En su discurso de toma de posesión, el presidente Alberto Fernández, apeló a la misma frase que el fiscal Julio César Strassera utilizó al finalizar su alegato en el Juicio a las Juntas que comandaron el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. La frase de Strassera fue tan contundente que quedó para siempre en la Historia: “Nunca más”. Eso fue lo que el presidente planteó para lo que describió como “los sótanos de la democracia”.

En los últimos años, una palabra en inglés se acuñó para describir una práctica autoritaria quizás más sofisticada que las tradicionales persecuciones políticas: “lawfare” (guerra judicial). Es un mecanismo que, entre otras cosas, enmascara la persecución, en especial hacia líderes políticos y sociales progresistas y populares, con una supuesta lucha contra la corrupción. En América del Sur son emblemáticos los casos de los expresidentes Lula Da Silva, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner. Y en la Argentina, los de Amado Boudou, Milagro Sala, Héctor Timerman y varios otros dirigentes políticos, sociales y empresariales, vinculados al ciclo kirchnerista.

Tres juristas de los que más peso tienen en la Argentina escribieron un libro para desentrañar los pilares sobre los que se monta este mecanismo: Raúl Zaffaroni, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exministro de la Corte Suprema de Justicia, y uno de los juristas argentinos con más reconocimiento internacional; Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), secretaria de Seguridad durante el gobierno de CFK, fiscal criminal y correccional; y Valeria Vegh Weis, criminóloga, profesora universitaria en la Argentina y Alemania y, entre otras cosas, investigadora en el Instituto Max Plank de historia jurídica europea.

La virtualidad impuesta por la pandemia le permitió a Tiempo entrevistar en simultáneo a los tres autores de Bienvenidos al Lawfare, libro que tiene un prólogo de Lula Da Silva.

–¿Cómo sería una primera descripción del lawfare?

Valeria Vegh Weis: –Lo que sugerimos es poder definirlo como el intento de provocar la muerte política y jurídica de dirigentes políticos progresistas y populares. Tiene dos caras: la sobrecriminalización de los dirigentes populares y activistas sociales que llevan adelante una agenda de justicia social. Y la infocriminalización por parte del poder mediático corporativo. Los cuatro pilares del lawfare son el mediático, el Poder Judicial, los poderes internacionales y el poder corporativo. Usamos esta expresión, pero en realidad podríamos hablar de guerra judicial, persecución política y politización de la justicia.

–El ejercicio de instalarse en el escenario político a través de denuncias es muy viejo, ¿cómo diferenciamos esa práctica del lawfare?

Raúl Zaffaroni:–La persecución política judicial de opositores no es nueva, por supuesto. Nosotros la conocemos desde la época de Rosas. Se instigó a Lavalle a hacer un proceso falso contra Dorrego antes de fusilarlo. Lavalle, como era un tipo primitivo, no lo hizo, y el que lo aconsejó resultó ser ministro de la primera Corte de Justicia argentina. De modo que esto tiene larga historia. A Yrigoyen lo procesaron, también a Perón y a los diputados peronistas, acusándolos de traición a la Patria. Esa persecución política no es nueva. Ahora, esto de denunciar y denunciar es una forma perversa de publicidad política. Uno puede denunciar cualquier cosa y eso no significa que termine con un condenado o que haya delito. Otra cosa es que una banda termine metiendo gente presa. Hay algunos términos que uno tiende a confundir: judicialización de la política es una cosa y partidización de la justicia es otra. La judicialización de la política es un fenómeno universal. Se produce cuando los poderes propiamente políticos de un Estado son incapaces de resolver un problema y se lo tiran a la Justicia, que no lo resuelve porque no tiene capacidad de hacerlo. Otro fenómeno es la partidización de la justicia. Es que un cierto sector del Poder Judicial haga una maniobra delictiva.

Cristina Caamaño: –Comparto lo que dice Raúl. Creo que también la diferencia es que tenemos otra pata que son los medios de comunicación hegemónicos. Son los que empujan todo el tiempo y la justicia se engancha de eso. Hay un plus que no se daba antes o que ahora se ve más por las redes sociales. Y es que una denuncia, por más ridícula que sea o sin pruebas, se amplifica mucho.

VVW: –Otra particularidad es el alcance regional del fenómeno. No es que Elisa Carrió está coordinando con alguien en Venezuela, pero tenemos una serie de persecuciones judiciales en todo el continente a gobiernos populares y después una incidencia directamente electoral. Causas penales contra funcionarios hubo siempre, pero ahora hubo una causa penal contra Lula, que lideraba las encuestas para las elecciones presidenciales en Brasil. Las causas son siempre en momentos específicamente claves para incidir en el destino político del país y en forma sistemática a nivel regional. Es un fenómeno nuevo respecto al uso del derecho penal para judicializar a funcionarios públicos.

