El juez federal Martín Irurzun volvió al centro de la escena esta semana. Fue cuando salió a la luz pública parte de lo que el magistrado Juan Ramos Padilla, padre de Alejo, el juez que tiene a su cargo la causa D’Alessio, le dijo al presentarse a declarar en la llamada “Causa Puf”. Ramos Padilla padre cuestionó duramente a su colega. Lo acusó de tener como único objetivo “desprestigiar a los dirigentes que fueron opositores” al gobierno del expresidente Mauricio Macri.

¿Quién es y cuál fue el recorrido del magistrado que creó la doctrina utilizada para encarcelar con prisión preventiva a gran parte de los funcionarios que participaron de la gestión de la exmandataria Cristina Fernández?  

Por sus manos pasa, por lo menos, el 50% de las causas que se investigan en Comodoro Py. Es, además, el presidente de la Cámara, un lugar clave y de poder. Sin embargo, era hasta hace algunos años un magistrado que se mantenía lejos del conocimiento público y mediático. Todo cambió con la llegada de la llamada “doctrina Irurzun”.

El juez Martín Irurzun es lo que se denomina un “nacido y criado”, un miembro de la familia judicial. Su padre, Víctor José Irurzun, fue juez de instrucción mientras que uno de sus hermanos es abogado y defendió, entre otras personas, a Moria Casán. Él llegó a la Justicia federal durante la presidencia de Raúl Alfonsín y se convirtió en camarista (con acuerdo del Senado) en julio de 1994.

Durante el menemismo, junto con Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, integró la “sala independiente”, denominada así porque no era permeable a los deseos del poder. Ellos tres fueron quienes impulsaron la causa por la venta de armas a Croacia y a Ecuador (el único expediente por el que Menem estuvo preso).

Fue crítico de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y se convirtió en uno de los jueces que firmó la inconstitucionalidad de esas normas. “El Estado tiene el deber de garantizar los Derechos Humanos a través de la investigación, enjuiciamiento y castigo a los autores de sus violaciones”, dice el histórico fallo de noviembre de 2001. Antes había marcado que las desapariciones forzadas eran delitos que no prescribían.

Desde el principio cuestionó (ética y jurídicamente) a Claudio Bonadio y a Norberto Oyarbide. Creía que ambos desprestigiaban a la Justicia federal. En mayo de 2002 evidenció su enfrentamiento con Bonadio y junto a sus compañeros de sala lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por irregularidades en una causa donde se investigaba si el titular de la Side le había pedido a varios jueces federales la detención de Domigo Cavallo y de los banqueros Carlos Rohm y Eduardo Escasany. Un año después, los tres impulsaron una investigación penal: consideraron que se debía investigar si Bonadio había privado ilegítimamente de la libertad a los exmontoneros Mario Firmenich, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja. Para ese momento, el cuestionado magistrado acumulaba unas cinco investigaciones en el Consejo. Quizás lo que más dijo durante muchos años Irurzun sobre las decisiones judiciales que tomaba Bonadio fue que eran “arbitrarias e infundadas”.

Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner su perfil de juez duro se consolidó. Muy cercano a Ricardo Lorenzetti, aumentó su influencia dentro de Comodoro Py. Las causas K se multiplicaban en Retiro e Irurzun fue uno de los que las mantenían abiertas, aunque siempre con algún comentario sobre cómo se estaban llevando adelante.

Nunca fue un magistrado al que le faltaran argumentos para sostener sus decisiones, aunque en los últimos cuatro años muchos abogados y habitantes de Comodoro Py se los cuestionaran cada vez más. Varios sostienen que, cuando Cattani se pidió una licencia médica en 2016, Irurzun perdió una parte esencial de sus argumentos técnicos. Lo que siempre conservó, como buen integrante de Comodoro Py, es el timing político/judicial. Y si Bonadio, al comienzo del kirchnerismo “jugó” para ese lado, a medida que se fue alejando, Irurzun comenzó un recorrido jurídico de cercanía con el juez al que tanto criticó.

Octubre de 2017. Julio De Vido es investigado por obras inconclusas en el yacimiento de Río Turbio. El juez Luis Rodríguez se negó a detenerlo. El fiscal Carlos Stornelli recurre a la Cámara. En su voto, Irurzun despliega el razonamiento que daría paso a una cantidad exorbitante de detenciones preventivas y afirma que un diputado (o un exfuncionario) podían tener “relaciones residuales” y que eso podía interferir en las investigaciones.

“Su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación”, escribió y firmó Irurzun, el 17 de octubre. De Vido quedó detenido unos días después cuando la Cámara de Diputados votó su desafuero.

Con ese argumento vinieron las detenciones de Amado Boudou, de Carlos Zannini, de Héctor Timerman. Irurzun convalidó, además, el pedido de desafuero que solicitó Bonadio para detener a Cristina Fernández en la causa por el Memorándum con Irán. Ahora, con la mayoría de esas preventivas desactivadas y con las críticas de Alberto Fernández y de Cristina a su labor, las acciones de Irurzun parecen en baja. «


La Corte volvió a cuestionar el abuso de la prisión preventiva

“Toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le reprochan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme”, dijo el jueves la Corte Suprema cuando absolvió a Cristina Liliana Vázquez y a Lucía Cecilia Rojas por un homicidio que ahora quedó confirmado que nunca cometieron. Si bien lo que plantea la Corte parece una obviedad, manda un mensaje a la Justicia Federal (en especial a Comodoro Py) de que no olviden que las prisiones preventivas son una excepción, una medida de emergencia. 

El fallo termina de rematar a la mal llamada “doctrina Irurzun”, aunque algunos juristas y abogados consideren que el mensaje “llegó tarde”. 

El otro dato a destacar es que Irurzun fue elegido por unanimidad como presidente de la Cámara Federal para 2020 hace apenas dos semanas, un lugar estratégico que estaba más que interesado en conservar.