La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) junto al Colegio de Abogados de San Nicolás, organizaciones sociales, gremios y distintos espacios políticos repudiaron la brutalidad policial en perjuicio de la abogada ambientalista Ana Fernández. La letrada es representante de una lucha que protege la reserva natural Rafael de Aguiar, donde fue detenida y golpeada por la Bonaerense.

Desde el organismo también expresaron la preocupación que sienten por la gravedad de lo ocurrido. “Ana Fernández fue detenida y golpeada por la policía mientras estaba registrando con su celular el incumplimiento de la orden judicial que impide las obras municipales que estaban haciendo sobre esta reserva natural”, aseguró Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Siguió relatando que  “nosotros solicitamos, que se investigue con celeridad este accionar de los funcionarios policiales y se sancione a los responsables midiendo con especial atención la gravedad del hecho que cometieron”.

“De este modo la Policía de San Nicolás intenta abolir la lucha ambientalista que se inició para proteger la reserva natural Rafael de Aguiar”, explicó García. También recordó que el hecho de violencia institucional ocurrió “el 4 de enero y desde entonces fue repudiado por distintos sectores que comprenden lo peligroso que resulta el accionar policial para toda la sociedad. La abogada ambientalista fue golpeada, esposada y arrestada  por hacer cumplir una orden que dictó la justicia“.

“Cuando Ana Fernández observó que se estaban realizando obras que estaban prohibidas llamó de inmediato al Sistema de Emergencias 911 y también a la fiscalía”, reconstruyó el secretario. Y recordó que cuando llegaron “los efectivos policiales la abogada estaba filmando con su celular y les exhibió una copia de la resolución judicial que ordena la paralización de las obras. Sin embargo, el comisario Claudio González, titular de la Comisaría 1° de San Nicolás, agarró los papeles que ella le mostró, se los rompió en la cara y ordenó su detención por medio de la fuerza física”.

“Fue llevada a empujones hasta el patrullero, la golpearon para subirla al móvil y la trasladaron a la comisaría esposada”, denunció el abogado. Continuó asegurando que “sufrió agresiones verbales durante todo el camino y cuando llegaron a la seccional también fue golpeada hasta por el mismo comisario González”.

“Además de toda la violencia que padeció fue amenazada por el comisario, por si se le ocurría denunciarlo”, remarcó García. Siguió recordando; “le dijo que si lo hacía echar se acordaría de él toda su vida. En la comisaría le sacaron sus pertenencias y no le permitieron realizar ningún llamado telefónico para que no pida ayuda”.

Cuando la abogada recuperó su libertad -tras varias horas de estar detenida- se presentó ante la Fiscalía N° 3 de turno en San Nicolás y realizó la correspondiente denuncia penal. Allí también contó que el día previo al ataque que sufrió por parte de los uniformados, fue hostigada por dos policías que circulaban en la zona isleña del lugar.

La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura solicitó; “tanto a la Fiscalía N° 13, especializada en violencia institucional, como así también a la auditoría de Asuntos Internos, que se investiguen con celeridad el accionar de los efectivos policiales que protagonizaron este gravísimo hecho”, subrayó el abogado García.

Días posteriores a lo ocurrido se supo a través de un comunicado de prensa, que el Ministerio de Seguridad y la Jefatura Departamental dispusieron la inmediata intervención de la comisaría 1° de San Nicolás y la inmediata suspensión del comisario Claudio González.