RZ: –Pasadas las tres décadas de oro de la economía de posguerra, hoy lo que tenemos es una forma de pardo colonialismo que se monta en nuestros países. No se da ocupando territorios, sino mediante la instalación de los equivalentes a los partidos políticos de los totalitarismos de entreguerras, que son los monopolios de comunicación. Asumen la función de un partido político. Crean y generan las candidaturas, desacreditan y se suman a la proscripción de los movimientos populares, a la estigmatización. De esa manera, llevan adelante las campañas electorales que instalan gobiernos.

–¿Cómo funciona la pata internacional del mecanismo?

RZ: –Se ve en el poder. Cuando llegan los gobiernos que privatizan todos los servicios públicos, malvenden las empresas nacionales, descapitalizan al Estado y lo endeudan y someten a la jurisdicción de los prestamistas. Ese es el objetivo final del lawfare.

–¿Intervienen las embajadas?

RZ: –Sí, pero hoy en el Hemisferio Norte este cambio de poder ha hecho que los políticos, a diferencia de los del viejo imperialismo, sean rehenes de las corporaciones trasnacionales. El poder lo tienen los gerentes. Los políticos del Hemisferio Norte son lobbistas de las corporaciones trasnacionales.

VVW: –En el caso de Brasil, se pudo probar una vinculación más específica entre la embajada norteamericana y el juez Sergio Moro. Pero cada caso en particular requiere de una investigación muy puntual para ver cuál es el entramado.

Zaffaroni: –La manipulación de la justicia no es algo que sirva sólo para el lawfare y perseguir políticamente a opositores; también es para la impunidad propia. En este momento no sé si los gritos que están pegando ciertos sectores ante cualquier tentativa de tocar el Poder Judicial no se deben más a este segundo aspecto. Han desaparecido 83 mil millones de dólares en la Argentina. No es la alcancía de un pibe, cualquiera que lo investigue sabe adónde fueron a parar.

–¿Qué pasa si la Corte Suprema, la última instancia, no revisa las causas con claros elementos de lawfare, como la de Boudou?

RZ: –Habría que articular soluciones políticas. Pensar en la amnistía, en una comisión de la verdad previa, en indultos. Esos mecanismos están previstos en las constituciones porque se sabe que por más que en la constitución todo está perfecto, en el campo del deber ser, en el terreno del ser se pueden desarticular los poderes.

VVW: –Los tres poderes podrían buscar una solución para este tipo de situaciones.

–Hay una reforma judicial que aprobó el Senado y está pendiente en Diputados. ¿Les parece que puede ayudar con esta situación?

RZ: –No. Es otro problema el que puede resolver, el de la concentración de poder en Comodoro Py, pero nada más.

CC: –Puede ayudar la separación entre el fiscal y el juez para que realmente el fiscal investigue y el juez sea de garantías. Que no sea el juez el que allane, escuche, secuestre información, el que haga todo. Para eso es la reforma. Para poder tener un sistema acusatorio en donde el fiscal investigue y el juez resuelva.

–Al plantear el lawfare de esta manera, como un tema político–cultural, ¿qué se puede hacer además de denunciarlo?

CC: –Es que es un cambio cultural. Es igual a lo que pasó con el aborto legal. Cuánto costó que salga esto. Acá salen los medios y dicen: “Este tipo es culpable”. Lo repiten hasta el infinito y después sacarse eso de encima, por más que tengas todas las pruebas, es muy difícil. Son cambios culturales y de mucha educación.

RZ: –Esto no significa que no haya que hacer una reforma de la estructura judicial del país. De alguna manera, todos nos formamos dentro de una estructura y si estas tienen defectos grandes, básicos, naturalmente que salimos fallados.

–¿Qué pasa con el rol de los servicios de inteligencia?

CC: –La primera medida que nosotros vimos fue que se les avisó a todos los jueces que se iba a trabajar y colaborar al mínimo con ellos. Después, el presidente reforzó esa medida sacando un decreto donde directamente derogaba el artículo 4 inciso A, que sostenía que la AFI tiene que auxiliar a la Justicia. Antes esto permitía la promiscuidad entre los agentes de inteligencia y el juez amigo. Se generaba esto del “habilítame a escuchar a alguien porque me parece que este tipo podría…”. Era salir de pesca y los jueces aceptaban. Eso se cortó. La AFI ya no se dedica más a nada vinculado a la criminalidad. Se ocupa de las tareas de inteligencia estratégica. Es decir: terrorismo, qué pasa con nuestros recursos naturales, la pesca ilegal en Mar Argentino, por ejemplo. No vamos más al tema criminal. Obviamente que si nos enteramos que va a entrar una banda de narcotraficantes, actuamos, pero avisándole al Ministerio de Seguridad. Son ellos los que se encargan de eso.

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–¿Cómo se controlan esas células que pudieron quedar activas?

