Once colectivos de la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires dieron una conferencia de prensa frente al edificio del Gobierno porteño para pedir que se posponga el inicio de las clases presenciales porque las escuelas no cumplen con las condiciones edilicias, sanitarias y de higiene. “Exigimos potestad para relevar y pedir cierres de escuelas que no cumplan con las condiciones acordes a la pandemia”, pidieron.

Desde Cooperadores en Movimiento, Pablo Cesaroni sostuvo que “al día de hoy no están dadas las condiciones para la vuelta el 17 de febrero” y planteó un esquema mixto. “Venimos desde el 2020 con clases virtuales y desde el Gobierno no se aprovechó para hacer obras, tampoco se resolvió la falta de computadoras y conectividad. Todos queremos la vuelta presencial pero que sea segura, hay problemas edilicios serios en muchas escuelas: aulas chicas, baños clausurados, falta de agua y ventilación”, afirmó.

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La Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud en CABA sostuvo que no existe una planificación en el transporte público para evitar contagios. Javier Saggese, integrante de la Comisión de Salud del Consejo Consultivo de la Comuna 5, dijo que “ante un horizonte posible de inmunidad comunitaria con la vacuna, generar ahora un rebrote con el incremento de circulación es un riesgo muy serio”.  “En la Ciudad, el promedio de contagios de la última semana fue cuatro veces mayor a lo que teníamos hace dos meses, no es una situación estable o controlada. Cada barrio tiene diferentes dinámicas, en algunos sube la tasa como en San Cristóbal o La Paternal y en otros baja como en Villa Ortuzar, Balvanera o Chacarita. Vemos que el virus en barrios contiguos tiene diferente comportamiento ¿Es inocuo sumar a cientos de miles de personas a la circulación en el transporte público? Si interconectamos a las personas de barrios con distintas tasas, ¿se imaginan que pasará?. ¿Va a poder respetarse el distanciamiento?, ¿van a sumar más unidades?”, preguntó el médico.

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Sobre este punto, Vacantes para Todes propuso usar el transporte escolar ya existente para el plan de natación y salidas didácticas para ponerlo a disposición de las familias que vivan a más de 15 cuadras de sus escuelas de manera gratuita. Durante su exposición, la representante del grupo Mercedes Dios pidió que se use el semáforo epidemiológico establecido por el Consejo Federal de Educación o el de la Sociedad Argentina de Pediatría. “Esas referencias indican que hoy la Ciudad de Buenos Aires está en rojo”, afirmó.

Además, planteó que, si la presencialidad va a ser intermitente por eventuales alzas en los contagios, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debe entregar dispositivos y garantizar conectividad gratuita. “Deben establecer la entrega de libros de texto de todas las áreas, kits escolares y cuadernillos para utilizar hasta que estén las condiciones dadas para el retorno a la presencialidad y para que, en caso de tener que volver a suspender después, los recursos necesarios para la virtualidad ya estén garantizados. Además, para la reducción de cantidad de alumnos por grupo es necesario el nombramiento de cargos docentes y profesionales de emergencia bajo los lineamientos del Estatuto Docente”, explicó Dios.

En cuanto al personal adicional, la secretaria de Comunicación de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Paula Galigniana, indicó que “se necesitan muchos más cargos docentes y auxiliares, pero no tercerizados sino con condiciones de trabajos dignos”.

Gabriela Ocampo de la Universidad Popular Barrios de Pie le exigió a la ministra de Educación, Soledad Acuña, “que camine y mire la complejidad de la realidad de las escuelas públicas”.

“Las faltantes que tuvimos en otros años se profundizaron. No estamos en condiciones de recibir a nuestras infancias y adolescencias, no contamos con patios amplios y abiertos. Tampoco tenemos baños acondicionados ni la garantía de los elementos de higiene necesarios en cada espacio escolar. No se garantiza la limpieza constante y aún tenemos que seguir luchando por alimentos que no estén vencidos”, explicó. 

Por su parte, la abogada Maria Cecilia Fernández del Grupo de Litigio Estratégico pidió que “respete con la misma intensidad el derecho a la educación como el derecho a la salud”. “Por supuesto que queremos volver a las aulas. Hacemos juicios para volver a la escuela, para que no cierren. Pero exigimos que el retorno a clase sea cuidado, generado con las políticas públicas que implican el cumplimiento de las normas locales, nacionales e internacionales que disponen que toda la población tiene que tener acceso pleno a todos los derechos”, manifestó la letrada.

La organización Familias por la escuela Pública pidió que el regreso sea monitoreado de manera permanente. “Es una gestión insensible, la obligación del Estado es generar una mesa de diálogo conformada por el Gobierno, especialistas sanitarios y la comunidad educativa. Además, se tienen que realizar comités de seguimientos por comunas y por escuelas”, detallaron.  Mariana Ruibal de Familias Organizadas por el Acosta afirmó que “no es posible que sean los equipos directivos los que planteen la estrategia sanitaria”.