“Algunos de ustedes serán elegidos para desempeñarse como jurados en este proceso lo que es un deber cívico, no es solo una carga pública sino una responsabilidad cívica, una tarea trascendental, noble y esencial en un sistema democrático, que demanda un gran compromiso». Con esas palabras este lunes la jueza Carolina Crispiani, del Tribunal en lo Criminal N° 4 de La Plata, dio comienzo a la audiencia de selección de jurados para el juicio de uno de los casos de violencia institucional más emblemáticos de los últimos años: la Masacre de Monte.
Este lunes se dio inicio al juicio oral de la causa Nº 6407, caratulada como “Ecilape, Leonardo Daniel y otros” y conocida como la “Masacre de Monte”, que tiene como imputados a cuatro policías bonaerenses: Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez.
Están acusados de ser coautores del homicidio de Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22) y, en grado de tentativa, contra Rocío Quagliarello (17), única sobreviviente.
La acusación, específicamente, es por “coautoría de homicidio agravado por abuso de su función como miembros de las fuerzas policiales, calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”.
El fiscal del juicio es Mariano Sibuet, mientras que la querella estará dividida en tres partes: la abogada Dora Bernardez que representará a las familias Domínguez y Suárez; Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocinará a las familias Sansone y López; mientras que el letrado Ricardo Minoli acompañará a la familia Quagliarello.
La Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), actuarán como querellantes institucionales. Y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se presentó ante el TOC 4 bajo la figura de “amigos del Tribunal” y será observadora del debate.
La causa se encuentra desdoblada y otros 19 policías bonaerenses irán a otro juicio -sin jurado popular- por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público, aunque todavía no fue estipulada una fecha para el comienzo de ese debate.
Un jurado popular
La primera jornada del juicio se llevó a cabo este 8 de mayo, casualmente el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. La particularidad de esta causa es que será juzgada por un jurado popular. Durante la primera audiencia, la jueza Crispiani explicó a los posibles jurados presentes, todos radicados en el Departamento Judicial de La Plata, cómo funciona un juicio, quiénes estaban presentes y a quiénes representan.
La magistrada explicó que los ciudadanos citados a la selección de jurados pueden excusarse si tienen algún interés o circunstancia que consideren que puede obstar a su imparcialidad, por este motivo los abogados de las partes también pueden recusarlos.
Para conocer cada situación, los participantes deberán responder un cuestionario y preguntas, todas las cuales son confidenciales. Asimismo, anticipó que “nadie tiene que sentirse mal por ser recusado” ya que los motivos tienen relación directa con lograr un jurado acorde a las garantías constitucionales.
“A partir de este proceso, a través de un sorteo, designaremos a los 12 miembros titulares y a los 6 suplentes que serán nombrados como jurado popular, los 18 jurados deberán estar presentes en todo el juicio, los demás (que no fueran seleccionados) podrán retirarse”, informó la jueza Crispiani.
Y advirtió a los abogados de las partes acerca de que “no se podrá hablar de los hechos específicos del caso en la selección de jurados”. La jueza anunció que el juicio se extenderá a lo largo de ocho jornadas consecutivas: su finalización está prevista para el 17 de mayo.
Los hechos juzgados
Los hechos que llegan a juicio sucedieron en la madrugada del 20 de mayo de 2019 en la localidad de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aire. Según consta en filmaciones, efectivos pertenecientes a la comisaría de esa ciudad persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban y escuchaban música cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.
Según se denuncia, los oficiales iniciaron una persecución sin motivos y, de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, les dispararon.
En las filmaciones puede observarse a un policía – que ocupaba el lugar del acompañante de la patrulla- con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo.
Con motivo de esa persecución, el auto en el que iban las víctimas chocó contra un acoplado que estaba detenido en la ruta y, consecuencia del impacto, fallecieron cuatro de ellos. Solo Rocío Quagliarello sobrevivió.
Los imputados llegaron al debate oral con prisión preventiva y fueron sindicados como quienes se encontraban a bordo de los patrulleros que causaron el impacto del vehículo.