CC:–No han quedado funcionarios del gobierno anterior en la Agencia. Todos renunciaron o se acogieron a la jubilación. Nosotros armamos la gestión en función de ocho lineamientos que nos marcó el presidente. Y los trabajamos con el área de inteligencia del Ministerio de Seguridad y el de Defensa. Para poder actuar, la AFI tiene que hacerlo en base a una directiva que tiene que estar relacionada con un lineamiento, por ejemplo, el terrorismo. Esa directiva la firma el director, en este caso yo como interventora. Nadie de la Agencia puede actuar sin una directiva y si ocurriera sería un acto ilegal. Yo misma debería denunciarlo si me entero. Es una manera de encauzar a la Agencia.

–¿Hay alguna forma de que esto se mantenga con los cambios de gobierno?

CC: –El SIN (Sistema de Inteligencia Nacional conformado por la AFI, el área de inteligencia de Seguridad y de Defensa) armó un consejo consultivo que colaboró con una nueva ley de inteligencia. Allí está todo plasmado. Si sale la nueva ley, esto debería seguir. Lo mismo pasó con los gastos reservados. Cuando nosotros llegamos a la AFI, el 99,5% de los gastos eran reservados. No había boletas de nada. Se hacía lo que se quería. Ahora redujimos al 10% los gastos reservados. Sobre el 90% restante se rinden cuentas y el otro 10 % figura en una carpeta de información confidencial. Es algo que, por ejemplo, se aplica si un agente tuvo que viajar a determinado lugar para ver si había una célula terrorista. Por otro lado, hacer ingresar a la SIGEN a la Agencia también es una manera de transparentar. Se audita cada gasto que hace la Agencia.

–¿Ese proyecto de ley ya está redactado?

CC: –Sí, se lo tenemos que llevar al presidente cuando lo pida. Él lo tiene que ver. Y a partir de ahí ver si quiere que se presente así o hacer alguna modificación para que lo eleve al Congreso.

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–Más allá de la reforma judicial, hubo ideas respecto a una corte constitucional o la cantidad de miembros de la Corte Suprema… 

RZ: –El ideal a mi juicio sería imitar los modelos que mejor funcionan en el mundo, es decir, Alemania, Austria, Italia, España. Ahí está el modelo de la Corte constitucional. Para tenerla debemos realizar una reforma constitucional. Lo que se puede hacer de momento es ver qué es posible con la Constitución vigente. Y ahí hay tres posibilidades. Una es la ampliación de la Corte Suprema con 15 o 18 ministros. Nuestra Corte es la más chica de toda América y Europa. Otra solución es algún modelo, que no sé si podría ser muy constitucional, de ampliar el número de jueces de la Corte y tener una sala constitucional dentro y que el resto se dedique a las causas por arbitrariedad. Y otra opción es el viejo proyecto de hacer un tribunal de arbitrariedad por debajo de la Corte, que tiene inconvenientes. El más grave es que la Corte va a seguir siendo “suprema” y en cualquier momento va a poder decidir revisar la sentencia y entonces la arruinamos porque tendríamos cuatro instancias en lugar de tres. 

–El otro resorte institucional que genera polémica es el Consejo de la Magistratura…

RZ: –Se puede hacer una nueva ley del Consejo porque nació en 1994 mal alumbrado. Si leés la Constitución, crea un órgano y no dice cómo se integra. Dice que se conforma con representantes equilibradamente. Y ese “equilibradamente” dio lugar a tres leyes. Se fueron juntando capas geológicas de funcionarios. Está mal estructurado desde la reforma. No es un mal organismo como tal. Una de las justicias que más me impresiona ver cómo funciona y el resultado que ha dado es la italiana. Peleó contra un terrorismo y lo desarmó sin necesidad de violar los Derechos Humanos de nadie. Peleó contra la mafia. La justicia italiana sale de un consejo de la magistratura que se puso los pantalones largos. Y hubo una magistratura fascista que se fue renovando. Son resultados que hay que mirarlos.

VVW: –Ahora que Raúl trae lo del fascismo. La transición del Poder Judicial es una deuda pendiente que tenemos desde los Derechos Humanos en la Argentina.

–¿Qué casos de lawfare siguen en la actualidad?

RZ: –No opino de otros países de la región porque tengo incompatibilidad. Respecto de la Argentina, son unos cuantos, unos 30. Tal vez tendremos que hacer una comisión de la verdad que analice y sobre esa base buscar la solución política. Los dos casos más escandalosos son los de Amado Boudou y Milagros Sala, junto a sus compañeros y compañeras. Pero hay otros, por supuesto.

CC: –El de Lula en Brasil.

VVW: –Quizás podría formarse un tribunal de la verdad regional. Podría dar mucho más impulso y con soluciones regionales, incluyendo la democratización de los medios.