La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó una nueva autopsia del cuerpo de Daiana Abregú, de 26 años, la joven apareció ahorcada durante la madrugada del 5 de junio pasado en un calabozo de la comisaría de la localidad bonaerense de Laprida. Desde el organismo aducen que el fiscal de la causa está dilatando el tiempo y que eso significa perder pruebas valiosas e irrecuperables.
“Hace dos semanas la Fiscalía General de Azul requirió al fiscal de la causa, Juan Ignacio Calonje, que revise su decisión de negar la reautopsia del cuerpo de Daiana Abregú y aconsejó una nueva autopsia con la aplicación del protocolo de Minnesota. Son técnicas que sirven para proceder ante muertes que ocurren bajo custodia del Estado”, explicó Roberto Cipriano García, secretario general de la CPM, a Tiempo. “A pesar de este pronunciamiento, el fiscal Calonje sigue dilatando la realización de la medida de prueba sin conservar el cuerpo de manera adecuada en una cámara de frío”, denunció el funcionario.
“Frente a esta grave negligencia y al tratarse de una muerte que se produjo bajo custodia estatal, desde la CPM intervenimos en la causa en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia”, contó García. Continuó subrayando y denunciando “pedimos que se efectivice de manera urgente la reautopsia y solicitamos medidas de resguardo y preservación del cuerpo de la joven que se encuentra en un depósito del cementerio local”.
“La demora del fiscal afecta pruebas valiosas e irreproducibles que pueden resultar de la autopsia y significa un claro perjuicio para conocer la verdad” se quejó García. Siguió explicando que se trata de “una clara maniobra dilatoria que choca contra la celeridad requerida en estos casos. Calonje dio traslado a la perita que hizo mal la primera autopsia, consultándole si podía hacerla aplicando el protocolo de Minnesota, requisito con el que no cumplió en la primera diligencia” señaló.
“Esta chica apareció ahorcada durante la madrugada del 5 de junio en un calabozo de la comisaría de Laprida” reconstruyó García. Al día siguiente se realizó “la autopsia al cuerpo de manera deficiente, sin cumplir con la aplicación del protocolo de Minnesota, que debe seguirse en casos de muertes bajo custodia del Estado”, denunció el secretario.
Esta primera autopsia presentó graves falencias: “No se realizaron radiografías ni fotografías completas, no se completaron extracciones de piel para determinar si varias lesiones fueron producidas antes o después de la muerte” detalló García a este diario. También agregó que tampoco “se constituyó un equipo especializado de autopsiantes ni se realizaron filmaciones del examen conforme lo establecen los protocolos vigentes a nivel nacional e internacional”.
Por todo lo anterior y definiéndose como particular damnificada institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria pidió en los últimos días a la jueza de garantías de Azul que ordene una nueva autopsia. La que ya había sido rechazada por el actual fiscal de la causa, Juan Ignacio Calonje, titular de la Unidad Especializada en Violencia Institucional.
En sintonía con lo planteado por la CPM, la Fiscalía General de Azul a cargo de Miguel Sobrino remitió una nota al fiscal Calonje. En la cual le indica que contemple la posibilidad de realizar una reautopsia en el Instituto de Lomas de Zamora, dando cumplimiento al protocolo de Minnesota.
“A pesar del planteo realizado por su superior, Calonje sigue sin ordenar la reautopsia, mientras el paso del tiempo pone en riesgo la producción de una medida de prueba fundamental para encontrar respuesta a lo sucedido” se quejó García. “Una situación que en este caso, se ve agravada por las malas condiciones de preservación en que se encuentra el cuerpo de Daiana” aseveró.
“La joven murió bajo custodia estatal y existen pruebas en el expediente judicial que podrían involucrar a funcionarios policiales en su muerte” remarcó el funcionario. “El titular de una unidad fiscal especializada en violencia institucional no puede desconocer los principios de celeridad ni la aplicación de los estándares internacionales de investigación que debe guiar su accionar” señaló.
“El paso del tiempo y la falta de preservación del cuerpo de la joven están atentando ahora mismo contra la búsqueda de verdad” advirtió García. Finalizó ahondando en que “nos llama mucho la atención que un fiscal designado para investigar la violencia institucional no ordene ni controle la aplicación de los protocolos elementales reconocidos internacionalmente para estos casos”.
