad prometió traer un polémico sistema que fue suspendido por la justicia porteña por perseguir y hostigar a referentes políticos, sociales, periodistas y jueces.
“Voy a garantizar una ciudad más segura trayendo los puntos seguros de Vicente López, teniendo patrullaje en moto para responder al delito en el mismo vehículo que muchas veces se mueven ellos”, lanzó el primo de Macri durante el debate. “Garantizando que la policía que esté en actitud de prevención en la calle, tenga táser para poder reducir a un delincuente peligroso sin poner en riesgo la vida de nadie”, agregó y continuó: “Volver a recuperar la identificación de rostros que nos permitió detener a más de mil delincuentes peligrosos que eran prófugos de la justicia federal durante años. Necesitamos usar toda la tecnología que tengamos”.
Lo que no dijo Jorge Macri es que esa identificación de rostros de la que habla está suspendida por la justicia por espionaje ilegal. Después de varios meses de investigación, la justicia declaró inconstitucional el modo en que la Ciudad usó el sistema de reconocimiento facial y demostró que hubo identificaciones fallidas, que se usaron datos de miles de personas por fuera del listado de prófugos, que se eliminó información de modo manual y que no se implementó el monitoreo que indica la ley.
El fallo hizo lugar al amparo presentado sobre finales de 2020 por el Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA), planteo al que se incorporó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el acompañamiento de otras organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde 2019, se apropió de los datos biométricos de al menos 200 jueces y juezas y más de 80 fiscales. Esos datos privados corresponden a referentes políticos de distintos espacios, integrantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas, jueces y juezas y hasta magistrados de la Corte Suprema. Cabe destacar que en abril de este año, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente a las autoridades de CABA por espionaje ilegal a millones de ciudadanos a través del sistema de datos biométricos y la base de datos suministrada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
El fiscal Sergio Rodríguez consideró, tras una investigación de oficio, que “el acceso/consultas a la base de datos del RENAPER por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno de la Ciudad de buenos Aires parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados por lo que podría calificárselos de ilegales”.
El Ministerio de Seguridad de la Ciudad armó una base de datos ilegal, con miles de registros de personas que incluye, desde el presidente Alberto Fernández, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, varios dirigentes políticos y sociales, periodistas y jueces, incluido el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con más de 200 consultas sobre sus movimientos por todo el distrito.
No hay constancias de requerimientos judiciales o investigación que involucrara a Estela de Carlotto, o a Eduardo Belliboni, que también aparece en la lista ilegal del gobierno porteño, al igual que Sergio Berni, el camarista Roberto José Boico y la fiscal de la causa Correo Argentino Gabriela Boquín. Entre otros observados por el gobierno porteño se encuentra el dirigente social Ángel Borello; la candidata a presidenta de la izquierda, y de Juntos por el Cambio, Myriam Bregman y Patricia Bullrich, respectivamente y la líder de la Colación Cívica Elisa Carrió.
Además, Eduardo “Wado” De Pedro, Nicolás Del Caño, Eduardo Sergio Elsztain, José Luis Espert, Dolores Etchehevere, Eduardo Feinmann, Alberto Ángel Fernández, Aníbal Domingo Fernández, Marcos Eduardo Galperin, Alejandra Magdalena Gils Carbó y Juan Grabois.
El espionaje en números
Cuando en su momento el juez Gallardo explicó el mecanismo en una resolución judicial, señaló casos muy sospechosos de personajes públicos cuyos datos biométricos migraron decenas de veces y hay casos que más de cien. Sobre Cristina Fernández de Kirchner hubo 226 consultas, 18 sobre Patricia Bullrich, 10 sobre Elisa Carrió, 76 sobre Alberto Fernández, 12 sobre el ministro de seguridad Aníbal Fernández, y 3 sobre el ministro Wado de Pedro.
La lista con el detalle del espionaje ilegal señala que un total de 24 veces fue espiado el gobernador Axel Kicillof, 9 Florencia Kirchner, 12 Máximo Kirchner, 32 consultas sobre Javier Milei, etc. A esta lista se agrega un caso muy llamativo: 92 consultas sobre Arshak Karhanyan, el policía desaparecido de la Ciudad de Buenos Aires. El ministerio que por aquel entonces estaba a cargo del despedido Marcelo D’Alessandro, también “consultó los registros de 84 Magistrados (jueces y fiscales) en el marco del convenio de referencia, sin que ello, al menos de conocimiento público, obedeciera a los motivos que habilitaba la cláusula” del convenio.
